En Colombia al menos una de cada tres personas (37,8 %) considera que la corrupción es el principal problema del país. La problemática es de tal calado que ya supera con creces a frentes tan sensibles para un ciudadano como la inseguridad o el narcotráfico (25 %), la salud (12,3 %) o el desempleo y la pobreza (9,4 %), según dejó al desnudo la más reciente encuesta de la firma AtlasIntel.
La crisis es creciente y durante el Gobierno de Gustavo Petro no ha dado tregua. Por el contrario, se ha agravado a niveles insospechados: cada semana se conoce algún hallazgo, denuncia o revelación que pone en entredicho el cacareado discurso que prometía el hoy primer mandatario durante campaña.
Una muestra del deterioro son los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) que presenta este martes la organización Transparencia Internacional y que evidencian que durante 2025 Colombia obtuvo una calificación en la medición de 37 puntos sobre 100 y se ubicó en el puesto 99 entre 182 países.
“Estos resultados representan un retroceso frente a 2024, cuando el país alcanzó 39 puntos y ocupó el puesto 92, lo que implica una caída de siete posiciones en el ranking global en un solo año. Aún más, en comparación con 2023, cuando Colombia logró el mayor puntaje de la última década (40 puntos sobre 100), el país evidencia una tendencia descendente sostenida tanto en puntuación como en posición relativa, reflejando la fragilidad de los avances alcanzados en la percepción de la corrupción”, alerta el informe.
Según el documento, lo que ha sobresalido durante la última década, incluyendo el Gobierno de Gustavo Petro, son “estancamientos y retrocesos sostenidos”. Sin embargo, en el resultado de 2025 lo que salta a la vista es que, “tras varios años con puntajes cercanos a los 39 y 40 puntos, el país no logró consolidar una tendencia de mejora en la percepción de la corrupción en el sector público”.
El asunto es crítico. Recién este lunes, se conoció que la Fiscalía General de la Nación, después de meses de silencio e investigación, finalmente formulará pliego de cargos contra Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol, por violación de topes en la campaña Petro en su rol de gerente, así como por tráfico de influencias por la cuestionada adquisición de un lujoso apartamento.
No es el único caso. El ente acusado también confirmó que imputará cargos a Juliana Guerrero por fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, relacionados con presuntas irregularidades en trámites y documentos presentados en la Fundación de Educación Superior San José. La imputación también cobija a Luis Carlos Gutiérrez, exsecretario general de la institución.
Horas después de esos anuncios, el país conoció una denuncia de Camilo Enciso, exsecretario de Transparencia durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, en el que se advierte por un presunto desvío de recursos de la banca de desarrollo territorial Findeter para, al parecer, beneficiar a municipios cuyos alcaldes serían afines al Ejecutivo.
“Desde 2024, las directivas de la entidad habrían priorizado la asignación de recursos del programa Transformando Regiones con criterio político”, denunció Enciso.
Hechos de este calibre, según Transparencia Internacional y su capítulo Colombia, se conocen justo en el último año de gobierno y en plena época electoral.
“Hay una brecha creciente entre las expectativas iniciales de transformación y los resultados percibidos por la ciudadanía. La persistencia de escándalos de corrupción en el alto gobierno, sumada a la ausencia de una política pública anticorrupción robusta y sostenida, ha profundizado el escepticismo y la desconfianza frente a la capacidad del Estado para enfrentar este fenómeno de manera estructural”.
De cara al nuevo gobierno y en búsqueda de respuestas estructurales, el organismo insta a que la lucha contra la corrupción se vuelva una prioridad estratégica, abarcando asuntos como liderazgo ético “desde el más alto nivel”, una política pública en la materia que sea integral y sostenida, y medidas que incluyan tanto una oportuna prevención como una sanción ejemplarizante.
UNGRD, la suma de muchas formas de corrupción
El caso de la Unidad de Gestión del Riesgo (UNGRD) sigue sacudiendo los cimientos del Ejecutivo. El escándalo consistió en la desviación de recursos públicos destinados a atender emergencias. Sin embargo, al parecer, esa plata terminó usada como botín político.
La promesa de dignificar territorios y atender necesidades en zonas vulnerables como La Guajira se quedó en palabras, con el agravante de que las presuntas irregularidades abarcaron diferentes niveles: ministros procesados por la justicia, congresistas –incluidos presidentes de Senado y Cámara– recluidos, así como asesores y altos funcionarios salpicados y rindiendo cuentas.
Quizá lo ocurrido con Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, ejemplifica con creces la indignación alrededor de la corrupción. Aun cuando es señalado de ser uno de los cerebros del escándalo, terminó asilado en Nicaragua con la venia de la diplomacia colombiana. Una foto suya celebrando el fin de año a son de parranda vallenata mientras es buscado con circular roja de Interpol es una muestra de la impunidad.
Trampa y financiación prohibida en la campaña Petro
El viejo adagio popular reza que “desde el desayuno se sabe cómo será el almuerzo”. En el caso de la campaña de Gustavo Petro, el Consejo Nacional Electoral (CNE) determinó en junio pasado que para llegar a la Casa de Nariño, el “Gobierno del Cambio” acudió a la trampa y se saltó las reglas de juego electoral con tal de asegurar poder.
Según el organismo, durante primera y segunda vuelta, la campaña Petro Presidente violó los topes electorales en más de $3.042 millones. Además de omitir reportes e incurrir en manipulación contable, se concluyó además que se financió con fuentes prohibidas al recibir recursos de entes como la Federación Colombiana de la Educación (Fecode) o la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO).
Entre los desembolsos no reportados que llevaron a la superación de los topes figuran pagos a testigos electorales, donaciones de personas jurídicas y gastos de transporte aéreo. Se trata de asuntos que, sin duda, son decisivos a la hora de ganar o perder una contienda electoral.
Por estos hechos, el CNE declaró responsables al entonces gerente de campaña y actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán; a la tesorera, Lucy Aydee Mogollón Alfonso; y a la auditora interna, María Lucy Soto Caro.
Carrusel de falsos títulos para llegar a la casa de Nariño
La corrupción también golpeó uno de los frentes más sensibles de la sociedad: la educación. El fallido nombramiento de Juliana Guerrero en el Ministerio de la Igualdad, aun sin presuntamente cumplir los requisitos y faltando al mérito, destapó un cúmulo de irregularidades en la Fundación Universitaria San José.
Como reveló EL COLOMBIANO, la obtención de un título en la institución podría costar hasta $20 millones. Lo anterior a través de supuestos “gestores”, que contactan a los interesados mediante cadenas de referidos y chats de WhatsApp.
Las denuncias no solo salpican a Guerrero, sino que incluirían el primer anillo del presidente. La secretaria de Petro, Nelfy Melo Morales, fue señalada por haber obtenido tres títulos académicos el mismo día en la cuestionada San José.
Desde el Congreso se ha denunciado un presunto cartel de diplomas irregulares que involucran a funcionarios de 16 entidades del Gobierno. Según una investigación, entre 2023 y 2025 estas contrataciones le habrían costado al Estado más de $1.100 millones.
¿Corrupción tocó la puerta de la familia del Presidente?
La presunta corrupción durante el Gobierno Petro también se coló a su casa. Desde los albores de su mandato, su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, fue señalado de recibir supuestos recursos con destino a la campaña del “cambio”, pero que, al parecer, resultaron en sus bolsillos. Por ello, enfrenta un proceso por supuesto enriquecimiento ilícito.
Basada en pruebas documentales y en el testimonio de Day Vásquez, la Procuraduría sostiene que entre julio de 2021 y finales de 2022 el hijo mayor del presidente acumuló un incremento patrimonial que no tiene justificación legal y que asciende a $1.053 millones.
Por si fuera poco, también responde por seis cargos en una investigación por presuntos hechos de corrupción cuando era diputado de la Asamblea del Atlántico. El caso contradice las banderas del hoy mandatario, teniendo en cuenta que su hijo es señalado de incurrir en presuntos hechos de corrupción con recursos destinados a adultos mayores en condición de vulnerabilidad.
Se trata de uno de los grupos poblaciones sobre los que el jefe de Estado ha creado una narrativa con consignas de “dignidad” y de “lucha contra la pobreza”.
“El acuerdo corrupto consistía en una serie de contratos en la Gobernación a favor de la Fundación FUCOSO, con el propósito de apropiarse de recursos del ente departamental, entre tanto, una gran parte de estos, no eran usados para el objeto contractual que fue creado, sino para repartirse ilícitamente”, alertó la Fiscalía.
Denuncian que Inteligencia estuvo al servicio del crimen
En medio de la crisis de seguridad y orden público que afronta el país, otra denuncia que pesa contra el Gobierno está relacionada con la presunta infiltración de los servicios de inteligencia por parte de organizaciones al margen de la ley.
El escándalo es mayúsculo: un presunto entramado desde la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) que habría facilitado un cruce de información a favor de las disidencias para hacerle el quite a la justicia, hasta propuestas para crear de manera conjunta con los criminales una empresa de seguridad como fachada para movilizar hombres y armas anticipando el fracaso de los diálogos de paz con el Gobierno.
La denuncia tiene como protagonistas al general Juan Miguel Huertas, quien fuere jefe de comando de personal del Ejército; así como Wilmar Mejía, alto funcionario de la DNI, con alias “Calarcá”, jefe de las disidencias de las Farc.
Como si el escándalo no fuera mayor, se conoció que, pese a tener información sobre la presunta actividad criminal de “Calarcá”, la Fiscalía no habría actuado con celeridad.
“Hay una gran incoherencia: el cambio y lo que se ve”
Entrevista a Andrés Hernández, Director de Transparencia por Colombia.
¿Qué factores explican la caída de Colombia de 39 a 37 puntos y el descenso de siete posiciones en el ranking global del Índice?
“En el último año el país ha evidenciado múltiples escándalos de corrupción, en particular en el ámbito del alto gobierno, que generan pesimismo y frustración en la ciudadanía, además de mucha desconfianza desde quienes elaboran estos análisis a nivel externo.
No se están evidenciando transformaciones reales y sostenidas en el tiempo. Eso configura un escenario de deterioro, mayor afectación de la corrupción en el sector público y la falta de una respuesta contundente, con capacidad de articulación y el liderazgo coherente”.
El informe habla de una brecha entre las expectativas y los resultados en el Gobierno Petro. ¿Dónde cree usted que falló principalmente la agenda anticorrupción del Ejecutivo?
“Durante el primer año de gobierno no vimos que este fuera un tema prioritario, a pesar de los anuncios de campaña. Fue una agenda muy reactiva a los primeros escándalos asociados principalmente a la financiación de la campaña del presidente.
En el año reciente, los escándalos se han disparado e involucran a personas cercanas al vínculo más interno de gestión del presidente. Hay una gran incoherencia entre el principio de cambio planteado y lo que el país ve en la práctica, sumado a escándalos en la modificación de perfiles de funcionarios para incorporarse a entidades y embajadas”.
¿Qué riesgos implica llegar a un año electoral con una percepción de corrupción alta y persistente?
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