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Presentar un proyecto de ley para convocar una asamblea nacional constituyente fue el último acto del defenestrado Ministro de Justicia. La moción de censura contra él en el Congreso iba a prosperar y el gobierno prefirió pedirle la renuncia.
La propuesta es una cortina de humo, una más de Petro. El distractor, sin embargo, amerita análisis, aunque no sea la primera vez que el inquilino de la Casa de Nariño plantea el asunto. Nada pasó antes y nada pasará ahora. Esta constituyente nació muerta. Para convocar una constituyente se requiere una ley aprobada por la mayoría de los miembros de ambas Cámaras que después de su sanción debe ser remitida a revisión de la Constitucional para su visto bueno. El gobierno, cuenta con aún menos apoyo en el Congreso que el año pasado y los congresistas van a focalizarse en sus propias campañas. Pero aún bajo el supuesto de que obtuviera las mayorías, no alcanza el tiempo para aprobar la ley y obtener el pronunciamiento de la Constitucional antes del 07 de agosto del 2026.
En cualquier caso, para convocar una constituyente se requiere que vote a favor la tercera parte del censo electoral, es decir 13.747.199 ciudadanos. Para convocar la constituyente se necesitarían que sufragaran a favor 2.455.211 ciudadanos más que los 11.291.986 votaron por Petro en la segunda vuelta del 2022. Un 21,7% adicional. Imposible.
Ni por tiempo ni por mayorías en el Congreso ni por apoyo ciudadano. Petro tampoco intentará un autogolpe. Raya en la imbecilidad en muchos temas y es un megalómano descomunal pero también un bocazas y un cobarde. Como si fuera poco, ahora está en la mira de los gringos.
El proyecto, en todo caso, no solo refleja el fetichismo de creer que la solución de los problemas nacionales están en cambiar las normas constitucionales, sino que deja ver el espíritu antidemocrático y autoritario de Petro. Por un lado, la asamblea tendría 71 miembros pero solo 44 serían elegidos por voto popular. Los demás se escogerían de distintas minorías de acuerdo con los mecanismo que establezca el presidente, a quien se le darían facultades extraordinarias. Por el otro, el gobierno justifica la propuesta en un supuesto “bloque institucional” que en realidad es el funcionamiento pleno de la separación de las distintas ramas de poder público y el sistema de frenos y contrapesos propios de una democracia. Petro detesta la independencia del Congreso y los fallos de jueces y tribunales y que la Carta del 91 no le de poderes omnímodos. Si hay algo hay que revisar en la Constitución, en todo caso, sería el exceso de presidencialismo que, en este gobierno, ha sido patente.
Esperemos que el Congreso de rápida sepultura al proyecto de Petro y Montealegre. Permitirá que nos concentremos en los problemas reales, los escándalos interminables de este gobierno, su incompetencia y su corrupción, la inseguridad, la violencia y el fracaso de la “paz total”, la necesidad de quebrarle el pescuezo al narcotráfico, la debacle fiscal y las propuestas que se requieren para solucionar la policrisis que vivimos y abordar la reconstrucción del país a partir de agosto del 26.
La Constitución del 91 no tiene ninguna culpa en el desastre inconmensurable de este gobierno. No se necesita una nueva constitución. Urgen, en cambio, un presidente y un gobierno buenos y decentes. Hay que trabajar con juicio y unidad para elegirlos.
