Pico y Placa Medellín
viernes
7 y 9
7 y 9
Cada cuatro años Colombia construye un Plan Nacional de Desarrollo: el instrumento con el que un gobierno prioriza intervenciones, define metas, orienta inversiones y convierte su programa en una hoja de ruta. Su importancia es indiscutible. El problema aparece cuando pretendemos que este instrumento de cuatro años responda, por sí solo, una pregunta mucho mayor: hacia dónde queremos que vaya el país.
Colombia necesita un buen Plan, pero necesita una estrategia de país capaz de sobrevivir a los gobiernos. Las doce conversaciones regionales convocadas por el DNP pueden, definitivamente, cumplir una función más ambiciosa que recoger insumos territoriales: ayudarnos a construir una estrategia nacional suficientemente común para orientar al país y, al mismo tiempo, suficientemente territorial para reconocer capacidades, restricciones y oportunidades profundamente distintas. Eso exige entender interdependencias entre regiones, ordenar inversiones que habilitan otras inversiones y reconocer qué decisiones tienen efectos de escala nacional. Exige secuencia: qué debe ocurrir primero, qué capacidades debemos desarrollar y qué instituciones tienen que coordinarse para convertir una aspiración en una trayectoria posible. El futuro se construye con orden y prioridad.
Allí está una de las mayores oportunidades del Plan: conectar decisiones de corto plazo con geografía concreta del desarrollo futuro. Y eso obliga a las regiones a hacer primero nuestra tarea. La capacidad de incidencia no dependerá del número de proyectos que llevemos a la mesa, sino de nuestra capacidad para acordar prioridades, escoger entre alternativas y distinguir qué decisiones requieren de la Nación y cuáles debemos asumir desde los territorios. No es solo qué le va a “dar” el Gobierno a nuestra región, es qué podemos aportar de nuestro conocimiento y experiencia porque ya son victorias: ejecutables y escalables. Colombia se construye desde las regiones.
Ese desafío nos interpela en Antioquia y particularmente a quienes asumimos como responsabilidad institucional promover y custodiar el largo plazo. Desde Proantioquia hemos tratado de traducirla en decisiones, 10 movidas para el país que recogen experiencias con recorrido: modelos que queremos compartir, mecanismos innovadores en empleo, educación e inversión, y proyectos de infraestructura y gobernanza que se vienen construyendo en territorios como Urabá y Oriente.
Formular estas movidas nos llevó a una pregunta amplia: ¿tenemos como región una idea compartida de hacia dónde queremos mover a Antioquia durante los próximos veinte años?
Esa misma lógica podría atravesar la discusión nacional. El Informe Nacional de Competitividad 2026-2027 propone una hoja de ruta hacia 2030 y pone sobre la mesa la necesidad de un marco común de actuación. Ese es quizás el reto central: lograr que agendas, instituciones y territorios distintos refuercen una misma dirección y que esa dirección resista la fragmentación institucional y los ciclos electorales.
El Gobierno tiene la responsabilidad de formular y ejecutar el Plan Nacional de Desarrollo. Pero construir el futuro requiere regiones capaces de ordenar sus prioridades, instituciones dispuestas a sostenerlas y actores que entiendan que participar en el desarrollo implica también asumir responsabilidades.
Ese debería ser el alcance de las conversaciones que empiezan ahora: que Colombia tenga un Plan 2027-2030 que reconozca el valor y las oportunidades de las regiones, que construya sobre lo construido y, sobre todo, que apunte con claridad hacia un futuro de crecimiento sostenido, cierre de brechas y un proyecto colectivo de país que nos inspire a todos. El Plan es pensar el largo plazo. Para todo país.
*Presidenta ejecutiva Proantioquia
