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Los colombianos, y en especial los periodistas, tenemos el derecho —y yo diría el deber— de hacerles a los candidatos las preguntas más incómodas. Y ellos, precisamente por el cargo al que aspiran, deberían estar obligados a responderlas.
Pero algo se torció en este siglo en medio de la pelea tan irresponsable entre Santos y Uribe.
Hoy mucha gente, y particularmente muchos periodistas, se autocensuran. Evitan hacer ciertas preguntas. Guardan silencio. Y no lo hacen porque hayan dejado de creer en el valor del periodismo, sino porque saben lo que viene después: una turba digital organizada, fanatizada, que acude en masa a insultar, intimidar o destruir a quien ose incomodar a alguno de sus candidatos favoritos. En demasiados casos, incluso, aparecen amenazas personales o amenazas de muerte.
Preguntarle a Iván Cepeda sobre las acusaciones históricas que lo vinculan con las Farc, o preguntarle a Abelardo de la Espriella sobre sus presuntas cercanías con sectores del paramilitarismo, debería ser en cualquier democracia sana un ejercicio normal de escrutinio público. De hecho, en una democracia sana, el periodista estaría indagando día y noche al respecto.
En Colombia no. Aquí hemos entrado en una democracia enferma en la que preguntar dejó de ser un ejercicio legítimo y pasó a convertirse en un acto sospechoso.
Pareciera que una parte de la sociedad espera hoy que el periodista no investigue ni cuestione, sino que fortalezca determinados relatos políticos, sociales o ideológicos y los reproduzca como si fueran verdades absolutas.
No importa si esos relatos contienen inconsistencias, datos incompletos o interpretaciones forzadas. Basta con salirse del libreto de la masa para activar inmediatamente un mecanismo brutal de disciplinamiento y apedreamiento público.
Si alguien cuestiona una cifra del Gobierno, se convierte en enemigo de los pobres. Si alguien pregunta por inconsistencias en un proceso de paz, pasa a ser enemigo de la reconciliación. Si alguien pone bajo escrutinio ciertas narrativas sobre seguridad, entonces es enemigo de los derechos humanos. Si alguien exige evidencia antes de aceptar afirmaciones grandilocuentes, inmediatamente es acusado de formar parte de una conspiración política.
La lógica se ha invertido por completo. El periodismo, que históricamente existió para interrogar al poder, empieza a transformarse en una maquinaria de amplificación de narrativas previamente aceptadas por sectores políticos o culturales dominantes.
Y eso debería preocuparnos profundamente.
Colombia parece haber entrado en una fase particularmente tóxica: la masa decidió que existen personajes, causas y relatos que no pueden ser cuestionados porque hacerlo resulta moralmente inconveniente.
En nuestro ecosistema digital y mediático, cada día se fabrican culpables, héroes, víctimas o villanos antes de que aparezcan los hechos. Primero llega la narrativa. Después — si acaso — aparece la evidencia.
Y quien se atreve a pedir prudencia, contexto o verificación termina sometido al tribunal instantáneo de las redes sociales.
En un país atrapado entre extremos, la verdad empieza a dejar de importar. Y cuando la verdad deja de importar, ocurre algo todavía más grave: se pierde la libertad de pensar.
