Mientras en la Universidad Nacional construyen un osario para poner los supuestos restos óseos (aún sin confirmar) del cura guerrillero Camilo Torres Restrepo, seis personas que han integrado el Consejo Superior Universitario (CSU) de esa institución están inmersos en indagaciones que estarían vinculadas al proceso de elección de rector en 2024.
Ese cargo ha estado bajo la lupa desde marzo de ese año y está con una persona en encargo desde noviembre de 2025. Ni si quiera que los magistrados de una de las altas cortes del país haya bajado el martillo en dos demandas que abordaron la elección de rector pusieron punto final a la incertidumbre que rodea a La Nacho sobre quién es la persona que maneje sus riendas, al menos en el periodo institucional 2024–2027.
Esa institución lleva casi dos años en un enredo legal que hoy sigue en vilo. En marzo de 2024 el CSU designó como rector a José Ismael Peña. Y fue Troya. El presidente Gustavo Petro —que prometió que los votos de sus tres representantes (son ocho en total) serían para Leopoldo Múnera, que ganó la consulta no vinculante entre estudiantes, profesores y administrativos— puso el grito en el cielo y le ordenó a su entonces ministra de Educación no firmarle el acta de posesión.
Lo que vino después fue un paro, protestas y la intromisión del mandatario para no dejar posesionar a Peña, alegando que la Rectoría debería decidirse por elección popular de la comunidad universitaria, aun cuando el CSU era, y sigue siendo, el máximo órgano de gobierno interno y el que tiene la última palabra en eso. Así mismo, Peña se posesionó en una Notaría de Bogotá.
En junio de ese año, tras unos cambios de integrantes, el Consejo tumbó el acto administrativo que eligió al profesor Peña. Pero no se quedó ahí: volvió a hacer otro proceso de designación que terminó ungiendo a Múnera.
El docente y abogado entró al campus de Bogotá victorioso y en un acto simbólico confirmó su promesa de llevar a cabo una “Constituyente Universitaria”: un proceso (aún en marcha) que busca, entre otras cosas, cambiar el gobierno universitario y, por consiguiente, la forma en que se elige rector.
Desde entonces, además de incursionar en la mencionada “Constituyente”, al tiempo que el presidente Petro usaba esa palabra acompañada de “Asamblea” y “Nacional”, esa institución educativa quedó bajo la lupa del Consejo de Estado con sendas demandas de legalidad contra las elecciones de Peña y Múnera.
Sin olvidar las denuncias de escrache y persecución que denunció el exrepresentante de profesores ante el CSU, Diego Torres: el único ahí en levantar la mano para advertir que el cambio de rector saldría mal.
Los fallos del Consejo de Estado
En septiembre y noviembre de 2025, tras año y medio de estudio, decidió, en un fallo, declarar que todo el proceso de elección de José Ismael Peña estuvo acorde a la ley y sin irregularidades y, en otro fallo, anular la designación de Leopoldo Múnera por considerar que desconoció la presunción de legalidad del acto administrativo que hizo el primer nombramiento. Claro como el agua. Pero no tanto para el CSU.
El 25 de noviembre el Ministerio de Educación convocó a sesión para analizar el segundo fallo. Lo que decidió, con la abstención y retirada del consejero Torres, fue declarar la vacancia de la Rectoría, argumentando que la sentencia del Consejo de Estado no ordenó que Peña sea nombrado o restituido en el cargo, y nombrar rector encargado a Andrés Felipe Mora Cortés, quien era vicerrector general.
La lupa de la Procuraduría
Aunque la consigna de quienes en la Nacional se niegan a reconocer la legalidad de la elección de Peña sea que allá no manda el Consejo de Estado sino la comunidad universitaria, lo cierto es que los fallos de las altas cortes no son de poca monta y saltárselos implica consecuencias, que generalmente llegan más tarde que temprano.
Este diario conoció que actualmente la Procuraduría General de la Nación adelanta procesos disciplinarios en contra de seis integrantes (actuales y antiguos) del CSU en relación con las actuaciones relacionadas con el nombramiento de José Ismael Peña y el ilegal de Leopoldo Múnera como rectores.
Se trata de la exministra de Educación Aurora Vergara, quien presidía el Consejo para el momento de las dos designaciones; el exviceministro de Educación Superior, Alejandro Álvarez; las designadas por el presidente de la República, María Alejandra Rojas y Danna Nataly Garzón; el representante del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), Víctor Manuel Moncayo, y la exrepresentante estudiantil, Laura Quevedo.
De este grupo, Rojas, Garzón y Moncayo siguen siendo parte de ese órgano de gobierno universitario; mientras que Vergara salió junto a Álvarez del ministerio, cuando de Presidencia le pidieron su renuncia en julio de 2024, y Quevedo renunció en agosto pasado.
Si bien los procesos en los que avanza la Procuraduría tiene reserva sumarial (por lo cual no son públicos hasta que se formule una acusación o se archive), EL COLOMBIANO pudo confirmar que indagan sus actuaciones como miembros del CSU en el proceso de elección de rector en 2024.
En primer lugar, porque la fecha que está consignada como inicio de la actuación disciplinaria es la misma para los seis consejeros y exconsejeros: el 27 de noviembre de 2025.
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En segundo lugar, el número del proceso que reúne los casos es el igual: D–2024–3644607. Y en tercer lugar, María Alejandra Rojas y Laura Quevedo le confirmaron a este periódico que están notificadas de estas actuaciones.
Hay que mencionar que en el caso de Rojas, Danna Garzón, Víctor Moncayo y Quevedo son los únicos casos que tienen activos ante el órgano de control disciplinario.“Me notificaron que la indagación previa está vinculada al mismo proceso de Aurora Vergara, pero no me han dicho nada más. Soy respetuosa de los procesos disciplinarios y espero que se surtan sin presiones mediáticas y paso a paso”, comentó la consejera Rojas a este medio.
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El profesor Diego Torres, quien salió de la representación docente el pasado 19 de enero, sostuvo que en la Fiscalía General también avanzan investigaciones por una denuncia penal en curso en contra de varios de los anteriormente mencionados. Incluso, algunos —incluyendo al rector encargado— fueron citados a declarar.
La Red de Veedurías de Colombia afirmó que el anulado rector Leopoldo Múnera también fue citado a declarar antes de su renuncia a la Universidad Nacional, luego de una denuncia que le hicieron desde esa organización por “uno de los peores actos de corrupción administrativa en esa alma mater”.
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