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El domingo 19 de octubre, mientras la opinión pública enfocaba su atención en una nueva crisis diplomática con los Estados Unidos por cuenta del deliberado hostigamiento de Gustavo Petro hacia el presidente Donald Trump, tras hacerse pública la destrucción de una lancha del ELN cargada de estupefacientes; se llevaron a cabo las segundas elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud, a fin de renovar su integración en 1.099 municipios y 33 localidades de los Distritos de Bogotá, Barranquilla, Buenaventura, Cartagena y Santa Marta.
De acuerdo con la Registraduría, un poco más de 1,5 millones de jóvenes entre los 14 y los 28 años sufragaron, lo que implica un aumento de 18,44% frente a la participación en las elecciones de 2021, donde fueron 1,2 millones. Pero dicha cifra representa apenas el 12,82% del potencial electoral (12,7 millones); lo que reafirma la desconfianza de los jóvenes en los gobiernos y la institucionalidad democrática, que según estudio de la OCDE, se debe a la percepción de inequidad, corrupción y falta de oportunidades. De hecho, uno de cada tres jóvenes considera que las instituciones públicas no son imparciales ni transparentes, lo que se traduce en una insatisfacción que, con la pandemia y la acelerada digitalización, se exacerbó.
Otra de las particularidades que se reafirmaron al conocerse los resultados de estas elecciones, tiene que ver con la filiación o identidad ideológica de los jóvenes. Un reciente estudio de la Fundación Friedrich Ebert Stiftung (FES), evidenció que el 58% de la juventud colombiana se identifica con la centro-derecha del espectro ideológico, y apenas el 9% con la izquierda. En esta elección los partidos más votados fueron Liberal, Conservador y Centro Democrático; mientras que la Colombia Humana, movimiento de Petro, quedó en el noveno lugar. Especial mención merece lo sucedido en Bogotá, donde el Centro Democrático barrió, al quedarse con 11 de las 20 localidades.
Estos resultados nos deben llamar a la reflexión y a la acción en favor de los jóvenes, especialmente de los 2,3 millones que no estudian ni trabajan. Tenemos que evitar que sean nuevamente instrumentalizados y entender que hoy afrontan grandes desafíos asociados a la revolución digital, los efectos económicos y sociales del envejecimiento poblacional, el debilitamiento democrático, la inestabilidad institucional, el deterioro del Estado de derecho, así como las crisis de salud mental y de identidad, las nuevas formas de criminalidad transnacional y la hibridez de los conflictos armados.
De cara a la plataforma que estamos construyendo para el 2026, será clave pensar con audacia por lo menos en cinco áreas que son clave: educación y formación, empleo formal y emprendimiento, bienestar, institucionalidad, y confianza, liderazgo y participación. Tenemos que consolidar el Sistema Nacional de Juventud, para que sea un verdadero mecanismo de incidencia y corresponsabilidad, alineado con las metas del CONPES 4040 de 2021 que definió la Política Nacional de Juventud a 2030, y tenemos que fortalecer la Consejería Presidencial y crear el Observatorio Nacional de Política Pública de Juventud.
Nosotros estamos proponiendo a los Colombianos pensar más allá de lo que nos han dicho que es políticamente posible, para lograr la verdadera transformación, y los jóvenes son una fuerza vital en este proceso.
