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Aunque la Constitución Política de 1991 favorece en buena medida el caudillismo y concibe al presidente de la República como una especie de todo poderoso capaz de decidir sobre el presente y futuro de cada colombiano, muchas de nuestras instituciones han mostrado una especial entereza, al punto de sobreponerse, como estructuras jurídico políticas, a los anhelos autoritarios del presidente de turno. Esta ha sido una constante, quizás expresada con mayor fuerza en este último periodo presidencial, pero de todas maneras muy presente en cada uno de los gobiernos que se han instalado en la casa de Nariño, antes y durante la Carta Política de 1991.
Sin embargo, el mandato del presidente Petro, con su forma desacertada de concebir las relaciones de poder y su vocación caudillista caracterizada por un incomprensible afán de imponer su voluntad por encima de personas con ideologías distintas y diferentes formas de entender lo que debe ser y hacer un mandatario, acompañado de un discurso orientado a desconocer la fuerza racional de las instituciones, obliga a los colombianos a reflexionar sobre la importancia de las instituciones distintas a la Presidencia de la República, y sobre la necesidad de mantener la plena vigencia del artículo 113 de la Constitución, que garantiza la división del poder en las tres ramas clásicas, ejecutiva, legislativa y judicial, y reconocer la importancia de otros órganos necesarios para la realización de los fines del Estado. Aparte de su tendencia por favorecer amplias manifestaciones caudillistas, el constituyente del 91 consideró la posibilidad de que el poder en el Estado se ejerza a través de otros órganos con alto grado de independencia y autonomía.
El Gobierno Petro le dio una importante lección al país. Enseñó que si bien existe un sistema extremo de gobierno presidencialista, también existen otros órganos de poder de gran trascendencia para la dirección del Estado.
Los colombianos hemos notado, quizá por primera vez en muchos años, la importancia de tener un Congreso autónomo, capaz de ejercer con convicción sus propias atribuciones. Por ello, y por primera vez en mucho tiempo, debemos tener una presencia multitudinaria en el próximo proceso electoral, con alta participación ciudadana en las votaciones para escoger Congreso y elegir un nuevo presidente de la República.
Asimismo, hemos aprendido del gran valor institucional de la justicia. El Consejo de Estado ha demostrado una especial autonomía e independencia al momento de ejercer sus funciones como órgano supremo del control de los actos del gobierno. Otro tanto tiene que suceder con la labor que adelantan la Corte Constitucional, la Corte Suprema, la Procuraduría, la Contraloría y demás órganos de control. Su fortaleza, su independencia y su actuación en colaboración para lograr los fines del Estado, provocan una especial sensación de alivio con respecto al control de los excesos del gobierno.
Los colombianos debemos continuar con esta cruzada. Defender las instituciones es proteger el Estado de Derecho, garantizar los fines sociales de éste y evitar los abusos de poder.
