Pico y Placa Medellín
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Durante años, el conflicto entre Hidroituango S.A. E.S.P. y Empresas Públicas de Medellín (EPM) fue presentado como una guerra sin cuartel: dos entidades públicas, con intereses legítimos pero enfrentados, atrapadas en el mayor desencuentro económico y jurídico del país en las últimas décadas. Hoy, la conciliación alcanzada obliga a cambiar la pregunta. No es si alguien ganó o perdió, sino qué se logró realmente —y por qué importa.
La conciliación no borró el pasado ni desconoció el laudo, recientemente confirmado por el Consejo de Estado. Tampoco fue un simple “borrón y cuenta nueva”. Lo que se logró fue más complejo —y más valioso—: recomponer un contrato de 50 años bajo nuevas reglas de realidad, reconociendo responsabilidades, ordenando los flujos económicos, reduciendo la incertidumbre jurídica y permitiendo que el proyecto cumpla su función estratégica sin sacrificar la legalidad ni la sostenibilidad financiera.
Desde una perspectiva jurídica, la conciliación ratifica un principio esencial: el derecho no existe solo para castigar, sino también para hacer posible. Desde una mirada social, la conciliación demuestra que los conflictos más complejos entre entidades públicas pueden cerrarse sin destruir valor institucional, sin paralizar proyectos estratégicos y sin trasladar a la ciudadanía los costos de una confrontación interminable.
Este resultado fue posible por la intervención responsable del gobernador de Antioquia, del alcalde de Medellín y de los gerentes de ambas entidades, quienes entendieron que su rol no era exacerbar el conflicto para ganar aplausos coyunturales, sino asumir el costo político de buscar una salida seria, técnica y jurídicamente defendible.
En tiempos de polarización, este acuerdo deja una lección incómoda pero necesaria: a veces, la verdadera fortaleza no está en prolongar el litigio hasta el agotamiento, sino en saber cuándo el acuerdo —bien hecho, bien negociado y jurídicamente sólido— es la mejor forma de proteger el interés público.
