¿Quién pagará el bono pensional para adultos mayores? Así es la propuesta para salvarlo sin quebrar el presupuesto
La reforma pensional promete un subsidio a millones de adultos mayores sin pensión, pero ¿de dónde saldrá la plata para cumplir esa promesa? Expertos proponen soluciones para recaudar más.
La reforma pensional aún espera su última revisión en la Corte Constitucional. Solo cuando la Corte dé luz verde definitiva, el Gobierno podrá empezar a ejecutar la nueva estructura del sistema, incluyendo el Pilar Solidario. FOTO: El Colombiano.
El Gobierno Nacional quiere darle un ingreso digno a quienes trabajaron toda su vida, a esos adultos mayores que no lograron pensionarse. Ese es el corazón del Pilar Solidario, una de las banderas de la reforma pensional que, tras meses de debate en el Congreso, espera el último visto bueno de la Corte Constitucional.
Pero hay un problema grande: como diría cualquier colombiano de a pie, “no hay con qué”. El bono mensual de $230.000 que se prometió a millones de adultos mayores pobres está en el limbo porque el Presupuesto General de la Nación (PGN) no tiene espacio para financiarlo del todo.
Colpensiones y Prosperidad Social se pasan la pelota, el Ministerio de Hacienda calcula transferencias a medias, y mientras tanto, más de 3 millones de personas esperan que la promesa no se quede en palabras.
Hoy el Pilar Solidario tiene un costo estimado de $8 billones al año. ¿Quién pone esa plata? Actualmente, existen dos fuentes: el Fondo de Solidaridad Pensional (FSP), que recauda alrededor de $1 billón con los aportes de trabajadores y pensionados, y el resto sale del PGN, es decir, de los impuestos de todos los colombianos.
Además, según Asofondos, esa subcuenta del Fondo de Solidaridad Pensional dependerá de los aportes de afiliados por encima de los 10 salarios mínimos.
Con la reforma pensional, el plan es aumentar la cobertura del Pilar Solidario a casi 3 millones de adultos mayores. Cada uno recibiría $230.000 mensuales, lo que equivale a la línea de pobreza extrema. El problema es que el FSP no alcanza y el PGN ya está ahorcado con otros gastos prioritarios como el pago de la deuda y los programas sociales.
Además, según Minhacienda y la Superfinanciera, el costo fiscal de las pensiones en Colombia ascendió a $64,7 billones en 2024, por aportes del presupuesto nacional. La mayor carga corresponde a regímenes especiales como Cremil, Casur, Fomag y Fopep ($40,1 billones). Colpensiones aportó un déficit de $20,5 billones y los bonos pensionales del régimen privado sumaron $4,1 billones, evidenciando el desequilibrio entre cotizantes y pensionados.
La polémica surgió porque hace un par de días, el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, advirtió que no había recursos para pagar el bono mensual prometido a los adultos mayores sin pensión, es decir, a esas mujeres desde los 60 años y hombres desde los 65 que, por distintas razones, no alcanzaron a cotizar lo suficiente.
Aunque este subsidio recoge el espíritu del viejo programa Colombia Mayor —que entregaba $80.000 mensuales—, ahora la meta es más ambiciosa: aumentar el monto y llegar a más de 2,3 millones de personas vulnerables. El problema es que, a pocos meses de su implementación, el Gobierno reconoce que el dinero no está disponible.
Según Dussán, el subsidio no se puede ejecutar aún porque el Congreso no incluyó los recursos en el Presupuesto General de este año. Por eso, el presidente Gustavo Petro ordenó que los fondos sobrantes de 2024, guardados en los ministerios de Hacienda, Trabajo y Colpensiones, sean redirigidos a Prosperidad Social para arrancar con los pagos en 2025.
El objetivo, dice el Gobierno, es comenzar a pagar el bono desde noviembre. Pero para eso, primero hay que asegurar que el presupuesto de 2025 tenga los recursos suficientes. Hasta ahora, el proyecto presupuestal no incluye una partida clara para el Pilar Solidario. La mayor parte del gasto social —unos $4,5 billones de los $5,7 billones asignados— está comprometida con Renta Ciudadana, otro programa clave del Gobierno.
Por eso, Carolina Hoyos, quien fue directora encargada de Prosperidad Social, explicó que el bono del Pilar Solidario costaría unos $2,2 billones solo en el segundo semestre de 2025. Una parte de ese dinero ya estaría asegurada dentro del presupuesto social, y el resto se cubriría con traslados desde Hacienda y el Ministerio de Trabajo, por cerca de $1,4 billones.
Carolina Hoyos, quien fue directora encargada de Prosperidad Social.
Pero para 2026, el panorama sigue siendo incierto, el Ministerio de Hacienda prometió incluir recursos adicionales en el presupuesto, pero el costo total del Pilar Solidario seguirá siendo alto y depende de la disponibilidad fiscal.
Entonces, ¿es cierto que no está asegurado el dinero? A lo que Hoyos respondió: “Hubo una confusión porque el Pilar Solidario de la reforma pensional está a cargo de Prosperidad Social, es decir, los recursos no tendrían por qué tenerlos Colpensiones, y para eso el presidente ya ordenó para 2025 destinar los recursos necesarios para llegar a diciembre con los 3 millones de adultos mayores vinculados a Colombia Mayor y al Pilar Solidario”.
Cabe recordar que, durante su campaña, el presidente Petro había prometido un bono aún mayor, de $500.000 mensuales. “Con eso me voy tranquilo de esta Presidencia”. Sin embargo, la magnitud del gasto y la estrechez del presupuesto tienen al Gobierno buscando de dónde sacar los recursos sin romper la regla fiscal.
La propuesta: pensionados con más ingresos aporten más
Frente a este panorama, dos expertos proponen una solución concreta: que sean los pensionados que ganan más quienes ayuden a financiar este subsidio. Así lo plantean Kevin Hartmann, doctor en Derecho e investigador de la Universidad de Lovaina; y Oliver Pardo, doctor en Economía y profesor de la Universidad Javeriana.
Su propuesta es simple en teoría: aumentar los aportes al Fondo de Solidaridad Pensional de manera progresiva, es decir, que quienes reciben mesadas más altas, contribuyan más.
Hoy los pensionados con ingresos altos aportan entre 1% y 2% de su mesada al FSP. La idea es elevar esos aportes, así: pensionados que ganan entre 1,1 y 4 salarios mínimos aportarían el 5% del excedente sobre 1 salario mínimo; y pensionados con más de 4 salarios mínimos aportarían otro 5% adicional sobre el excedente.
En plata blanca sería de la siguiente manera: un pensionado con 2 salarios mínimos aportaría el 2,5% de su pensión, uno con 4 salarios mínimos, el 3,75%; uno con 10 salarios mínimos, el 7,5%; y uno con 25 salarios mínimos o más, superaría el 9%.
Según cálculos de Hartmann y Pardo, este esquema podría triplicar el recaudo del Fondo de Solidaridad Pensional: pasar de $1 billón actual a cerca de $3 billones anuales. Esto reduciría la carga sobre el Presupuesto General, dándole mayor sostenibilidad al Pilar Solidario y estabilidad fiscal al país.
A su vez, para los expertos, el beneficio no es solo financiero, sino también social. Así se refuerza la solidaridad dentro de la misma generación. En otras palabras, los pensionados con mejores ingresos ayudarían a cubrir las necesidades básicas de quienes no lograron pensionarse. Por consiguiente, no solo los trabajadores activos deberían aportar a los adultos mayores pobres, sino también otros pensionados.
“El objetivo es que la responsabilidad de garantizar un ingreso básico a los adultos mayores más pobres no descanse únicamente en el PGN, sino que se financie de forma más estable, previsible y justa a través del Fondo de Solidaridad”, concluyeron los dos expertos.
Kevin Hartmann, doctor en Derecho e investigador de la Universidad de Lovaina; y Oliver Pardo, doctor en Economía y profesor de la Universidad Javeriana.
Problema estructural de cobertura pensional
Las cifras no mienten: en Colombia hay más de 7,6 millones de personas mayores de 60 años, pero solo 2,3 millones reciben una pensión, de acuerdo con datos de Colpensiones y Asofondos. Eso significa que dos de cada tres adultos mayores viven sin pensión. La gran mayoría depende de subsidios como el programa Colombia Mayor, que actualmente entrega $80.000 mensuales, una cifra insuficiente para cubrir siquiera la canasta básica.
La reforma pensional busca corregir esa injusticia ampliando la cobertura del Pilar Solidario y aumentando el monto del subsidio a $230.000 mensuales. Pero esa expansión cuesta, y el Gobierno todavía no ha garantizado cómo financiarla de forma sostenible.
La propuesta de Hartmann y Pardo es una de varias que están sobre la mesa. Otros economistas, como Luis Fernando Gamboa, sugieren alternativas adicionales.
Una de ellas es destinar parte del recaudo del IVA al Pilar Solidario. Es decir, que unos puntos del IVA cuenten como aportes del consumidor actual a su pensión futura. Así, se lograría financiar el bono pensional de hoy mediante el consumo, pero dejando un incentivo para el ahorro individual.
Otra propuesta que algunos analistas ponen sobre la mesa es ampliar la base tributaria, incluyendo mayores impuestos a los dividendos y utilidades del capital. En otras palabras, que quienes viven de sus rentas y no de su trabajo también contribuyan más a financiar la protección social de los adultos mayores más pobres.
En el fondo, todas estas ideas giran en torno a un principio común: que el sistema pensional sea menos regresivo, es decir, que deje de subsidiar más a quienes ya tienen ingresos altos y concentre los esfuerzos en quienes realmente lo necesitan.
Más allá de las buenas intenciones, el país enfrenta un serio cuello de botella fiscal. Hoy el presupuesto está lleno de compromisos ineludibles como el pago de la deuda pública, el gasto social ya aprobado y otros programas de subsidios, como Renta Ciudadana, que también demanda billones de pesos.
En ese orden, el Pilar Solidario sería otro gasto inflexible, de aproximadamente $8 billones anuales, lo que representa entre 0,3% y 0,4% del PIB, según cálculos del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf).
Por eso, los expertos insisten en que no se puede seguir recargando el Presupuesto General. Si no se crea una fuente estable y autónoma de financiación (como un aumento en el Fondo de Solidaridad), el Pilar Solidario se volverá insostenible en el tiempo y dependerá de las prioridades políticas del gobierno de turno.
Entonces, ¿es necesaria una ley para garantizar el Pilar Solidario? Hartmann aclara: “Garantizar un ingreso mínimo para los adultos mayores más pobres requiere una ley que obligue al Estado a sostener ese gasto. De no hacerse así, ese subsidio queda a merced del humor fiscal o del talante político de cada gobierno. La experiencia indica que, en ese escenario, ese gasto suele ser fácilmente sacrificable”.
En julio del 2024, el presidente Petro sancionó la reforma pensional.
La Corte Constitucional, a través del Auto 841 de 2025, ordenó suspender temporalmente la entrada en vigencia de la Ley 2381 de 2024, que crea el nuevo Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen común. Esto significa que la tan debatida reforma pensional no podrá aplicarse por ahora.
Por eso, la directora encargada de Prosperidad Social dijo: “Necesitamos que la reforma pensional entre en vigencia para poder tener esa disponibilidad presupuestal, porque sin que la ley entre en vigencia, los recursos no podrán ser trasladados, aun cuando ya los tienen listos”.
Además, Petro confirmó que el Departamento de Prosperidad Social (DPS) será el encargado de administrar el nuevo Pilar Solidario de la reforma pensional. Esta entidad no solo manejará el pago de la renta básica para adultos mayores sin pensión, sino que también definirá cómo y cuándo se entregarán los recursos. Además, liderará el cambio del viejo programa Colombia Mayor al nuevo esquema solidario.
La meta del Gobierno es ambiciosa: reducir la pobreza monetaria extrema en 2,5 puntos porcentuales en 2025 y en 6,4 puntos en 2026.
Actualmente, unas 1,2 millones de personas cumplen con los requisitos para recibir este nuevo bono solidario. Para quienes aún no están en el programa, pero viven en pobreza moderada o vulnerabilidad, el Gobierno dice tener listos $1,4 billones, suficientes para cubrir el costo del segundo semestre de 2025.
Si la Corte Constitucional avala pronto la reforma, el objetivo es llegar a finales de este año con el 90% de los 3,1 millones de beneficiarios vinculados al nuevo esquema. Para lograrlo, el DPS cuenta con $1,4 billones adicionales.
Pero el verdadero desafío llegará en 2026: el Gobierno necesitará asegurar $8,5 billones en el presupuesto para cubrir a los 3,1 millones de adultos mayores que recibirían este subsidio cada mes. Una cifra que aún está en veremos dentro de las cuentas fiscales del país.
El costo fiscal que mantiene la presión sobre la reforma pensional
Mientras tanto, el debate pensional sigue generando ruido por su impacto en las finanzas públicas. Solo en 2024, el costo fiscal de las pensiones en Colombia asciende a $64,7 billones, una cifra monumental que refleja tres grandes componentes, según cuentas del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla:
1. Pagos del Presupuesto Nacional a regímenes especiales: Aquí se incluyen entidades como Cremil y Casur, que reciben $15,1 billones; Fomag, con $10,6 billones; y Fopep, con $14,4 billones. En conjunto, suman $40,1 billones anuales, cubiertos completamente por el Estado.
2. Déficit operativo en Colpensiones: Aunque esta entidad recauda aportes de los trabajadores, hay un hueco de $20,5 billones que debe ser cubierto por el Gobierno para pagar las mesadas.
3. Bonos pensionales del régimen privado: Los afiliados al Régimen de Ahorro Individual (RAIS) también generan un costo fiscal indirecto por la liquidación de bonos pensionales, que en 2024 suman $4,1 billones.
El sistema pensional desequilibrio estructural: Colpensiones tiene más pensionados que cotizantes, mientras los fondos privados concentran la mayor parte de los afiliados activos. Así, el régimen público asume cada vez más obligaciones sin el respaldo suficiente de aportes frescos.
¿Cómo funciona la renta básica?
1. La Ley 2381 de 2024 establece una renta básica solidaria como mínimo equivalente a la línea de pobreza.
2. El número de personas beneficiarias depende de que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley.
3. Está dirigida a mujeres desde los 60 años y hombres desde los 65, colombianos, sin pensión, que hagan parte del Sisbén (grupos A, B y C1) y hayan residido en el país los últimos 10 años.
4. El número de personas dependerá de la asignación presupuestal que haga el Congreso y el Gobierno, de forma anual, con cada Presupuesto General de la Nación.
5. El monto de la renta básica es aprobado por el Congreso de la República en la Ley Anual de Presupuesto que presenta el Gobierno cada año.
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