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El gobierno insiste en hacer explícita su hostilidad hacia la independencia del Banco de la República. Ha acudido al agravio, al insulto personal, al matoneo y a la amenaza. La sociedad civil tiene el deber de rechazar ese comportamiento, de rodear al Banco, protegerlo y respaldarlo. Porque lo que revela esta reacción visceral del gobierno es la inconformidad con el imperio de la ley y la separación de poderes que hacen parte del ordenamiento institucional vigente. Porque lo que está de por medio en esta controversia no es un simple capricho tecnocrático sino la defensa de los fundamentos de la democracia liberal y de las libertades individuales. Además de ser una infamia, es inaceptable que un gobernante califique de genocida a una codirectora de la Junta Directiva del Banco por negarse a suscribir sus disparates.
En su afán por saltar por encima de las restricciones que le establecen las instituciones, el gobierno intenta trasladar la discusión de la política monetaria a la campaña electoral, para someter al gerente del Banco al escarnio público. El foro adecuado para discutir la política monetaria es la Junta Directiva del Banco, de la cual hace parte el ministro de Hacienda. Esa discusión se lleva a cabo con documentos rigurosos y planteamientos técnicos, no con conceptos ideológicos. Los argumentos del ministro no han logrado convencer a la mayoría de los miembros de la Junta. La política monetaria alternativa que el gobierno desea es la misma de los regímenes populistas autoritarios, que consiste en envilecer la moneda y financiar el gasto gubernamental con emisión monetaria.
A continuación, transcribo lo que escribí hace veinticuatro años en defensa del Banco, en el artículo Favor No Dispararle al Pianista, y que vuelve a adquirir actualidad:
‘En ningún país civilizado se fijan las tasas de interés nominales o se interviene en el mercado de divisas a través de consultas plebiscitarias o en asambleas populares. Esa es una tarea especializada que desempeñan en forma aislada un número reducido de profesionales, dentro de parámetros fijados por la autoridad política, bajo el control posterior del poder legislativo.
...el Banco de la República tiene menos poder de lo que generalmente se cree. ...no estoy revelando ningún secreto al afirmar que el Banco no está en capacidad de afectar directamente la tasa de crecimiento económico o el nivel general de empleo. Tampoco puede determinar la tasa real de cambio ni la tasa de interés de largo plazo.’
‘Lo que sí puede hacer el Banco, como lo hacen los bancos centrales serios en todo el mundo, es procurar que la búsqueda de los otros objetivos macroeconómicos se lleve a cabo en condiciones de baja inflación y relativa estabilidad de precios. El cumplimiento de esa sola misión describe la utilidad social y justifica la existencia del Banco de la República como una institución despolitizada, meritocrática e independiente.’
