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El gobierno presentó el proyecto de sometimiento para actores armados y aunque aún no tiene ponencia y siguen en audiencias es urgente hacer consideraciones sobre el Proyecto de Ley 02 de 2025 – “Por medio de la cual se establece un tratamiento penal diferenciado para el desmantelamiento y sometimiento de organizaciones al margen de la ley, y reglas para la consolidación de la paz total, el orden público y la seguridad ciudadana”.
Es absolutamente necesario un marco jurídico, pero el proyecto tiene muchos problemas que merecen atención: Primer problema. Los potenciales beneficiarios quienes no quieren ir cárcel. Bastaría un repaso por los comunicados de los grupos armados para intuir que quieren una amnistía total o un indulto. Tendría razón la congresista Catherine Juvinao cuando dice ‘que preocupa que se trate de coqueteos con armados en diálogos descoordinados con bandolas que no ha servido para nada más que fortalecerlos’.
Ha dicho la Corte Suprema que no pueden ser beneficiarios quienes habiendo participado de un proceso de paz anterior, hayan reincidido en la violencia. Para estas personas solo sería constitucional un mecanismo de sometimiento a la justicia. El senador Ariel Avila, de la Comisión I, ha dicho que sin marco jurídico no hay forma de saber cómo se tramitarán los delitos cometidos por miembros de disidencias.
Esta semana se anunció entrega del armamento de la disidencia de la disidencia, Walter Mendoza, dentro de un acertado acuerdo territorial, que aunque menor es positivo pero que se quedará corto sin ley de sometimiento a menos que se opte por el sometimiento colectivo bajo principio de oportunidad.
Y hablando de beneficiarios por ejemplo queda también en la aterradora oscuridad a cambio de qué se negocia en las cárceles con grupos como los Costeños y los Pepes.
Es importante atender análisis realizados por Ideas para la Paz con posibles beneficiarios por atomización de actores debido a fragmentación del ecosistema criminal.
Segundo problema. Riesgos de inconstitucionalidad advertidos por la forma en que haga trámite, si es que llegan a hacerlo. Se trata de ley estatutaria u ordinaria: según la Defensoría del Pueblo, al regular instrumentos de la justicia transicional, debe hacerse vía norma estatutaria. No puede este gobierno improvisar en el trámite legislativo.
Tercer problema. La ausencia de víctimas en lo que tiene que ver con los mecanismos de reparación y su participación en el proceso de diseño de la ley.
Cuarto problema. La colaboración eficaz. La Defensoría del Pueblo y la Fundación Ideas para la Paz coinciden en que no es realista por decirlo de alguna manera pretender la delación. Pero si debiera poderse trabajar en un tipo de colaboración que permita perseguir a las estructuras que no hagan parte de estos procesos de negociación
Quinto problema. La inclusión de las protestas urbanas. La protesta no es conducta del crimen organizado como bien lo ha dicho la Defensoría. Los delitos asociados a la protesta deben ser tratados de otra manera. Esto sin contar con el riesgo de afectar el derecho consagrado a la protesta como tal.
El problema mayor es que estas mesas de negociación quedarán para otro gobierno. Este proyecto de Ley, con la coalición del gobierno resquebrajada y en pleno año electoral, no tiene futuro. Sí deberían los expertos ocuparse de diseñar una verdadera ley de sometimiento, que empiece por identificar los delitos, especialmente los que de ninguna manera pueden ser considerados delitos políticos.
