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La aguda escandalitis nacional y la interminable cacofonía de noticias —urgentes, inéditas, estremecedoras— que colman los titulares semana tras semana hacen desgastante cubrir al Gobierno. No ha terminado un escándalo cuando comienza el siguiente y, así, en parte gracias a la gran habilidad del presidente, la indignación —deporte nacional— salta con rapidez de un tema a otro, agotando el interés y, sobre todo, desviando la atención de lo verdaderamente importante.
Las opiniones al respecto se vuelven repetitivas —a veces, obviedades; cuando no, periódicos de ayer— frente a una agenda mediática que, entre el enésimo trino diciendo barbaridades, la vigesimoctava denuncia en medios de algún exfuncionario y la sexagésima filtración de chats escandalosos y comprometedores, provoca que, entre el ruido, se diluya, por ejemplo, el hecho de que dos expresidentes del Congreso estén detenidos por presuntamente haber recibido sobornos, así como el que la ex mano derecha del presidente, junto con su exministro de Hacienda, hayan sido imputados por haber estado detrás de la operación.
Sin embargo, entre tanta escandilitis, hay algo que no debemos perder de vista: nuestra estabilidad política y económica, un activo valioso y a menudo subvalorado, que poco a poco empieza a erosionarse.
A pesar de los numerosos problemas que ha enfrentado y seguirá enfrentando el país, hemos dado por sentado este patrimonio escaso: en una región marcada por dictaduras militares, hiperinflaciones y crisis de deuda, Colombia se ha mantenido como referente de estabilidad pese a la violencia, el narcotráfico y las amenazas insurgentes. Como lo expresó acertadamente Malcolm Deas, uno de los historiadores que más en profundidad estudió Colombia, nuestro país “tiene unos hábitos políticos con raíces profundas: nadie se atreve a jugar con el calendario electoral; es un país con muchas libertades, que le da la debida importancia a la división de poderes”.
Pese a las diferencias entre sectores políticos, el acuerdo sobre la importancia de esta estabilidad ha garantizado siete décadas de transiciones pacíficas de poder, un consenso en el respeto a las instituciones de nuestra democracia liberal y a la separación de poderes, así como un manejo fiscal prudente que ha permitido que, en los últimos veinte años, el ingreso por habitante casi se haya triplicado y la pobreza monetaria reducido a menos de la mitad.
Sin embargo, observamos con preocupación cómo el actual Ejecutivo parece haber agotado aquellos consensos: en una nueva maniobra que revela su desdén por los límites que nuestra democracia liberal impone al poder presidencial, Petro ahora pretende convocar una consulta popular por decreto, desconociendo las decisiones del Legislativo y usurpando competencias del Judicial.
Acompañada de esto, a pesar de contar con un presupuesto histórico en términos reales, la situación fiscal se deteriora cada día más con la acumulación decisiones imprudentes que han llevado al país hacia un déficit que podría acercarse al 8% a cierre de 2025, un nivel comparable solo con la pandemia dentro de las últimas cuatro décadas, poniendo en riesgo la credibilidad del país y asfixiando su desarrollo futuro.
No hay que dejarse embolatar entre tanto ruido: la atención de todos —y los acuerdos mínimos sobre el futuro— debería centrarse en estos dos puntos. Colombia no puede permitir que se pongan en riesgo sus instituciones democráticas con décadas de tradición, ni normalizar el deterioro acelerado de la credibilidad de su manejo macroeconómico.
Volvamos a un acuerdo sobre lo fundamental: ser militantes inquebrantables en la defensa de esa estabilidad que, si la descuidamos hoy, mañana nos pasará la factura.
