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El estado de la reforma pensional en la Corte Constitucional es el siguiente: la demanda que iba más adelantada, que era la de la senadora Paloma Valencia, y estaba en el despacho del magistrado Jorge Enrique Ibáñez ya con ponencia negativa, se atrasó por un error de la sala, pues no se discutió la inhabilidad de la magistrada Diana Fajardo.
De manera que otra demanda, la que estaba estudiando el despacho del magistrado José Fernando Reyes, parece ir más adelante, pues de esta pidieron el concepto de la Procuraduría General, un paso requerido para el estudio constitucional.
El problema es que el tiempo para tomar una decisión empieza a agobiar. La reforma entra en vigencia el 1 de julio, es decir, faltan 96 días y con Semana Santa de por medio, el país podría estar ante una situación casi inédita, al menos para un tema tan crítico como son las pensiones: que sin terminar de resolver si la reforma es constitucional o no el país tenga que ponerla en práctica con todos los cambios profundos que ella supone.
Desde la Corte Constitucional dan un mensaje de tranquilidad diciendo que es altamente posible que para mayo ya esté tomada una decisión, es decir, cuando quedarían poco menos de dos meses para entrar en vigencia la reforma. Ojalá se le dé premura al debate y vivamos unas largas innecesarias sobre un tema que provoca gran incertidumbre en el país. En la Corte están evaluando si declaran la urgencia nacional, una decisión que podría tomarse hoy mismo, y que reduce los términos de fallo a la mitad. Lo cual sería una buena noticia porque con la premura que hay no tiene sentido que la Procuraduría, por ejemplo, se tome 30 días hábiles para dar su concepto.
Con este tema de la reforma pensional el país está caminando sobre el filo de la navaja. Nueve meses después de ser aprobada por el Congreso, el 14 de junio de 2024, y de haber sido sancionada por Petro un mes después, los colombianos no tengamos claridad qué va a quedar en firme, si se va a caer totalmente, si pasará el examen del alto tribunal y si éste lo devuelve a la Cámara para que vuelva a hacer el debate y se corrijan los vicios de forma.
Por eso estamos en la situación un tanto absurda de que todo el país se está preparando para estar listo para la aplicación de la reforma: los trabajadores corrieron a elegir fondo privado, Colpensiones en teoría está ajustando su estructura para recibir 19 millones de afiliados nuevos y las administradoras de fondos privados han invertido millones de dólares para cumplir con los lineamientos de la pensional... pero la reforma está aún en el limbo.
Hay que decir que estamos en esta coyuntura ambigua por culpa del Congreso y del gobierno de Gustavo Petro que, en su afán por sacar adelante el proyecto permitieron que se aprobara a pupitrazo, y sin el debate debido, en la plenaria de la Cámara de Representantes. La corporación ratificó lo aprobado en el Senado, sin ninguna discusión, y sólo le incluyó, a último momento, un controvertido artículo del senador indígena Richard Fuelantala, quién propuso un trato diferencial en pensiones para los pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales palenqueras y campesinos, es decir, cerca del 40% de la población.
Desde el momento de su aprobación expertos constitucionalistas advirtieron que este trámite apresurado era un vicio de forma y podría llevar a que el proyecto fuera declarado inexequible. Las demandas son muchas, la de la senadora Paloma Valencia, por ejemplo, alegó que se violó el principio de consecutividad porque no se dio ningún debate y no se estudiaron cerca de 700 proposiciones de los representantes a la Cámara.
El magistrado Jorge Enrique Ibáñez presentó una ponencia en la que propone anular el proyecto, lo que levantó la protesta del presidente Petro, que cada vez que puede aprovecha la oportunidad para llamar a la gente a que salga a las calles para presionar a la Corte.
Si se llega a caer la reforma ¿qué pasará con los que se trasladaron de régimen pensional? ¿La decisión del alto tribunal tendrá efectos retroactivos o no? ¿Qué pasaría con las millonarias inversiones de Colpensiones y las administradoras de fondos privados, que ahora se llaman Administradoras de Recursos Adicionales (Accai) para atender los requerimientos de la pensional?
Lo que no se afecta, contrario a lo que dice el gobierno, es el beneficio de 223.000 pesos para cerca de dos millones de adultos mayores en situación de vulnerabilidad porque estos recursos se pueden seguir girando como parte del programa Adulto Mayor, que lleva operando en el país hace varios años. Petro lo sigue utilizando como su caballo de batalla, desinformando a los beneficiarios.
Son innumerables los impactos de la reforma pensional. Si se cae en su totalidad volveremos a empezar de ceros y si se declara exequible total o parcialmente los impactos en las finanzas públicas y en quienes tienen expectativas de pensionarse serán grandes. Independientemente del resultado, más temprano que tarde el país tendrá que volver a abordar este debate porque quedaron muchos temas sin resolver relacionados con una mayor cobertura, el aumento de la edad de pensión y de las cotizaciones, entre otros.