La suspensión provisional del decreto de emergencia económica declarada por el Gobierno de Gustavo Petro generó un amplio respaldo desde el sector empresarial, que coincidió en que la medida adoptada por la Corte Constitucional protege la institucionalidad, la estabilidad económica y el Estado de Derecho.
Puesto que gremios y líderes empresariales señalaron que la decisión del alto tribunal evita impactos inmediatos e irreversibles sobre la economía, mientras se adelanta el estudio de fondo sobre si el decreto cumplía o no con los requisitos constitucionales del artículo 215, que exige la existencia de hechos sobrevinientes, imprevisibles y extraordinarios.
Uno de los primeros pronunciamientos vino desde la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex). Su presidente, Javier Díaz, calificó la suspensión como una noticia positiva para el país y reiteró una de las principales críticas del sector privado frente a la declaratoria de emergencia.
“Lo que hemos señalado desde el sector privado es que no hay un hecho sobreviniente que justifique la declaratoria de una emergencia económica”, afirmó Díaz.
Según explicó, la medida cautelar adoptada por la Corte busca precisamente evitar que se causen daños a la economía nacional mientras se realizan los análisis técnicos y jurídicos que permitan tomar una decisión definitiva. En ese sentido, consideró acertada la suspensión provisional del decreto.
Desde el Consejo Gremial Nacional, su presidenta Natalia Gutiérrez subrayó que la decisión del tribunal se ajusta a la Constitución y cumple una función preventiva clave frente a posibles perjuicios irreparables.
“La suspensión del decreto de emergencia era necesaria, es coherente con la Constitución y cumple la función de evitar la consolidación de efectos inmediatos e irreversibles derivados de medidas excepcionales”, señaló.
Gutiérrez advirtió que, a juicio del Consejo, no existe una crisis imprevisible que habilite el uso de poderes extraordinarios, y recordó que el Estado cuenta con mecanismos ordinarios para enfrentar retos fiscales y presupuestales. Además, enfatizó que las emergencias no pueden utilizarse para imponer reformas estructurales ni para sustituir el debate democrático en el Congreso.
EN DESARROLLO...
Regístrate al newsletter