Cuando Gustavo Petro asumió la Presidencia, en agosto de 2022, empresarios, inversionistas y gremios económicos se preparaban para un escenario inédito. Por primera vez en la historia reciente del país, un gobierno de izquierda llegaba al poder con la promesa de transformar el modelo económico, impulsar reformas estructurales y acelerar la transición energética.
Cuatro años después, el balance de la relación entre el Ejecutivo y el sector privado deja como conclusión una tensión constante.
Las diferencias no surgieron únicamente por las reformas promovidas por el Gobierno. También estuvieron alimentadas por el tono de la confrontación política, las discusiones regulatorias, las intervenciones estatales en algunos sectores y la percepción empresarial de que las reglas de juego podían cambiar de forma permanente.
El informe Terreno inestable: la relación entre los gremios y el Gobierno Petro, elaborado por Colombia Risk Analysis, concluye que durante este cuatrienio se produjo una transformación profunda en la forma como el Ejecutivo se relacionó con el empresariado. Los gremios, tradicionalmente considerados interlocutores privilegiados de los gobiernos, pasaron a desempeñar un papel más cercano al de actores políticos dentro del debate público.
La consecuencia fue una relación marcada por los desencuentros con organizaciones como la Andi, Fenalco, Asobancaria, Acopi, el Consejo Gremial Nacional y diversos gremios económicos que cuestionaron algunas de las principales apuestas del Ejecutivo.
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El primer gran choque: la reforma tributaria
La primera gran diferencia entre el Gobierno y el sector privado apareció apenas unos meses después de la posesión presidencial.
La reforma tributaria aprobada en 2022 fue presentada por el Ejecutivo como una herramienta para financiar programas sociales, que buscó recaudar cerca de $20 billones anuales para reducir la desigualdad y fortalecer las finanzas públicas. Sin embargo, desde el empresariado fue vista como el inicio de una etapa de mayores cargas fiscales.La reforma modificó aspectos relacionados con la tributación empresarial, dividendos, sobretasas sectoriales y otras obligaciones tributarias que, según los gremios, incrementaron significativamente los costos de operación.
Luis Acevedo Prada, CEO del Centro Jurídico Internacional, considera que el principal efecto de la reforma fue que “elevó la carga fiscal de distintos sectores y modificó reglas relevantes sobre tributación empresarial, dividendos, sobretasas y cargas específicas”.Para el abogado, aunque las reformas tributarias son legítimas dentro de cualquier democracia, el problema fue que las empresas comenzaron a operar bajo la expectativa permanente de nuevos ajustes fiscales.
“Esa dinámica generó una percepción extendida de inestabilidad regulatoria”, asegura.
La preocupación empresarial no se limitó a los nuevos impuestos. También estuvo relacionada con el impuesto al patrimonio, los cambios en las retenciones y las discusiones sobre nuevas fuentes de recaudo que se plantearon a lo largo del cuatrienio.
Para varios gremios, el debate dejó de ser exclusivamente tributario y empezó a afectar decisiones de inversión, expansión y contratación.
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La reforma laboral y el temor por los costos de contratación
Si hubo una iniciativa capaz de unir a buena parte del empresariado en una misma preocupación fue la reforma laboral.
Durante meses, gremios y empresas advirtieron que los cambios propuestos tendrían un impacto significativo sobre los costos laborales, especialmente en sectores intensivos en mano de obra como comercio, servicios, hotelería, restaurantes e industria.
La reforma finalmente aprobada como Ley 2466 de 2025 modificó aspectos relacionados con la jornada nocturna, los recargos dominicales y festivos, los contratos de aprendizaje y distintas modalidades de contratación.
Sin embargo, según Acevedo, el impacto comenzó mucho antes de la entrada en vigencia de la norma. “Las empresas anticiparon mayores costos laborales incluso antes de la aprobación de la reforma”, señala.
Las cifras citadas por Fenalco reflejaron la preocupación del sector empresarial en su momento. Según el gremio, el 52% de los empresarios aseguraron que no aumentarían su planta de personal ante la nueva legislación, mientras que el 35% manifestó que podría reducirla. Además, el 67% calificó el impacto de la reforma como alto o muy alto.
La discusión también coincidió con un contexto económico complejo. Después de crecer 7,3% en 2022, la economía colombiana se desaceleró hasta 0,6% en 2023. Aunque posteriormente registró una recuperación gradual de 1,7% en 2024 y 2,6% en 2025, el crecimiento siguió siendo insuficiente para disipar los temores sobre empleo y competitividad.
Pulso por transición energética
Ningún sector protagonizó tantas tensiones con el Gobierno como el minero-energético. La decisión de no impulsar nuevos contratos de exploración petrolera se convirtió en uno de los principales puntos de fricción entre la administración Petro y los gremios empresariales.
Mientras el Ejecutivo defendía la necesidad de acelerar la transición energética y reducir la dependencia de los combustibles fósiles, empresarios e inversionistas advertían sobre los riesgos para la autosuficiencia energética, la inversión y las finanzas públicas.
Esto golpeó con fuerza a Ecopetrol, puesto que la utilidad neta de de la petrolera de mayoría estatal para 2025 ascendió a $9 billones, una reducción del 39,5% frente al año anterior, configurando así el nivel de ganancias más bajo desde 2020, año en el que la cifra fue de $1,68 billones. Los datos muestran que el debate coincidió con una reducción importante en los flujos de inversión extranjera directa (IED).
De acuerdo con el informe Reconfiguración Macroeconómica de los Flujos de Capital en Colombia (2022-2026), la inversión extranjera directa alcanzó un récord de US$17.182 millones en 2022.Sin embargo, la cifra descendió a US$13.684 millones en 2024 y cayó hasta US$11.469 millones en 2025. En otras palabras, la inversión extranjera registró una contracción acumulada de 33,2% frente a los niveles observados al inicio del gobierno.
El sector petrolero fue uno de los más golpeados. La IED dirigida a esta actividad pasó de US$3.058 millones en 2023 a US$2.498 millones en 2024, una caída de 18,3%.
La manufactura enfrentó un panorama todavía más complejo: la inversión pasó de US$2.967 millones a US$1.697 millones, equivalente a una contracción de 42,8%.
Para los empresarios, el problema no fue únicamente la transición energética, sino la incertidumbre sobre la velocidad, los mecanismos y las reglas que regirían ese proceso.
Salud: cuando la discusión dejó de ser sectorial
La reforma a la salud se convirtió en otro de los grandes focos de tensión. La discusión trascendió rápidamente el ámbito sanitario y terminó convirtiéndose en un debate más amplio sobre la participación del sector privado en la prestación de servicios públicos.
Las intervenciones a EPS como Sanitas y Nueva EPS fueron observadas con preocupación por diversos sectores empresariales.
Acevedo sostiene que estas decisiones enviaron señales que fueron interpretadas por parte del empresariado como una mayor disposición del Estado a intervenir actividades donde tradicionalmente participaban actores privados.
“La intervención de EPS como Sanitas y Nueva EPS fue percibida como una señal de mayor intervención estatal”, anota.
A su juicio, uno de los problemas es que, pese a las intervenciones realizadas, aún persisten dudas sobre la capacidad de estas medidas para solucionar la crisis estructural del sistema.
Las discusiones sobre salud terminaron alimentando una preocupación más amplia relacionada con la seguridad jurídica y la estabilidad institucional.
Banca también entró en disputa
Uno de los mayores puntos de fricción surgió alrededor del denominado Pacto por el Crédito, un acuerdo promovido por el Gobierno para aumentar los desembolsos hacia sectores estratégicos como vivienda, agroindustria, manufactura, turismo y economía popular.
El programa acumuló desembolsos por $241,6 billones frente a una meta establecida de $254,7 billones. Con el paso de los meses, el Ejecutivo cuestionó los resultados obtenidos y acusó a las entidades financieras de no cumplir plenamente los compromisos adquiridos.
La banca respondió argumentando que el principal obstáculo no era la oferta de crédito, sino la menor demanda provocada por las altas tasas de interés y la desaceleración económica.
Luis Fernando Ramírez, docente e investigador económico, considera que el sector financiero estuvo entre los más afectados por las decisiones adoptadas durante estos años. “Por medidas no solamente regulatorias sino también impositivas, sí vieron bastante menguada su rentabilidad y su sostenibilidad hacia el futuro”, señala.
Uno de los fenómenos más reveladores del cuatrienio fue el comportamiento de las empresas colombianas frente a la incertidumbre.
Mientras la inversión extranjera directa mostraba señales de desaceleración, las compañías nacionales incrementaron sus inversiones en otros países.
El informe sobre flujos de capital muestra que la inversión directa de Colombia en el exterior alcanzó US$4.512 millones en 2024 y US$4.159 millones en 2025. Los principales destinos de esos recursos fueron servicios financieros, actividades empresariales, manufactura y servicios públicos.
Según el documento, este comportamiento constituye una estrategia corporativa de diversificación geográfica y cobertura frente al riesgo país. En otras palabras, parte del empresariado decidió buscar oportunidades fuera de Colombia mientras evaluaba con cautela el entorno regulatorio interno.
La confianza empresarial se debilitó
Quizás el indicador que mejor resume la relación entre el Gobierno y el sector privado durante estos cuatro años es la confianza. Los datos muestran que la inversión productiva permaneció rezagada durante buena parte del cuatrienio.
La Formación Bruta de Capital Fijo, que mide la expansión de activos productivos como maquinaria, infraestructura y edificaciones, cayó 8,9% en 2023 y volvió a contraerse 2,9% en 2024.Aunque en 2025 registró un crecimiento de 1,3%, el resultado siguió siendo insuficiente para recuperar plenamente el terreno perdido.
El informe concluye que muchas empresas optaron por una estrategia defensiva, priorizando liquidez y acumulación de inventarios sobre nuevas inversiones productivas. A esto se sumó el deterioro de algunos indicadores de confianza empresarial.
El Índice de Confianza Industrial de Fedesarrollo se ubicó en terreno negativo en varios momentos del período, reflejando preocupaciones relacionadas con pedidos, producción y expectativas futuras.
Acevedo recuerda además que el Índice de Incertidumbre de Política Económica alcanzó en 2025 un promedio de 258 puntos, más del doble del promedio histórico registrado entre 2000 y 2019.
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El reto que hereda el próximo gobierno
A diferencia de otros periodos presidenciales, el legado económico de Gustavo Petro frente al sector privado no estará definido únicamente por indicadores de crecimiento, empleo o recaudo tributario.
La principal discusión gira alrededor de la confianza. Aunque Colombia evitó una recesión, mantuvo crecimiento positivo y conservó la estabilidad de sus principales instituciones, la relación entre el Ejecutivo y buena parte del empresariado terminó marcada por la desconfianza mutua.
“La principal lección del gobierno Petro es que la intención gubernamental y el discurso político no reemplazan la técnica jurídica, la concertación y la estabilidad institucional”, concluye Acevedo.
Ramírez coincide en que el desafío para la próxima administración será reconstruir los puentes con el sector productivo. “El principal reto será recuperar nuevamente la confianza, no solamente en las instituciones, sino sobre todo en las reglas de mercado”, afirma.
Ese será, quizás, el debate económico que continuará mucho después de terminado el gobierno Petro: si las transformaciones impulsadas durante estos años lograron sentar las bases de un nuevo modelo productivo o si, por el contrario, dejaron una factura en materia de inversión y confianza que el país tardará años en recuperar.
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El contraste entre empleo e inversión
Aunque el gobierno Petro cerrará con una de las tasas de desempleo más bajas de las últimas dos décadas, el comportamiento de la economía deja señales mixtas. En abril de 2026, el desempleo bajó a 8,8 %, pero con altos niveles de informalidad puesto que esta se ubica en 54,2%.
Sin embargo, expertos advierten que una parte importante de los nuevos empleos sigue concentrándose en actividades de baja productividad y con menores niveles de protección social. Además, el sector público aumentó su participación en la generación de puestos de trabajo durante el cuatrienio.
En contraste, la inversión fue el componente más débil de la economía. La formación bruta de capital se desplomó en 2023 y llegó a restar 3,3 puntos porcentuales al crecimiento del PIB, mientras que la inversión productiva permaneció estancada buena parte del gobierno. El impacto también se sintió en la vivienda.
En los últimos tres años y medio, más de 134.000 hogares desistieron de comprar vivienda nueva, principalmente VIS. Solo en 2025 hubo más de 32.000 cancelaciones, afectadas por las altas tasas de interés y el aumento en los costos de financiación.
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