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La decisión del gobierno de Donald Trump de adquirir un 10% de participación en Intel marca un punto de inflexión en la política industrial de Estados Unidos y en la forma en que el país afronta el desarrollo de capacidades tecnológicas estratégicas en la era de la IA.
Con un desembolso de 8.900 millones de dólares, el Estado norteamericano no solo pasaría a ser el principal accionista de la icónica compañía de chips, sino que también asumiría un papel activo en la definición de su rumbo.
No se trata de una inversión con un propósito meramente financiero. Es una acción defensiva en una industria cuyo destino, más que el de cualquier otra, será determinante en términos geopolíticos: la compra busca evitar que Intel se desprenda de su unidad de manufactura, precisamente cuando las fábricas de chips son vistas como activos tan vitales como los astilleros en tiempos de guerra.
El movimiento es llamativo porque Intel, que durante décadas fue sinónimo de liderazgo tecnológico y referente indiscutible en la fabricación de semiconductores, atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia. La compañía perdió terreno frente a rivales más ágiles como AMD y, sobre todo, frente a TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), el gigante taiwanés que hoy produce casi todos los chips más avanzados del mundo.
Intel, en las últimas décadas, ha sufrido una sucesión de errores estratégicos: desde su fallido intento de incursionar en los chips para teléfonos móviles, hasta retrasos crónicos en el desarrollo de nuevas tecnologías de fabricación. Sus ingresos cayeron de 80.000 millones de dólares en 2021 a poco más de 50.000 millones en 2024, y el año pasado acumuló pérdidas por cerca de 20.000 millones. Su cuota de mercado, que una vez alcanzó más del 90 % en segmentos clave, se ha reducido drásticamente. El otrora símbolo del “milagro de Silicon Valley” ahora sobrevive gracias a subsidios gubernamentales y la venta de muchos de sus activos.
Pero la historia de Intel no se entiende sin considerar el tablero mayor: la geopolítica de los semiconductores.
No es casual que el auge de TSMC coincida con el declive de Intel: fundada en 1987 por Morris Chang, la compañía perfeccionó un proceso industrial eficiente que la convirtió en el fabricante de referencia para prácticamente todas las grandes tecnológicas estadounidenses —Apple, Nvidia, Qualcomm—, con producción desde sus fábricas en Taiwán, una isla cuyo estatus político es disputado por China. Esta dependencia de una única fuente para productos como el iPhone y, cada vez más, para los chips utilizados en los centros de datos que potencian los modelos más potentes de IA, constituye una vulnerabilidad estratégica de enormes proporciones para Estados Unidos y, en general, todo Occidente.
Los avances de China en esta área —desde el control casi monopólico de tierras raras hasta el desarrollo acelerado de capacidades propias en diseño y fabricación de chips— han llevado a Estados Unidos a reformular su enfoque: es una política de Estado buscar que, a futuro, la “soberanía” de semiconductores no dependa únicamente de TSMC y Taiwán.
Aunque la administración Biden fue la primera en articular una política industrial coherente a través del CHIPS Act, con Trump esa estrategia se ha convertido en doctrina.
El nacionalismo económico —antes discurso, ahora acción— se traduce en compras directas, control accionario, aranceles selectivos y presión sobre empresas para que produzcan o compren localmente tecnologías estratégicas para la era de la IA generativa. El caso Intel es solo el más visible: el Pentágono, por ejemplo, también anunció que adquiriría una participación directa en MP Materials, empresa dedicada a la producción de tierras raras.
En la era Trump, se está erigiendo una versión estadounidense de capitalismo dirigido, donde la seguridad nacional justifica intervenciones antes impensables en el libre mercado. A diferencia del software o de las redes sociales, la fabricación de semiconductores exige inversiones masivas, planificación a décadas y poco margen de error. TSMC domina el sector no solo por innovación, sino porque ha alcanzado volúmenes de producción que Intel tardaría años en igualar. Que Intel pueda volver a competir requerirá inversiones y una disposición a acumular pérdidas en el corto plazo que no necesariamente encontrarán eco entre los inversionistas de Wall Street, sino en el mayor doliente de una pérdida de control en la cadena de suministro de chips: el gobierno de Estados Unidos.
Ahora bien, la intervención del Estado en Intel entraña riesgos considerables. Podría generar dependencia, desincentivar la competencia e introducir criterios políticos en decisiones técnicas. Pero también es, paradójicamente, lo único capaz de ofrecer una señal creíble al mercado sobre el futuro de la compañía. En este escenario, la participación gubernamental no es solo un salvavidas financiero para Intel, sino una promesa tácita de supervivencia, imprescindible para atraer clientes estratégicos como Nvidia y las principales compañías de tecnología.
Los chips se asemejan hoy a lo que el petróleo fue en el siglo XX: las decisiones que se tomen respecto a su futuro trascenderán los resultados trimestrales y, cada vez más, se enmarcarán en términos de políticas de Estado.