Pico y Placa Medellín
viernes
2 y 8
2 y 8
El 19 de mayo, el Consejo Nacional Electoral ordenó la suspensión de la divulgación de encuestas de Atlas Intel y de la Revista Semana. La decisión era jurídicamente válida. El problema no es ese. Es su efecto político en plena recta final de la campaña presidencial.
A pocos días del cierre de la primera vuelta, la magistrada Fabiola Márquez firmó una medida cautelar que reabrió el debate sobre una firma brasileña que ya acumulaba cuestionamientos metodológicos y al menos tres procesos ante el tribunal electoral. Nada de eso es nuevo ni irrelevante. Pero tampoco es lo decisivo aquí. Lo determinante es el momento.
La intervención tardía en el ecosistema informativo electoral tiene una lógica propia, casi implacable: no corrige el problema que busca corregir, lo desplaza hacia la arena política. Atlas Intel, que podía ser discutida en términos estrictamente técnicos —metodología, representatividad, márgenes de error—, dejó de ser una encuestadora bajo escrutinio para convertirse en un actor dentro de la disputa electoral. Ese desplazamiento no requiere intención. Basta el calendario.
Esto es regulación con efecto boomerang. Cuando una autoridad restringe la circulación de información en la fase final de una elección, tienden a producirse tres efectos previsibles. El primero: el actor sancionado adquiere una credibilidad que no tenía previamente, no por sus métodos sino por la narrativa de victimización. El segundo: la decisión se interpreta como interferencia institucional, independientemente de su sustento jurídico. El tercero: se erosiona la confianza en el árbitro electoral justo en el momento en que más debería preservarse. No por mala fe. Sino por dinámica política.
Los árbitros no se evalúan solo por la corrección de sus decisiones, sino por su oportunidad. Un juez que interviene tarde en el partido no es neutral: altera el desarrollo del juego, incluso si aplica correctamente el reglamento.
Colombia enfrenta aquí un problema de diseño institucional que este caso vuelve evidente. Las normas electorales definen qué puede hacer el Consejo Nacional Electoral, pero dejan mucho más difuso cuándo debe abstenerse de hacerlo. Esa ausencia de una lógica explícita de prudencia en la fase final de la campaña abre la puerta a intervenciones que, siendo legales, producen efectos políticos no deseados y difícilmente reversibles.
El punto no es si la magistrada Márquez tenía competencia para adoptar la medida. La tenía. El punto es si una democracia madura puede ignorar el costo de oportunidad de sus propias decisiones institucionales en momentos de alta sensibilidad electoral.
Porque en política electoral, como en casi todo lo que importa, no solo cuenta lo que se hace. También —y a veces sobre todo— cuándo se hace. Y cuando el árbitro llega tarde, incluso el fallo correcto puede terminar jugando para el lado equivocado.
