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La historia de Bélgica asombra por la capacidad de sus habitantes para mantener la unidad en medio de la diversidad. El norte del país está habitado por un grupo étnico denominado los flamones (región Flamenca), con sus costumbres, su idiosincrasia, sus creencias religiosas y su propio idioma. El sur, denominada la región Valona, está habitada por un grupo social y étnico diferente, católicos fervorosos, de origen agrario, con costumbres propias y lengua francesa. Esta diversidad se proyectó en las estructuras y en las instituciones, de manera que, por ejemplo, en ese país pueden coexistir un partido liberal “flamond” y un partido liberal “wallon”, cada uno con su propia estructura, ideología y autonomía funcional, al punto, que es más fácil lograr una coalición política entre partidos diferentes de una misma región, que entre partidos con igual denominación, pertenecientes a distintas regiones.
No es fácil encontrar una mayor diversidad, sin embargo, dentro de las diferencias originadas como consecuencia de muchas guerras, especialmente la Primera Guerra Mundial, en lugar de promover el odio y la destrucción mutua, el sistema sociopolítico se ideó dos instituciones necesarias para cultivar la unidad en la diferencia. Por una parte, la figura del monarca, que, por razones de sucesión, independiente de su origen, tiene ascendencia sobre los individuos de ambas regiones y se ha convertido en un símbolo de unidad.
La otra institución consiste en la creación constitucional de la región de Bruselas. Esta ciudad, capital del país y de la organización Europea, aparece como un enclave político intermedio, en el que se hablan los dos idiomas oficiales y cuyo gobierno está integrado en todas las instancias, por representantes o miembros de ambas regiones. Mediante estos mecanismos institucionales, Bélgica dejó de ser un corredor de batalla para convertirse en un campo de desarrollo y convivencia pacífica y soñadora.
Si se traslada este problema a los espacios constitucionales en Latinoamérica, se encuentra un fenómeno político y social completamente diferente, pues, aunque en principio no existen causas históricas, lingüísticas y culturales de separación, tan fuertes y decisivas, si se presenta un permanente sentimiento de contradicción e intolerancia entre los diferentes sectores de la sociedad.
Para tratar de corregir o al menos minimizar las contradicciones y desencuentros, las Constituciones políticas, señaladas como elemento fundamental de encuentro, disponen que las altas autoridades, especialmente el presidente de la República, en su triple calidad de jefe de Estado, de Gobierno y de la Administración, utilice la dignidad de su importante cargo, como un factor de unidad nacional. El mayor logro de un presidente en un sistema presidencialista exagerado como el nuestro, debe consistir en trabajar de manera permanente, con todas las fuerzas vivas de la sociedad, para el logro y la defensa de la unidad nacional. Es tan importante este propósito intrínseco en la actividad del gobernante, que se convierte en instrumento principal de dignidad. No buscar o fracasar en la búsqueda de la unidad nacional, constituye la principal causa de indignidad.
