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El 24 de enero de 2025, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 0068, mediante el cual aplazó $12 billones que había incluído en el Presupuesto General de la Nación, pese a que no contaba con una fuente para financiarlos. Expertos coinciden en que dicho recorte debería rondar los $30 billones, mientras que el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) calcula que el ajuste de gastos debe ser superior a los $40 billones, si se quiere preservar la regla fiscal, incumplida por primera vez el año anterior desde que fue instituida (Ley 1473 de 2011).
Para colmo, el Gerente del Banco de la República informó que el déficit fiscal del 2024 fue 6,8% del PIB, superando las estimaciones del Gobierno (5,1%), las cifras previas (4,67% en 2018 y 3,48% en 2019); y muy cercano a las registradas en pandemia (7,8% en 2020 y 7% en 2021).
Si tenemos en cuenta que, en términos nominales, el PIB de 2024 fue de $1.700 billones, cada punto equivaldría a $17 billones; con lo cual, el desface entre el déficit esperado ($86,7 billones) y el registrado ($115,6 billones), ha sido de $28,9 billones. De ahí, que un amplio sector de analistas coincida en que se requiere un recorte aún mayor del presupuesto del presente año, con miras a mantener el déficit en cifras manejables.
Otra de las proyecciones fallidas del Gobierno Petro, que aumenta la presión fiscal y eleva el nerviosismo de los mercados, es la deuda. El Ministerio de Hacienda había previsto emitir deuda interna por $60,2 billones, pero al final terminó haciéndolo por $68,8 billones; con ello, el País volvió a estar endeudado por encima del 60% del PIB, cuando lo esperado era 55%.
De acuerdo con el portal La Silla Vacía (20 de diciembre de 2024), contrario a lo que se pudiera esperar, y pese a contar en los presupuestos de 2023 y 2024 con $71 billones y $80 billones adicionales por cuenta del crecimiento de la economía en pospandemia (10,7% en 2021 y 7,3% en 2022) y del mayor recaudo de impuestos producto de la reforma tributaria de 2022, el Gobierno Petro ha sacrificado la inversión por la burocracia.
Entre 2022 y 2023, Ministerios como el de Hacienda, con un aumento del 150%, Minas con 79% y Cultura con 32%, fueron los ministerios a los que Petro les incrementó el presupuesto para cubrir gastos de operación, sin contar con el Ministerio de Igualdad. La Cancillería creó cerca de 120 puestos adicionales, entre los que se cuentan los que requirieron las nueve embajadas nuevas, lo que demandó más de $50.000 millones extra.
Entretanto, recortó el presupuesto a programas sociales como el crédito para estudiantes del ICETEX, las transferencias de Jóvenes en Acción, los auxilios para adquisición de vivienda de Mi Casa Ya y las ayudas de Colombia sin hambre.
De ahí que no sorprenda que Petro, por consejo de Benedetti, haya resuelto embarcar al País en una consulta popular, cuyo costo se estima en más de $600.000 millones, en momentos que en las finanzas públicas no aguantan más presión. La consulta, anticipa para el Gobierno la carrera por la Presidencia y le ofrece un invaluable distractor para disimular su responsabilidad en la multicrisis que ha provocado deliberadamente.
