Por presuntas irregularidades en trámites administrativos del predio Aguas Vivas, en el sector de El Poblado, en Medellín, la Procuraduría General de la Nación formuló este viernes pliego de cargos contra siete exfuncionarios de la alcaldía de Daniel Quintero, entre ellos, Carlos Mario Montoya, exsecretario de la de Gestión Territorial; Fabio Andrés García Trujillo, ex subsecretario de ejecución contractual de la alcaldía de Medellín.
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El caso tiene que ver con supuestas irregularidades que se habrían presentado con respecto a actuaciones administrativas surtidas con ocasión de la transferencia y devolución del lote Aguas Vivas a particulares, el cual fue cedido al Distrito de Medellín mediante escritura pública 5762 de 2019 para ser destinado a “Espacio público de esparcimiento y encuentro ciudadano”.
La decisión adoptada por la Procuraduría Tercera Delegada Disciplinaria para la Contratación Estatal también cobija a Natalia Andrea Jiménez Pérez, Alethia Arango Gil, Leidy Jiménez Echavarría, Yina Pedraza Gómez e Ingrid González Montoya, todas integrantes del Comité de Conciliación.
Este es el mismo asunto que tiene ad portas de juicio al exalcalde Daniel Quintero, nueve de los funcionarios de su administración y tres personas particulares. La Fiscalía radicó el pasado 16 de septiembre el escrito de acusación. Según señalaron desde el ente acusador, Quintero y las otras 12 personas serían presuntos responsables de los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción e interés debido en la celebración de contratos.
Según señalaron desde la Fiscalía, entre febrero de 2020 y mayo de 2023 se habría intentado recurrir a una conciliación prejudicial para que, mediante diversas artimañas, los funcionarios de la administración de Daniel Quintero habrían intentado cambiar la sesión gratuita del bien a una compraventa para pagarle a los propietarios más de 40.500 millones de pesos por el valor del lote.
“Ante el fracaso de ese trámite, el exalcalde y el exsecretario General de la Alcaldía de Medellín, Fabio Andrés García Trujillo, al parecer, expidieron de manera irregular actos administrativos para aumentar el avalúo del terreno, entregárselo a los particulares y permitirles el desarrollo de actividades urbanísticas prohibidas en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT)”, indicaron desde la Fiscalía.
Debido a esta situación, el Juzgado Once Penal del Circuito con Función de Conocimiento incluyó a la Alcaldía de Medellín como víctima dentro de este proceso que buscaría golpear las finanzas del Distrito en beneficio de un grupo de particulares. Todo ello, pese a que la defensa del exmandatario y los demás procesados intentaron que esto no ocurriera.
¿En qué consiste el caso de Aguas Vivas?
El proceso de Aguas Vivas se inició por un predio con este nombre, ubicado en la comuna 14 (El Poblado), el cual le habría podido costar al Distrito más de 48.000 millones de pesos, si no hubiera sido por diversas trabas legales que se presentaron en la negociación. Este lote tiene 147.000 metros cuadrados de extensión que había sido comprado en 1.645 millones de pesos y que tenía un valor catastral de 2.897 millones de pesos.
Aguas Vivas era propiedad IDC Inversiones y Técnicas Constructivas (TC), además de un particular llamado Juan Manuel Villegas. Todos compraron el predio el 29 de diciembre de 2014 y luego de tres meses le traspasaron el 11% a Luis Pérez y un 4% a sus hermanos Alberto, Darío y Mario, mediante una transacción de 361 millones de pesos.
Luego de varios ires y venires en el proceso, devolución del lote por parte del exgobernador de por medio y una declaratoria de alto riesgo en el terreno, el Plan de Ordenamiento Territorial cambió el uso al suelo de la zona desde el 17 de diciembre de 2014, por lo que había serias restricciones para construir en él.
Ante esto, los dueños de Aguas Vivas habían decidido ceder el terreno a la Alcaldía de Medellín para convertirlo en lote de compensación urbanística para los constructores que ejecutaran proyectos en la ciudad, lo que les daba beneficios de no continuar pagando impuestos por un predio que no podían usufructuar.
Pero todo cambió en 2020, cuando en esta negociación, con escrituras en la Notaría 19 de Medellín ya listas, los dueños no la llevaron a la oficina de registro para que el traspaso al municipio quedara en firme. Acto seguido, realizaron un derecho de petición para cambiar las condiciones del traspaso del predio para que incluyeran cláusulas que los favorecían, tales como si en un año no encontraban cliente para su lote, el Municipio de Medellín debía buscarlo o pagar el precio que ellos pidieran por el predio.
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