El llamado se dio en medio de la controversia por comentarios del Gobierno que atribuyeron el hecho a un accidente en bicicleta y a medidas de prevención.
En medio de la controversia e indignación que persiste tras el fallecimiento del pequeño Kevin Acosta –quien no había recibido el medicamento que requería para tratar la hemofilia desde diciembre de 2025–, este jueves el procurador Gregorio Eljach elevó un llamado al presidente Gustavo Petro y al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, para que actúe con sensibilidad y ponderación frente al caso del menor fallecido.
“Hago un llamado vehemente a todo servidor público, a toda autoridad, especialmente a quienes ocupan los cargos de dirección del Estado –para no dar nombres propios, ministro de la Salud y presidente de la República–, para que actúen con un sentido de sensibilidad, consideración y respeto por el dolor ajeno, que es el mismo dolor de los colombianos”, reclamó Eljach.
Según el procurador, el presidente debe representar la unidad nacional, que es el mandato de la Constitución: “que considere que Colombia no atraviesa el mejor momento de su historia y eso exige consideración y ponderación con los demás connacionales en las actuaciones y expresiones de los altos mandos del Estado”, indicó.
Lo anterior, tras las declaraciones del primer mandatario, quien se refirió así a la muerte del menor: “Si a un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, pues tiene menos riesgos, es un tema de prevención. Pero hay que saber si el médico o el sistema de salud no enseña, pues las mamás no salen aprendidas, menos en niveles educativos muy deficitarios que hay en Colombia”.
Entre tanto, Guillermo Jaramillo se refirió al tema en estos términos: “Kevin llegó a un hospital público en el Huila después de un accidente desafortunado, porque montó en bicicleta. A un hemofílico hay que restringirle ese tipo de situaciones”.
Previamente, se conoció que la Procuraduría instó a la Superintendencia de Salud a intensificar los controles y vigilancia sobre la Nueva EPS, entidad a la que se encontraba afiliado el menor.
Advirtiendo que persisten los llamados y requerimientos a los directivos de entidad para que garantice el derecho fundamental a la salud de sus afiliados, el Ministerio Público le pidió a la superintendente de Salud Ad Hoc para Nueva EPS, Luz Marina Múnera, ejercer medidas de vigilancia y control a los planes de acción para evitar poner en riesgo la vida e integridad física de los pacientes y el destino de los recursos.
Por ello, la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social solicitó conocer el plan de trabajo dirigido a lograr el cierre, certificación, dictamen y aprobación de los estados financieros para las vigencias 2023 y 2024.
A ello se suma información relacionada con la legalización de anticipos a la red prestadora, proveedores de servicios, tecnologías en salud, la estabilización en la radicación y procesamiento de cuentas médicas, contabilización, entre otros.
“El Ministerio Público pidió información y medidas adoptadas con soportes acera el giro de los recursos respecto al procesamiento y auditoría de cuentas médicas, la ejecución del plan estratégico de modernización tecnológica, etc”, explicó la Procuraduría.
El ente de control, buscando proteger los derechos fundamentales de los más 11 millones de afiliados, precisó que la Superintendencia debe remitir dicho informe dentro de los cinco días hábiles siguientes.
La hemofilia A severa es un trastorno hemorrágico hereditario causado por la falta de coagulación sanguínea, lo cual puede generar problemas cuando hay sangrados. Para tratarlo, el niño —de siete años— cada 28 días debía tomar Emicizumab, que le ayudaba a reducir la probabilidad de sangrados espontáneos o que fueran producto de traumatismos.
Sin embargo, su madre y su familia aseguran que desde el 12 de diciembre del año pasado dejó de recibir ese medicamento. Quedó desprotegido luego de que la institución prestadora de servicios de salud (IPS) que lo atendía en Palestina (Huila), donde vivía con mamá, la pareja de ella y su hermana mayor. Lo solían atender en Medicarte, la cual terminó el contrato que tenía en ese municipio con Nueva EPS (a la que estaba afiliado el niño) el 1 de enero de este año.
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