La decisión del Ministerio de Hacienda de presentar un borrador de decreto para eliminar la retención en los pagos con tarjetas débito y crédito implicaría una caída del recaudo superior a $7.000 millones en 2026, pero a partir de 2028 el efecto fiscal sería positivo.
El Ministerio de Hacienda presentó hace unos días un borrador de decreto que propone eliminar la retención en la fuente del impuesto sobre la renta del 1,5% aplicada a los pagos realizados con tarjetas débito y crédito, una medida que apunta a fortalecer el ecosistema de pagos digitales, impulsar la formalización empresarial y, en el mediano plazo, aumentaría el recaudo tributario.
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De acuerdo con estimaciones de Anif, elaboradas en conjunto con Colombia Fintech, el impacto fiscal de esta exención sería limitado en su fase inicial, dado que la retención funciona como un mecanismo de anticipación y afecta principalmente el flujo de caja de los comercios, más que el recaudo agregado.
En concreto, la eliminación de la retención implicaría para 2026 una reducción transitoria del recaudo nacional estimada en $7.725 millones y en 2027 en $2.967 millones, explicada en gran medida por pequeños negocios que actualmente no declaran alquiler.
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Sin embargo, las proyecciones muestran que a partir de 2028 (+$5.161 millones) el efecto fiscal se tornará positivo, impulsado por un mayor dinamismo en las ventas y por avances en la formalización económica, en la medida en que más unidades productivas ingresen al sistema tributario.
En el horizonte de análisis, se estima que hacia 2035 la exención de la retención generaría un saldo fiscal acumulado positivo de $651.904 millones, calculados en precios constantes de 2025.
Durante el último año, distintos centros de estudios económicos, como Anif, habían advertido sobre los efectos negativos de mantener esquemas de retención asociados a medios de pago específicos.
Según su análisis, este tipo de cargas introduce distorsiones en el sistema de pagos, al encarecer artificialmente el uso de instrumentos electrónicos frente al efectivo.
Esto, a su vez, desincentiva la adopción de pagos digitales y limita los avances en inclusión financiera, uno de los objetivos centrales de la política económica en Colombia.
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Desde esta perspectiva, gravar ciertos medios de pago termina afectando de manera desproporcionada a pequeños negocios y emprendimientos, que suelen operar con márgenes reducidos y una alta dependencia del flujo de caja diario.
El debate sobre la retención en la fuente aplicada a los pagos electrónicos cobró especial relevancia en octubre de 2025, cuando el gobierno evaluó la posibilidad de extender este mecanismo a billeteras digitales y otros instrumentos electrónicos.
Esa alternativa generó alertas entre analistas y actores del sector financiero por el impacto que podría tener sobre el desarrollo del sistema de pagos de bajo valor impulsado por el Banco de la República, conocido como Bre-B.
Este sistema busca facilitar transferencias inmediatas, de bajo costo y ampliamente accesibles, especialmente para personas naturales y pequeños comercios.
Finalmente, el enfoque adoptado en el borrador de decreto reconoció estas preocupaciones y se alineó con las recomendaciones técnicas, al descartar la ampliación de la retención y avanzar en la eliminación del gravamen para pagos con tarjetas.
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“En conjunto, la eliminación de la retención en la fuente sobre pagos con tarjetas débito y crédito representa una medida alineada con los objetivos de eficiencia, formalización e inclusión financiera. Al corregir distorsiones en el uso de los medios de pago, la iniciativa contribuye a modernizar el sistema de pagos, fortalecer la trazabilidad de las transacciones y, en el mediano plazo, mejorar el desempeño fiscal”, puntualizaron desde Anif.
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