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Hay un momento en el Fausto de Goethe en que el protagonista ya no soporta más la distancia entre lo que sabe y lo que puede, entonces llama al diablo. El trato es simple: el alma a cambio de poder moldear el mundo a su antojo. Lo que la obra advierte es que ese poder no transforma el mundo. Transforma al que lo ejerce. Lo corroe. Lo vacía. Y al final, lo condena.
Gustavo Petro firmó su pacto hace rato. Pero faltando 100 días para que termine su gobierno, queda claro que está dispuesto incluso a incendiar lo que queda antes de salir de la Casa de Nariño.
No hay otra manera de leer lo que está ocurriendo. Un presidente que debería estar rindiendo cuentas está, en cambio, amenazando al Banco de la República, intentando tomar los ahorros de los trabajadores y nombrando a un imputado por la Fiscalía para administrar los recursos de la salud.
Nombrar a Daniel Quintero como Superintendente de Salud es una confesión de que en este gobierno la corrupción no es considerada un problema. Quintero convirtió el conglomerado público de Medellín en patio trasero de sus ambiciones. De ahí las cerca de 50 imputaciones que pesan sobre su equipo de gobierno.
Que Petro lo elija para administrar el dinero de la salud —un sector que ha dejado a millones de pacientes en vilo tras el desplome de varias EPS— no puede interpretarse como descuido. Petro, como en el pacto del Fausto, cree que Quintero puede servirle de algo. Así como cuando le creyó que sacaría 1 millón de votos en la consulta.
Esta designación llega, además, en el mismo momento en que estallan las denuncias de Angie Rodríguez, su propia mano derecha en el Dapre. Y mientras esas denuncias circulan, el presidente guarda silencio. No dice una palabra sobre cómo va a frenar el robo. Ratifica a Quintero. Y sigue.
La reforma a la salud no era una discusión sobre modelos de atención ni sobre cobertura ni sobre calidad como se quiso mostrar: era una disputa por quién maneja la caja.
Si la salud es el primer círculo del infierno, las pensiones son el segundo. El gobierno acaba de expedir un decreto que obliga a los fondos privados de pensiones a trasladar a Colpensiones, en menos de un mes, 25 billones de pesos. No son recursos del Estado. Son los ahorros de los trabajadores colombianos: plata que hoy está invertida para garantizar a quien ahorró durante décadas una mesada digna al final de su vida laboral. Los fondos ya anunciaron demanda.
Hay además un segundo decreto que obliga a los fondos a liquidar parte de sus inversiones en el exterior para repatriarlas. Juntos, los dos decretos dibujan el mismo mapa: sacar el dinero de donde está trabajando para los pensionados y meterlo donde el gobierno pueda decidir en qué se gasta.
En cuanto a los recursos por $25 billones, según la reforma pensional, deben quedar depositados en un fondo del Banco de la República. Pero como el fondo no se ha creado, el Gobierno quiere que lleguen a su bolsillo. Y ahí es donde el plazo de 20 días se vuelve sospechoso: ¿cuál es el afán en plena coyuntura electoral?
El asalto a la salud y a las pensiones no ocurre en el vacío. Es el clímax de un proceso de destrucción institucional que se acelera ahora. Petro acabó con la regla fiscal —esa herramienta que le daba tranquilidad a los mercados fijando un tope al gasto y al endeudamiento— y hoy vemos los resultados: la deuda disparada, el gasto sin freno, y un proyecto de presupuesto de 600 billones de pesos del cual solo la mitad está financiado con impuestos. Lo demás es deuda. Colombia está montada en una espiral de endeudamiento que el próximo gobierno heredará como una bomba de tiempo con la mecha encendida.
Atacó al Banco de la República por hacer exactamente lo que debe hacer: subir las tasas para controlar la inflación. Calificó esa política de “tontería” —la misma que ha evitado que Colombia termine como Argentina o Venezuela–. No satisfecho con eso, su ministro de Hacienda anunció que quiere modificar la meta de inflación del 3% al 4% o 5%. Traducido: quieren más inflación. Los que pagan esa inflación adicional no son los funcionarios del MinHacienda. Son los colombianos en el mercado.
Expulsó al sector privado de la salud y quebró las EPS. Eliminó subsidios del Icetex y encareció los créditos de miles de estudiantes. Acabó con Mi Casa Ya —que desde 2015 le había cumplido el sueño de la vivienda a miles de familias— porque consideraba que beneficiaba a los constructores. Se deshizo de Thomas Greg & Sons, que durante 17 años suministró los pasaportes sin mayor queja, para entregarle el proceso a la Casa de la Moneda de Portugal y a la Imprenta Nacional: el resultado es un enredo que todavía tiene más dudas que certezas. La lógica en todos estos casos es la misma: si funciona y no lo controlo yo, hay que destruirlo.
La pregunta que queda no es si Petro firmó el pacto. Es si el Congreso, la Corte Constitucional y la ciudadanía tienen todavía la capacidad de evitar que el pacto se ejecute por completo. Quedan tres meses. No es mucho tiempo. Pero tampoco es nada.