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Una fotografía desplazó las preguntas sobre los grupos armados, los territorios y la capacidad del Estado.
El debate sobre la Operación Amón dejó una paradoja: podemos discutir durante días una imagen de la violencia sin discutir la violencia.
El 27 de agosto, la Fuerza Pública bombardeó un campamento de una facción del bloque Jorge Suárez Briceño, perteneciente a la estructura de alias ‘Calarcá’, en zona rural de El Retorno, Guaviare. Pero la conversación pública terminó concentrándose en otra cosa: el presidente caminando entre los cuerpos de integrantes de esa organización armada.
La escena puede y debe ser discutida. La dignidad de los muertos, los límites del Estado y la forma como se comunica una operación militar importan. Pero hay una pregunta más incómoda: ¿en qué momento la imagen de la violencia terminó reemplazando la discusión sobre la violencia?
Pasaron a un segundo plano las preguntas sobre los grupos armados, el control territorial, el narcotráfico, el reclutamiento de menores, las extorsiones, las comunidades sometidas y la capacidad del Estado para recuperar esos territorios.
Y quedó pendiente la discusión sobre la operación: cómo se planeó, qué objetivos tenía, qué resultados produjo, qué riesgos implicó y qué responsabilidades deben establecerse frente a la muerte de menores y cualquier posible exceso.
La operación terminó convertida en una fotografía. Y la fotografía, en un juicio sobre el presidente.
De la escena se pasó al carácter. Del carácter, a la intención. Y de la intención, al juicio sobre todo un Gobierno que apenas comienza.
Eso debería preocuparnos.
No porque haya que cerrar los ojos frente a los errores del Estado. Todo lo contrario. Un Estado democrático debe responder por sus actos, respetar el derecho internacional humanitario y mantener límites claros incluso cuando combate a organizaciones criminales.
Pero exigir esos límites no debería significar que la discusión sobre cómo se muestran los muertos termine desplazando la pregunta por la violencia que hizo necesaria la operación y por las comunidades que siguen viviendo bajo su amenaza.
Colombia conoce demasiado bien esa inversión de prioridades. Hemos discutido durante décadas los discursos, las ceremonias, las fotografías y las declaraciones sobre la guerra. Mientras tanto, en muchos territorios, la guerra continuó.
La violencia estaba en la fotografía. Pero terminó fuera del debate.
Por eso la pregunta no debería ser únicamente qué nos pareció la escena de Guaviare. Deberíamos preguntarnos qué revela de nosotros que esa escena haya ocupado durante días el centro de la conversación nacional.
Mientras discutimos si el presidente debió caminar entre esos cuerpos, hay ciudadanos que siguen preguntándose si el Estado llegará algún día a sus territorios. Mientras discutimos la imagen de una operación, ellos siguen enfrentando la realidad de la violencia.
La discusión seria exige las dos cosas: un Estado que combata a los violentos con eficacia y que, al hacerlo, respete las reglas que lo distinguen precisamente de ellos.
Colombia todavía no ha resuelto la violencia y, sin embargo, parece tener una extraordinaria capacidad para dejar de hablar de ella cuando aparece una fotografía que nos permite discutir algo más cómodo.
El problema no es solamente lo que vimos en Guaviare. También es todo lo que dejamos de mirar.
