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Ayer, en la Comisión Quinta del Senado, se llevó a cabo un debate de control político sobre el escándalo de Aguas Vivas. El mismo que hoy tiene imputado al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. El mismo que fue denunciado desde hace años por la Veeduría Todos por Medellín y que junto a otros escándalos destapados por concejales, periodistas y ciudadanos, ha hecho que varios exfuncionarios de ese gobierno estén respondiendo ante la justicia.
En ese debate, aparecieron varias caras que durante cuatro años brillaron por su ausencia. Personas que guardaron un silencio cómodo mientras Quintero hacía trizas a la ciudad, y que hoy, cuando el escándalo ya es imparable, aparecen indignadas en el Congreso y en redes sociales, como si apenas se enteraran de lo que pasó. Una valentía retroactiva, que les ha servido más para hacer campaña que para proteger lo público. Los extrañamos en su momento.
El caso Aguas Vivas no es nuevo. Este escándalo, que involucra un lote de 143.000 metros cuadrados ubicado entre El Poblado y Las Palmas, comenzó en realidad cuando ese terreno fue entregado gratuitamente al municipio en diciembre de 2019 como parte de una obligación urbanística: una figura mediante la cual los urbanizadores compensan a la ciudad con suelo para espacio público. Sin embargo, durante la administración de Quintero, no solo se intentó pagar más de $40.000 millones del erario a los antiguos dueños (entre los que aparece Luis Pérez) sino que posteriormente el predio fue devuelto, a sabiendas de que ya era un bien fiscal. Las alertas sobre este caso las encendió, desde el principio, la Veeduría Todos por Medellín. Esa misma que algunos de los que hoy se rasgan las vestiduras se han dedicado a atacar, simplemente porque también ha puesto la lupa sobre lo que ocurre en entidades como el SIATA. Gracias a esa veeduría, este escándalo llegó no solo a la opinión pública, sino también a la justicia.
Porque sí: hubo quienes denunciamos la corrupción de Quintero y su equipo cuando no estaba de moda. Lo hicimos desde el Concejo, desde los medios de comunicación y desde la ciudadanía organizada. Y no fue fácil. Nos llamaron enemigos de la ciudad, nos calumniaron y nos expusieron públicamente con nombres y fotos desde las redes del alcalde. Pero era nuestro deber. Porque la defensa de lo público no puede depender del clima político del momento.
El control político no puede ser selectivo ni oportunista. Si se ejerce solo cuando conviene electoralmente o cuando la indignación ya hizo el trabajo difícil, deja de ser una herramienta democrática y se convierte en simple cálculo.
Este momento exige memoria. Pero también exige coherencia. Medellín merece una oposición que no solo denuncie cuando conviene, sino que tenga el coraje de hacerlo cuando duele. Que entienda que la decencia no es una bandera que se ondea a conveniencia, sino una práctica cotidiana, exigente y muchas veces ingrata. Solo así podremos recuperar la confianza en lo público y construir una ciudad más justa, más ética y más democrática.
