José Ignacio Arango se convirtió en 2025 en el periodista más amenazado de Colombia. Se trata del director del medio Noticias Cúcuta 75 y solo el año pasado recibió más de 10 intimidaciones.
Según advierte la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), desde 2024, Arango ha sido víctima de 32 agresiones a su integridad, que van desde seguimientos, acoso, pasando por obstrucción a su labor periodística e incluso desplazamiento forzado.
“He optado por alejarme y no frecuentar a mis seres cercanos para no ponerlos en riesgo. Antes de esta situación salía a la calle sin preocupaciones; ahora, llevo dos escoltas conmigo para protegerme o debo permanecer escondido debido a los ‘planes pistola’ que estos delincuentes organizan en mi contra”.
Su caso no es aislado. Solo el año pasado, en Colombia hubo 469 agresiones contra la prensa; de ellas, 192 fueron amenazas y 61 casos de estigmatización.
Tras estas cifras inquietantes, los signos de alerta se intensifican, especialmente en un año electoral marcado por la polarización política, un escenario que tiende a incrementar los riesgos para el ejercicio del periodismo en Colombia, sobre todo en zonas donde la labor periodística se ejerce sin el respaldo de grandes empresas de comunicación.
Las señales de alarma
La alerta ahora es más llamativa por una conducta que comienza a crecer y a la que cada vez más están sometidos los periodistas en todo el territorio colombiano: los casos de acoso judicial para amedrentar o intimidar a la prensa.
Según el informe de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), se tienen documentados al menos 26 casos y en 15 de ellos hubo detrás un funcionario público.
Ante la conmemoración de otro Día del Periodista este lunes 9 de febrero, la directora de la FLIP, Sofía Jaramillo Otoya, habló con EL COLOMBIANO, caracterizó las dificultades y le mandó un mensaje directo al presidente Gustavo Petro, justo cuando está a seis meses de dejar su cargo: “Debería resaltar la labor de los periodistas y no fomentar más la estigmatización”.
Si bien la FLIP registró una reducción del 13 % en las agresiones contra periodistas el año pasado, alertó también que los ataques tuvieron “impactos más severos y persistentes” en la vida de los periodistas. ¿Cuál es el balance en materia de libertad de prensa?
“Lo que estamos viendo es que el entorno es cada vez más restrictivo para el ejercicio del periodismo.
Aunque las agresiones directas sean menores, muchos periodistas se replantean qué investigar y hasta dónde avanzar debido a que el tipo de agresión más elevado son las amenazas. Esta violencia es efectiva porque genera un silencio e intimidación mucho mayor para los propios periodistas y medios de comunicación.
Estas limitaciones afectan el flujo de información sin necesidad de recurrir a mecanismos explícitos de violencia, aunque sí los hubo el año pasado, como el asesinato de Óscar Gómez Agudelo en Quindío (una forma de violencia directa), el intento de homicidio contra Gustavo Chicangana en Guaviare y los ataques con explosivos en Cali contra tres medios de comunicación.
El entramado de amenazas, violencia directa, acoso judicial y estigmatización ha provocado que 14 periodistas se desplazaran forzadamente y siete se exiliaran.
Es gravísimo y el mensaje es claro de silenciamiento. Esto genera miedo, autocensura y vacíos de información en los territorios, haciendo que el periodismo en Colombia sea mucho más frágil”.
Ustedes alertan también por una cada vez más intensa forma de afectar el oficio: el acoso judicial. Es decir, demandas, tutelas y procesos penales emprendidos por particulares y funcionarios para frenar investigaciones. ¿Qué análisis hacen frente a este fenómeno?
“El acoso judicial es una de las formas más sofisticadas de censura porque utiliza el lenguaje de la legalidad.
Es una de esas agresiones que genera mucha soledad en el ejercicio del periodismo y supone una asimetría de poder muy grande, ya que quienes acosan suelen ser actores con mayor capacidad económica e influencia política, frente a periodistas independientes que no tienen un respaldo grande.
Esto genera un desgaste emocional, económico y de salud en los periodistas, incluso cuando los procesos no prosperan, porque la intención no necesariamente es obtener justicia, sino desgastarlos, ejercer presión y quebrarlos.
Un ejemplo claro es el caso de la periodista Lorena Beltrán, a quien se buscó castigar mediante múltiples acciones judiciales por investigar a médicos que ejercían sin títulos necesarios. El impacto personal la llevó al exilio y a enfrentar procesos en Estados Unidos.
Estamos solicitando a la Corte Constitucional que aborde este tema de manera prioritaria. Nos preocupa el efecto inhibidor sobre la prensa, pues el mensaje es que hay funcionarios y temas de los que no se puede hablar”.
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La FLIP también llama la atención sobre la falta de garantías y las respuestas insuficientes de la institucionalidad. ¿Qué análisis hacen del relacionamiento del presidente Gustavo Petro con los medios y cómo sus críticas constantes afectan la labor diaria de los periodistas?
“Para que la prensa funcione libremente, se necesita un ambiente propicio y condiciones óptimas. Esto requiere instituciones fuertes, una Fiscalía que investigue, una Unidad de Protección que entienda los riesgos y que los funcionarios públicos comprendan la importancia de la labor periodística para la democracia.
Cuando vemos discursos estigmatizantes, ese ambiente empieza a fracturarse y se vuelve hostil. Lo más grave es que cuando la estigmatización viene de las esferas más altas del Gobierno, el mensaje que se envía es que está bien agredir o amenazar, lo que a veces se traduce en violencia física.
Tras un tuit o una alocución, se ven ataques en redes sociales y en las calles, donde los periodistas no pueden ir a ciertos sitios o usar el logo de sus medios por estar estigmatizados. Se ha deteriorado el tono en la relación entre el Ejecutivo y los medios”.
¿Cuál cree que ha sido el gran pecado puntual del presidente en su relación con la prensa?
“La descalificación frecuente de los periodistas contribuye a instalar un clima de alta polarización.
Sugerir que los periodistas responden a intereses o que son adversarios erosiona la confianza pública que las audiencias tienen en la prensa. Se desconfía de la información.
Esto es especialmente preocupante en los territorios donde las garantías de protección son muy frágiles”.
De cara a los meses restantes de gobierno, ¿qué puede hacer el presidente para dar garantías al ejercicio de la prensa y bajar la polarización?
“Estamos en deuda de tener una política pública integral de protección a los periodistas que reaccione ante las agresiones y fortalezca estructuralmente el ecosistema informativo.
El presidente debería resaltar la labor de los periodistas y no fomentar más la estigmatización. Es vital proteger la labor periodística, especialmente en momentos electorales donde se requiere control hacia los candidatos y funcionarios”.
Finalmente, ¿qué indica la reconversión y reorganización que se está viendo de algunos medios tradicionales, donde hay fusiones y despidos masivos?
“Estos despidos y fusiones son síntomas de una transformación profunda del ecosistema informativo y de modelos de negocio tensionados por la caída de ingresos y la dependencia de plataformas digitales.
Lo que más nos preocupa es que, al reducirse las redacciones, hay menos periodismo, menos capacidad de investigar y menos profundidad, lo que resulta en menos vigilancia al poder. Esto impacta la democracia porque los ciudadanos tenemos menos acceso a la información.
Sin un periodismo independiente, el espacio público se llena fácilmente de desinformación y propaganda. Necesitamos fortalecer el ecosistema para que la sociedad tenga la información necesaria para tomar decisiones”.
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