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Si el Rey Midas era aquel monarca que todo lo que tocaba lo convertía en oro, el presidente de Colombia Gustavo Petro hace pinitos para ser ese Rey Midas, pero al revés, es decir lo que toca lo vuelve todo lo contrario.
Así lo ve el país con la destrucción del sistema de salud, considerado ejemplar en América Latina, y bien calificado por más del 85% de la población colombiana.
Ahora el turno es para hablar de lo que Petro ha hecho con el sistema eléctrico. El sistema colombiano, luego del apagón de los años 90, brilló literalmente porque se ha mantenido encendido en un evidente contraste con múltiples apagones en países como Ecuador, México, Argentina, Venezuela, Brasil, Panamá, Perú, Guatemala y El Salvador y han alterado la vida cotidiana de millones de personas.
En estos tres años y medio, Petro no solo incumplió su promesa de bajar las tarifas de energía, sino que la emprendió contra el sector eléctrico y lo tiene contra las cuerdas. Ha estigmatizado a las generadoras de energía, a las que acusa de ganar más que Pablo Escobar. Cuando lo que hemos visto son unas empresas que hicieron enormes inversiones y han logrado que no se tenga que cortar la energía a pesar de las adversidades.
Petro ha mantenido en interinidad a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). Les tomó del pelo a los habitantes de la costa Caribe con supuestas rebajas de tarifas, y ha intentado cambiarles las reglas de juego a las empresas una y otra vez. Y no ha logrado avances relevantes en proyectos eólicos y solares, por el contrario las empresas se han retirado y los equipos se dañan al sol y al agua.
Para ajustar, Petro está encartado con Air-e, una de las dos empresas que prestan el servicio de energía en departamentos del Caribe, la misma a la que decidió intervenir, en una operación que deja un manto de dudas. Parece que el gobierno quiere volver al viejo modelo estatista, burocrático y corrupto que reinaba en el país antes de la década de los 90 que voló en pedazos con el gran apagón que vivieron los colombianos. No es de extrañar que, saltándose al Congreso, cree nuevos impuestos y expida regulaciones que generan mayor incertidumbre y frenan la inversión.
En la última ocurrencia amparado en la emergencia económica –que en buena hora la Corte Constitucional suspendió anoche–, creó dos impuestos a las generadoras de energía entre las que están EPM, Celsia, Enel, AES Colombia, Isagén y Urrá, entre otras, así como las térmicas como TermoCartagena, Termotasajero, Termocandelaria, TermoenCali, Tebs, Gecelca y muchas más. Estos impuestos tendrían graves repercusiones en su operación y rentabilidad e incidirían en un aumento de tarifas para los usuarios.
Por lo pronto, los decretos quedan suspendidos. Pero habrá que esperar si la Corte tumba definitivamente el estado de excepción o si Petro decide imponer estos impuestos de alguna otra manera.
Uno de los gravámenes es –o era– una contribución parafiscal para fortalecer un Fondo, administrado por la Superintendencia de Servicios Públicos, para sostener procesos de intervención como el de Air-e. Es decir, iba a poner a todas las empresas a pagar la quiebra de Air-e. Esta contribución equivaldría al 2,5% de las utilidades antes de impuestos obtenidas por las generadoras el año anterior.
El segundo gravamen es un aporte de energía que deben hacer las empresas de generación hidráulica y que participan en el Mercado de Energía Mayorista. Deberán entregar mensualmente el 12 % de la energía vendida en la bolsa eléctrica, que será distribuida entre las empresas intervenidas para garantizar continuidad del servicio.
Con recursos y la energía de las generadoras se pretende salvar a la empresa Air-e, intervenida por el gobierno en septiembre de 2024. Esta empresa hace el suministro de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira, un mercado de 1,3 millones de hogares. En ese momento Aire tenía deudas por $1,8 billones. Lejos de solucionar los problemas, la intervención los agravó, lo mismo que pasó con la intervención de las EPS.
Se repite la historia de lo que toca el gobierno lo daña o lo corrompe. En esta empresa se denunciaron escándalos de corrupción bajo la administración de Edwin Palma Egea, actual ministro de Minas y Energía, y quien para la época fue designado interventor de Air-e. En la intervención se agudizaron los apagones y cortes del servicio, aumentaron las deudas y se denunciaron casos de nepotismo porque Palma nombró a su primo hermano Juan Pablo Nieto Egea como gerente de contabilidad de la empresa. La revista Cambio denunció que estarían maquillando cifras y que se firmaron contratos de manera irregular y con millonarios sobrecostos.
Más de un año después de la intervención de Air-e, la situación es peor de la que se encontró y el gobierno quiere solucionar los líos que creó con la plata y la energía de todas las generadoras del país.
El tema es tan crítico y abusivo que la Asociación Colombiana de Generadores de Energía (Acolgén) dijo que estas medidas ahuyentarán la inversión en un sector en el que se han invertido $140 billones en los últimos años y que demanda entre 10 y 13 billones anuales para garantizar el servicio. Por su parte Andeg, que congrega a las termoeléctricas, denunció que se afecta la estabilidad del sector y que el impacto de las medidas en las empresas sería de $300.000 millones sobre las utilidades, a lo que se suma que Air-e les adeuda $1,2 billones.
El tema es crítico. Petro juega con candela poniendo en riesgo la estabilidad del sector energético que ha hecho millonarias inversiones para garantizar el servicio y evitar nuevos apagones.