Pico y Placa Medellín
viernes
7 y 9
7 y 9
El alcalde de Nueva York anunció la apertura de cinco supermercados públicos para vender productos básicos con precios subsidiados. La iniciativa aparece como una respuesta al elevado costo de vida y al creciente gasto de los hogares en alimentos.
Nueva York cuenta con más de mil supermercados y miles de tiendas de barrio y pequeños mercados que abastecen a sus habitantes. Cinco establecimientos públicos representan menos del 0,5 % de los supermercados de la ciudad. Es difícil imaginar que una red de ese tamaño pueda modificar el nivel general de los precios de los alimentos. Su efecto será, a lo sumo, local.
Los precios disminuyen de forma sostenible cuando aumentan la productividad y la competencia, no cuando una empresa vende por debajo de sus costos gracias a un subsidio. En este último caso, el consumidor obtiene un beneficio inmediato, pero el contribuyente paga la diferencia.
En Colombia eso es historia vieja. El antiguo Instituto de Mercadeo Agropecuario, IDEMA, nació para estabilizar los precios agrícolas, pero terminó administrando una red de mercados donde vendía alimentos básicos. Se supone que el Instituto debía manejar unos stocks para proteger a productores y consumidores de las fluctuaciones de precios. Pronto aparecieron los problemas habituales: pérdidas financieras, ineficiencias administrativas, interferencia política, corrupción y una creciente dependencia del presupuesto público. El experimento terminó con la liquidación del Instituto.
Hay otra historia colombiana. Durante décadas, varias Cajas de Compensación Familiar desarrollaron supermercados y almacenes de víveres. Se supone que debían competir con el comercio privado, siendo autosuficientes, pero sin generar beneficios. Fracasaron y se volvieron dependientes de los aportes parafiscales. Todas las Cajas salieron maltrechas de la actividad.
La llegada de las cadenas de descuento duro —D1, ARA e ÍSIMO— transformó por completo el sector. Con modelos logísticos más eficientes, marcas propias, surtidos limitados y menores costos operativos, obligaron a los supermercados tradicionales a revisar sus márgenes, mejorar sus procesos y ofrecer precios más competitivos. Millones de consumidores se beneficiaron, no porque hubiera subsidios públicos, sino porque aumentó la competencia.
Cuando las empresas compiten, cada una busca reducir costos, innovar y atraer clientes. Una parte de esas ganancias de productividad termina trasladándose al consumidor en forma de menores precios y mayor calidad. En cambio, cuando un supermercado vende con pérdidas cubiertas por el Estado, los precios bajos no reflejan una mayor eficiencia, sino una transferencia financiada por los contribuyentes.
El verdadero debate no es si cinco supermercados públicos ayudarán a algunos hogares. La cuestión de fondo es otra: si el Estado debe convertirse en comerciante minorista o concentrarse en crear un entorno donde florezca la competencia privada. La competencia es el mejor aliado del consumidor. Los subsidios pueden aliviar el bolsillo de algunos durante un tiempo; la competencia, en cambio, reduce los precios para todos y de manera sostenible.
Este debate es relevante para Medellín en cuyo Concejo Distrital se habla con frecuencia de crear una “EPM de Alimentos” para comercializar, se dice, la producción agrícola de los corregimientos y garantizar la seguridad alimentaria de la Ciudad. ¡Lo qué hay que oír¡.
