Después de casi dos años de tensiones políticas, discusiones técnicas y aplazamientos, la reforma laboral del gobierno de Gustavo Petro por fin fue conciliada y aprobada por el Congreso, este viernes 20 de junio.
La plenaria del Senado y la Cámara de Representantes dieron su aval a un texto que mantiene más del 85% del espíritu original y que introduce ajustes profundos a la forma como se contrata en Colombia.
El trámite fue liderado por María Fernanda Carrascal (Pacto Histórico) y Juan Camilo Londoño (Alianza Verde) en la Cámara, mientras que en el Senado estuvieron Abraham Jiménez (Cambio Radical) y Samy Merheg (Partido Conservador).
De los 81 artículos presentados originalmente, el texto conciliado quedó con 70, y al menos 66 mantienen la esencia del articulado inicial.
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Entre los puntos más relevantes está la modificación del contrato a término fijo, que ya no podrá renovarse indefinidamente. La nueva norma, incluida en el artículo 6 de la reforma, limita la duración total de este tipo de contrato a cuatro años, lo cual representa un cambio de fondo frente a la legislación actual, que no tenía un tope específico.
Contratos a término fijo: se acabó la renovación indefinida
Uno de los cambios estructurales más significativos tiene que ver con el contrato a término fijo. Hasta hoy, los empleadores podían renovar estos contratos año tras año sin restricciones. Con la reforma, esto cambia: el tiempo máximo de contratación en esta modalidad será de cuatro años.
La medida busca frenar la precarización laboral y favorecer la estabilidad en el empleo, pero algunos expertos advierten que también podría generar efectos secundarios.
“Lo ideal sería mantener esta norma como regla general, pero permitir excepciones en sectores específicos como el fútbol profesional”, comentaron del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana.
Desde el sector privado también hay alertas. Para Angélica María Carrión, socia y directora de la firma López & Asociados, en La República “el límite de cuatro años podría dificultar la contratación formal. Las empresas tendrán que analizar con más rigor si están en capacidad de asumir contratos indefinidos”.
El texto conserva la regla sobre prórrogas: si el contrato es menor a un año, puede renovarse hasta tres veces por igual tiempo. Pero a partir de la cuarta renovación, deberá hacerse por al menos un año, sin que el total supere los cuatro años.
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Contratos indefinidos: adiós a las sanciones por no avisar
Otro cambio aprobado está en el artículo 5, que se enfoca en los contratos a término indefinido. Allí se elimina la posibilidad de imponer sanciones al trabajador que no haga un preaviso cuando desea terminar su contrato.
Es decir, no se podrá castigar a un empleado por renunciar sin avisar con anticipación. Esta medida busca proteger el derecho a la movilidad laboral y a decidir sobre la permanencia en un empleo sin temor a represalias económicas.
El artículo 7 también trae novedades importantes: modifica el artículo 115 del Código Sustantivo del Trabajo para establecer un procedimiento detallado a la hora de aplicar sanciones disciplinarias dentro de las empresas.
Según Carrión, esta disposición “puede crear plazos muy cortos para iniciar procesos disciplinarios y podría abrir la puerta a que terceros intervengan en procesos internos de las compañías”, además de obligar a modificar reglamentos de trabajo.
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Una reforma que reescribe las reglas después de 20 años
Esta es la primera gran reforma laboral aprobada desde 2002, cuando el gobierno de Álvaro Uribe impulsó cambios que recortaron recargos nocturnos y festivos.
El proyecto de Petro —que costó 27 meses de trámite— revierte parte de esas medidas y plantea un nuevo enfoque centrado en la formalización, la estabilidad y los derechos individuales.
Con los textos conciliados en Cámara y Senado, ahora solo falta la firma del presidente Gustavo Petro para que la reforma se convierta en ley de la República.
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Una vez sancionada, empezará a contar un nuevo reloj para el mercado laboral colombiano, con nuevas reglas que marcarán los próximos años y que, según sus defensores, podrán reducir la informalidad y fortalecer los derechos de los trabajadores. Sus críticos, en cambio, temen que aumente la carga sobre las empresas y afecte la contratación formal.
