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Y llegó la última reforma tributaria del gobierno Petro. Una reforma que busca que todos los colombianos terminen pagando por el derroche de gasto que ha tenido en cuatro años. No se nos puede olvidar que entre 2022 y el 2026, los gastos de funcionamiento de Colombia crecen al 15% promedio anual (155 billones), dentro de lo cual se incluye la burocracia estatal y las corbatas públicas (OPSs). Justamente el mismo empleo que sumado a la precarización de los nuevos trabajos en la economía (empleo por cuenta propia) han mostrado como gran logro.
Esa tasa de crecimiento en gastos de funcionamiento del 15% anual, no se compadece con el crecimiento de la economía que oscila entre 0,7% y 2,1%. La pregunta es cuántos microempresarios han podido crecer en nómina en esa proporción en un escenario tan complejo económicamente.
Pero para dimensionar la irresponsabilidad del derroche, este incremento del gasto de funcionamiento se da a costa de inversión pública, y de la suspensión de la regla fiscal, que significa que el gobierno prácticamente no tiene límite de déficit fiscal ni de deuda pública en relación al PIB. Por eso, este año y el siguiente, este gobierno será recordado como el campeón de la deuda pública y del déficit fiscal, con datos aún por encima del año pandemia y destruyendo los tres años exitosos de ajuste fiscal (reducción de deuda y del déficit) que se dieron entre 2021 y 2023. Este año el déficit y la deuda llegarán a máximos históricos en Colombia, asunto que elevó el costo del endeudamiento público más de un 40% y que nos deja menos espacio para inversión social en los presupuestos nacionales.
¡Pero al caído caerle! Ahora el gobierno pretende una reforma tributaria, inoportuna, innecesaria e inviable. Sin corregir los errores de fondo de la tributaria del 2022, que elevó el costo de los alimentos (con un supuesto impuesto saludable) y que aumentó la carga tributaria socio-empresa del 40 al 60% al sector productivo, y que llevó a muchas personas a endeudarse para pagar impuestos, ahora busca repetir la maroma. Vuelve y eleva el costo de capital a las empresas con el impuesto al carbono, más carga socio-empresa, afectación a algunos sectores productivos con tasas de tributación de más del 50%, y castiga a los ciudadanos con impuesto a los combustibles (por ende, más costos de transporte y bienes en la economía) e IVA a las cuotas de administración, cine, eventos deportivos, cerveza, licores, turismo y hasta operaciones de comercio digital. Y todo para financiar la voracidad de un gobierno “derrochón”.
Pero anticipándonos, la reforma no será aprobada en el Congreso, y el gobierno en su tradicional narrativa, se victimizará y dirá que la culpa de sus carencias presupuestales o falta de ejecución es de otros. Dirá que es por el subsidio a combustibles, cuando ellos mismos quisieron por política sostener el subsidio al ACPM o la deuda del COVID, la misma que ya había caído a limites inferiores de regla fiscal en 2023.
La pregunta es, quién pagará el guayabo de esta fiesta de gasto. La única respuesta es, más temprano que tarde, todos los colombianos con impuestos.
*Rector Universidad EIA
