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Doloroso recuerdo de la Semana Santa que acaba de pasar tendrán las familias de los Soldados, Policías y civiles asesinados cruelmente por los grupos terroristas que han estado en negociaciones con Petro desde 2022, en lo que han denominado Paz Total.
De acuerdo con el Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se registraron seis atentados terroristas, en Cali, Jamundí, Mondomo (Cauca), La Plata (Huila), Salgar y San Pedro de los Milagros (Antioquia), que cegaron la vida de varios colombianos inocentes, como la pareja de jóvenes hermanos que departían con sus allegados cuando una motocicleta cargada de explosivos fue accionada por los criminales en el citado municipio del Huila.
A pesar de la crítica situación de orden público que experimenta el País, y la evidente falta de voluntad de paz de los grupos armados al margen de la ley, Gustavo Petro en vez de fortalecer la acción del Estado frente a estas estructuras criminales, el 18 de abril expidió un Decreto mediante el cual suspendió el desarrollo de operaciones ofensivas en contra de la estructura terrorista de alias Calarcá, disidencia de las FARC que antes comandaba alias Gentil Duarte y que opera en Caquetá, Cauca y Nariño. La orden de Petro le concede a estos criminales un mes de respiro, que seguramente aprovecharán para reagruparse y rearmarse.
Adicionalmente, contrario a lo que afirmó el Ministro de Defensa sobre la posibilidad de reanudar el empleo de glifosato para erradicar cultivos ilícitos (que hoy se calculan en unas 300 mil hectáreas con hoja de coca modificada que da más cosechas al año); Petro desautorizó al Ministro, para insistir en su política de sustitución voluntaria, que ha sido un fracaso, como toda su estrategia contra las drogas (Sembrando vida, desterramos el narcotráfico) que tiene al País a las puertas de una descertificación por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Esto significaría la suspensión de la millonaria ayuda económica y militar que recibimos de los norteamericanos, destinada a la lucha contra el narcotráfico, el fortalecimiento de la justicia y el apoyo a la Fuerza Pública. La falta de resultados ha llevado a que los recursos disminuyan año tras año desde 2022 y ahora podríamos no tenerlos, con lo que eso significa.
En 2024, el Congreso estadounidense aprobó un paquete de asistencia para Colombia por US$401 millones, 10% menos que en 2023 cuando fueron US$456 millones, lo que a su vez representó una reducción sobre 2022 que había sido de US$471,3 millones.
Peor aún, la eventual descertificación podría conllevar un bloqueo en organismos multilaterales de crédito y asistencia financiera, afectando aún más la confianza inversionista y las maltrechas finanzas públicas.
La insistencia incondicional de Petro en su fracasado modelo de negociación con los criminales, a espaldas de la realidad y, en cierto grado, de la legalidad, nos ha arrastrado a una situación de grave deterioro de la seguridad, que debería llevarnos a cuestionar el alcance de su responsabilidad, no solo política; porque como acertadamente lo advirtió la directora de Human Rights Watch para las Américas: “Pactar ceses del fuego sin la debida verificación hace al Estado corresponsable por omisión”.
Petro, que anunció convertir a Colombia en la potencia mundial de la vida, nos está transformando en un territorio de muerte, con sus políticas de Seguridad Humana, Paz Total y la intervención y destrucción del sistema de salud. Sobre sus espaldas recaen las vidas de compatriotas que estamos perdiendo.
