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Timochenko, último jefe de las Farc, anda de paseo por Europa. Fue condenado en septiembre de 2025, junto con otros seis miembros del antiguo Secretariado, en el llamado Macrocaso 1, referente a la “toma de rehenes, graves privaciones a la libertad y otros crímenes concurrentes” cometidos por las Farc.
La sentencia en segunda instancia, que confirma la condena inicial, quedó en firme el pasado 01 de julio, y establece ocho años de “sanciones” a las que la JEP llama “trabajos, obras y actividades con contenido restaurador-reparador”. Timochenko y los otros condenados deben apoyar la búsqueda de desaparecidos, labores técnicas y aportes de información para desminado, ejecutar planes ecológicos y de recuperación ambiental, y participar en “proyectos de memoria y reparación simbólica”.
Los condenados, se suponía, solo podrían moverse en Bogotá y los departamentos de Antioquia, Bolívar, Casanare, Cesar, Huila, Meta, Putumayo y Santander, donde deben hacer los trabajos y obras ordenados como “sanciones”.
Así las cosas, los miembros del Secretariado, responsables de al menos 21.396 secuestros documentados que se le atribuyen a las Farc, no pagarán ni un solo día de cárcel y no tendrán ninguna restricción seria de libertad.
No por ello deja de ser muy grave que, sin que hubiera pasado diez días tras su sentencia, la JEP haya autorizando a Timochenko para viajar a Europa. Solo reafirma la idea de que las supuestas “sanciones propias” son mentirillas que no se corresponden con la gravedad de los crímenes internacionales cometidos, que existe impunidad de facto y que la JEP solo hace de mampara para esconderla.
No debería sorprender. La JEP es el único tribunal donde los victimarios participaron activamente en la definición de las normas aplicables para su juzgamiento, en la determinación de los mecanismos para escoger sus jueces y en la extensión de su competencia a aquellos que los combatieron (y los derrotaron, habría que agregar, aunque Santos haya entregado en la negociación la victoria que la Fuerza Pública consiguió en los campos de batalla).
Hay otro problema no resuelto. La JEP es suavecita hasta la impunidad con las Farc y en cambio acosa a los miembros de la Fuerza Pública, incluso violando su propia competencia, como ocurrió con su intención de investigar y sancionar mandos medios, por fortuna desmontada por la Corte Constitucional.
En fin, la productividad de la JEP es pobrísima, apenas dos sentencias, la descrita y otra contra doce militares. Tiene 38 magistrados, más que cualquier otra corte, más 13 magistrados suplentes y una planta de 1.307 funcionarios y ha costado alrededor de cuatro billones de pesos hasta la fecha.
Pero acabarla, como había ofrecido De la Espriella que haría, exige una reforma constitucional improbable. Por eso algunos habíamos anunciado que sería una promesa incumplida. Y así ha sido. El nuevo Ministro de Justicia ha dicho que “ahora desde el Gobierno [...] nosotros no queremos acabar la JEP”. Me temo que los esperanzados veteranos y reservistas verán su expectativa frustrada.
La revisión del gasto, sin embargo, es urgente. El despilfarro es evidente. Y advertir que no se prolongarán los tiempos de investigación, diez años, y de juzgamiento, cinco. Y que si la impunidad de facto prosigue, la posibilidad de la intervención de la Corte Penal Internacional será exponencial: la jurisdicción internacional opera cuando la “decisión nacional haya sido adoptada con el propósito de sustraer a la persona de su responsabilidad penal por crímenes de la competencia de la Corte”, es decir, cuando la jurisdicción nacional opera solo para dar una apariencia de justicia, pero en realidad deja impunes los crímenes internacionales que debe juzgar.
