¿Sabe japonés? Seguramente no. Menos sabrán o les interesará saber a las comunidades vulnerables del departamento del Magdalena. La Fundación de Educación Superior San José, relacionada con el caso de Juliana Guerrero, habría sido contratada para, entre otras, proporcionar docentes capacitados en ese idioma para enseñar en estas comunidades entre febrero de 2022 y febrero de 2023.
La denuncia de la representante Catherine Juvinao llega después de que la Fiscalía anunciara esta semana que imputará cargos a Juliana Guerrero y al exsecretario general de la San José, Luis Carlos Gutiérrez, por fraude procesal y falsedad ideológica en documento por los títulos académicos de esa institución que Guerrero presentó para posesionarse como viceministra de Juventudes.
Detalles del contrato
De acuerdo con la parlamentaria, a esta institución le entregaron un contrato de $12’571.656 millones de pesos para enseñar japonés a una población de cerca de 30.000 personas.
El documento, consultado en el Secop, se refiere a la prestación de servicios para apoyar a la Secretaría de Educación del Magdalena en la implementación del “Programa educativo flexible de alfabetización” en municipios para la educación de jóvenes, adultos y personas mayores vulnerables.
En uno de los puntos del contrato se habla de “ofrecer formación en dos idiomas (inglés y japonés) con entidad certificada. Con el fin de cualificar el personal docente que prestará el servicio de alfabetización”.
El contratante fue la Gobernación del Magdalena en el año 2022, cuando Carlos Caicedo, hoy envuelto en un escándalo por presunto acoso sexual, era gobernador del departamento.
Entre la población estarían incluidas, se reitera, personas en condición de vulnerabilidad y pobreza, víctimas del conflicto armado, población rural y campesina, grupos étnicos y población con discapacidad en municipios como Aracataca, Remolino, El Banco, Pivijay y Plato.
“Si la lengua oficial de esos municipios fuera el japonés se entendería, pero es el español”, dijo Juvinao.
La representante también expuso que el contrato fue entregado en una licitación pública que “realmente fue tipo sastre, visiblemente amañada, con único oferente, donde además se surtieron muchos cambios tanto en las condiciones del contrato como en los plazos de ejecución”.
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A su vez, la congresista hizo referencia a los escándalos por presunta venta de títulos que han rodeado a la San José:
“Esto es una evidencia más de lo que ya toda Colombia ha empezado a entender: esta institución no solamente vende títulos como si fueran panes, sino que además está funcionando como un contratadero. Se están haciendo a contratos multimillonarios con las entidades del Estado, muchos de ellos presuntamente amañados y profundamente cuestionables”, apuntó.
El contrato también ha contado con diferentes seguros que se han ejecutado por valores millonarios. Uno de ellos no ha finalizado, y tiene un valor de $11’475.142 millones de pesos, con fecha de finalización en agosto de este año.
Otra denuncia de Juvinao a la San José
A finales de enero de 2026, Juvinao denunció la existencia de un presunto cartel de diplomas irregulares expedidos por la Fundación de Educación Superior San José, cuyos beneficiarios habrían sido contratados o vinculados como funcionarios en al menos 16 entidades del Gobierno nacional durante la administración de Gustavo Petro.
Según la investigación, entre 2023 y 2025 estas contrataciones le habrían costado al Estado más de 1.100 millones de pesos.
De acuerdo con la congresista, el equipo que adelantó la verificación detectó 24 casos en los que los títulos profesionales o tecnológicos presentarían irregularidades graves frente a los requisitos legales.
La investigación identificó dos modalidades principales. En la primera, seis personas obtuvieron su diploma sin que exista registro verificable de haber presentado la prueba Saber Pro, examen obligatorio para acceder a un título profesional en Colombia.
En la segunda, 18 personas sí presentaron la prueba, pero lo hicieron después de haberse graduado, lo que va en contra de la Ley 1324 de 2009 y el Decreto 4216 de ese mismo año, que establecen que este examen debe aprobarse antes de la expedición del título.
Las medidas del Ministerio de Educación
Justamente ayer, cuando Juvinao realizó la denuncia pública, el Ministerio de Educación anunció medidas “preventivas y sancionatorias” en la institución salpicada por los escándalos.
“La medida más drástica era intervenirla, es decir, se remueven las directivas y el ministerio de Educación toma el total control de la institución. Pero no. Lo que les pidieron fue un plan de mejora, van a delegar a una inspectora del ministerio para que las mismas directivas corruptas sean las que mejoren la universidad”, señaló la representante por la Alianza Verde.
Queda por verse en qué terminarán los procesos actuales que se llevan contra esta institución de educación superior, y si siguen apareciendo más denuncias por contratos presuntamente irregulares.
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