Pico y Placa Medellín
viernes
3 y 4
3 y 4
La final entre Nacional y Medellín debía ser una celebración de fútbol y de ciudad. Un estadio lleno, familias, camisetas verdes y rojas compartiendo tribuna. Pero vimos fue otra cosa: el Atanasio Girardot convertido en campo de batalla, tomado por vándalos que ingresaron pólvora, armas blancas y destruyeron infraestructura pública. El comienzo no auguraba nada bueno: durante más de diez minutos se detonó pólvora, algo prohibido en Medellín. Lo peor de todo es que no fue un accidente ni un descuido: hubo complicidad. Y el final crónica de una muerte anunciada. Los torniquetes fueron destruidos, las barras invadieron la cancha y aparecieron palos, sillas, estanterías volando por la cancha, cuchillos y machetes para coronar la debacle. Los encapuchados hicieron su arribo y la fiesta deportiva terminó secuestrada por quienes quieren imponer la violencia.
La pregunta ya no es qué pasó, sino hasta cuándo vamos a permitir que unos pocos delincuentes opaquen la fiesta del fútbol en la ciudad. Hay que seguir con el diálogo, acuerdos y mesas de concertación, pero es necesario escalar soluciones y ser contundentes en nuestras respuestas. Las barras hace tiempo perdieron el control de sus integrantes. Sus líderes no logran —o no quieren— contener a quienes ingresan borrachos, drogados y armados. La evidencia es clara: el modelo fracasó hay que aceptar que hay contextos donde el diálogo sin autoridad solo fortalece al violento. No aprender la lección es una forma de irresponsabilidad pública. Lo que se necesita no es más retórica, sino sanciones reales. Penas duras, judicialización efectiva, prohibiciones de ingreso al estadio y responsabilidades claras, tanto para los violentos como para quienes permiten que esto ocurra desde adentro. El exceso de garantías y la laxitud han terminado de crear un entorno perfecto para que la delincuencia actúe con confianza.
El resultado es evidente: un espacio que es de todos se pierde poco a poco. Un escenario pensado para el deporte y la recreación es lugar de consumo de alcohol, drogas, armas y disputas. Lo grave: ocurre en espacio cerrado, supuestamente controlable, donde como ciudad llevamos años demostrando incapacidad para ejercer autoridad. Una vergüenza.
Mientras la llamada “paz total” se ha convertido en un discurso que amplía los márgenes para delinquir, el estadio parece ser su reflejo a pequeña escala. Mucha concesión, poca autoridad y mínimas consecuencias.
La autoridad no se negocia, se ejerce. Y lo más grave es que al parecer no somos capaces de hacerlo en el estadio. El problema no es el fútbol: es el mensaje que estamos enviando como sociedad. Ojalá el Alcalde logre imponer sanciones ejemplares, la fiscalía y los jueces actúen y los equipos dejen de financiar a las mal llamadas barras, que no apoyan, simplemente destruyen y hoy son un mal ejemplo como sociedad. El futbol debe regresar a las familias antioqueñas.
