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El discurso de la decencia se desmorona. Lo que por años intentaron tapar con eslóganes de “gobierno alternativo”, “anticorrupción” y “el cambio”, ahora comienza a caerse por su propio peso. Esta semana, la Procuraduría General de la Nación profirió un fallo de primera instancia que destituye e inhabilita a tres exfuncionarios clave de la administración de Daniel Quintero, por haber solicitado presuntamente coimas a contratistas y funcionarios del Distrito de Medellín.
Según el organismo de control, Juan Pablo Ramírez Álvarez (exsecretario de Inclusión Social, y de Participación Ciudadana), Juan Daniel Pulgarín Correa (exsubsecretario de Grupos Poblacionales) y Freddy Alfonso Agudelo Bolívar (exsubsecretario de Gestión de Bienes) pidieron dinero a empleados y contratistas de la Alcaldía, exigiéndoles consignar un porcentaje de su contrato o de su propio salario a una cuenta de Bancolombia a nombre de la fundación ‘El futuro se parece a nosotros’, que coincide con uno de los eslóganes que utilizaba constantemente el entonces alcalde. La justificación, según varios testimonios, era que “la política necesita plata” y que esos recursos irían a “la campaña presidencial de Daniel Quintero”.
Una de las testigos clave, María del Pilar Rodríguez, exdirectora de la Unidad de Niñez, relató ante las autoridades cómo fue citada a una reunión en la que les quitaron los celulares, cerraron la puerta, y se les explicó el mecanismo de cobro: una escala de aportes según el nivel de ingresos del contratista. También se les entregó el número de cuenta, el contacto de Pulgarín como receptor y se les advirtió que los directivos, además, debían pagar un porcentaje de su propio sueldo.
María del Pilar se negó. Y por eso, según su testimonio, fue obligada a renunciar. Se lo dijeron con todas sus letras: si no estaba “en el barco”, se tenía que ir. Lo mismo le pasó a varios funcionarios que también se han atrevido a hablar y que hoy cuentan con el acompañamiento legal del abogado Juan David Giraldo, quien representa a más de 20 denunciantes.
El caso no es nuevo: la denuncia está radicada en la Fiscalía hace tres años. Y en ese tiempo, se han recogido pruebas documentales y bancarias que sustentan lo dicho por las víctimas. También se citan nombres de otros jefes de dependencia que hicieron aportes relevantes, lo cual muestra un patrón de conducta y una posible red estructurada para desviar recursos a campañas políticas.
Por esto, la Procuraduría decidió destituir e inhabilitar a Ramírez por 14 años y a Pulgarín y Agudelo por 12 años. La investigación sigue su curso en la Fiscalía y no se descarta que lleguen más decisiones judiciales, incluso contra el propio exalcalde.
Mientras algunos seguían creyendo en el relato de “los independientes”, otros llevábamos años denunciando estas irregularidades, sin cámaras, sin titulares, pero con pruebas y con firmeza. Hoy, la justicia empieza a hablar. Y es claro que el tiempo pone a cada quien en su lugar. Faltan muchos por caer, pero poco a poco se ve la luz al final del túnel.
Lo advertimos. No era odio, era control político.
