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Incumpliré mi promesa: me había puesto la meta de que esta columna se desconectara de la actualidad durante esta temporada de festividades, pero creo que dos noticias de esta semana ameritan una excepción.
La primera, la declaración de emergencia económica anunciada por el presidente Gustavo Petro: probablemente su más abierta y directa muestra de desprecio por los límites que la Constitución impone al ejercicio del poder presidencial.
El argumento de que la negativa del Congreso a aprobar nuevos impuestos justifica un decreto de emergencia constituye una negación gravísima del mismo orden democrático que eligió al presidente: pocas cosas son más esenciales en la separación de poderes que el principio según el cual la facultad de legislar en materia tributaria recae en el Congreso.
“No hay impuestos sin representación”, sobre todo cuando el único propósito de esos tributos sería financiar un gasto desbordado que ha llevado al país al mayor déficit fiscal de su historia moderna, sin una crisis que lo justifique. Ahora, cuando con buen criterio el Congreso niega la aprobación de impuestos que nos dejarían con una de las tarifas nominales de renta a empresas e impuesto al patrimonio más altas del mundo, el presidente pretende sustituir esa decisión con un decreto presidencial, quebrantando el orden constitucional.
Tan mal estamos que a nadie le sorprendió: para Petro, las instituciones de la democracia liberal en Colombia no son más que un accidente incómodo. Y su intención de seguir aumentando el gasto público en un año electoral parece pesar más que una Constitución que, al limitar su poder, él pretende, por todas las formas de lucha, buscar que se desmonte.
Y la segunda noticia, de menor dimensión pero igualmente representativa del ideario que nos gobierna, es la decisión del Gobierno de retirarle el apoyo a Colfuturo: convierten una alianza público-privada exitosa, que ha permitido a miles de personas estudiar en universidades del exterior mediante procesos transparentes, en un enemigo funcional para azuzar la lucha de clases, y pretenden reemplazarla por alternativas 100% públicas que hoy no existen.
No importa que las cosas funcionen bien: para este gobierno —y con la continuidad de Iván Cepeda sería igual o peor— cualquier participación del sector privado se interpreta como una extracción ilegítima de rentas, incluso cuando es sin ánimo de lucro.
Colfuturo es la víctima más reciente, pero no es ni la primera ni será la última: sistemas exitosos, por el mero hecho de involucrar a privados en la provisión de bienes públicos, son asfixiados, ofreciendo como única alternativa la promesa de soluciones totalmente estatales, supuestamente más “dignas”, pero que solo existen en la imaginación o, peor, que cuando llegan a materializarse terminan derivando en ineficiencia y clientelismo, como hoy lo está sintiendo el país en el sistema de salud.
Ese es, en el fondo, el modelo común a todo: ahogar lo privado y reemplazarlo, cueste lo que cueste, por un estatismo que ha demostrado ser, en el mejor de los casos, menos eficiente y, en demasiados, un caldo de cultivo para la corrupción. Ahí está el escándalo de la UNGRD, que hoy tiene a un exministro de Hacienda, a uno del Interior y a los expresidentes del Senado y la Cámara presos por un entramado de sobornos destinado a comprar apoyos a las reformas del gobierno.
Ese es el modelo Petro, y está siendo tristemente exitoso: continúa, con impunidad, retando el orden constitucional, destrozando las finanzas públicas y acumulando un escándalo de corrupción tras otro, mientras le deja a su sucesor pasivos enormes en todos los sectores. Y, aun así, su favorabilidad se mantiene entre el 30% y el 40%, y su candidato puntea en las encuestas.
Eso es lo que está en juego en 2026.
