El Gobierno Nacional tiene pensado implementar la ampliación del impuesto al patrimonio a las personas jurídicas en el marco de una eventual nueva emergencia económica para atender la ola invernal. La meta de recaudo asciende a 8 billones de pesos e impactaría a 15.000 compañías. No obstante, la idea no es vista con buenos ojos por analistas y empresarios que advierten una fuerte afectación para las compañías y, por ende, para la generación de empleo e inversión.
De acuerdo con lo planteado, el impuesto comenzaría a cobrarse a patrimonios cercanos a los $10.000 millones en adelante. Para el año 2026, estos patrimonios tendrían una tarifa de 0,6% hasta los $31.424 millones. Aquellos que superen ese umbral pagarían una tarifa de 1,2%.
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El anuncio ha generado cuestionamientos desde el ámbito técnico. José Ignacio López, presidente del centro de estudios económicos Anif, cuestiono que la medida sería un fuerte obstáculo para la generación de empleo de calidad, la inversión y la prosperidad. Explicó que se trata de la imposición de un nuevo impuesto que “no existe en casi ningún lugar del mundo”.
Además, la preocupación radica este no es un impuesto a la renta, sino al patrimonio. Es decir, no se calcula sobre las utilidades obtenidas, sino sobre el capital acumulado.
En otras palabras, esto implica que las empresas deben pagar incluso si registran pérdidas, aunque no tengan liquidez suficiente o aunque el patrimonio esté representado en activos productivos.
La Dian absorbería entre el 50% y 72% de las utilidades de las empresas
Pedro Sarmiento, socio de Crowe y abogado investigador de la Universidad de los Andes, advirtió que la discusión no es menor: “es un impuesto que grava lo que la empresa tiene, no lo que gana”.
Además, hay que tener en cuenta que las compañías en este país deben pagar anualmente un impuesto de renta, que es del 35% sobre las utilidades y es uno de los más altos en el mundo. Los analistas vaticinan que la suma de los dos impuestos serían una carga demasiado alta.
Sarmiento planteó un ejemplo: una empresa que tiene un patrimonio de 300.000 millones de pesos y una utilidad anual de 12.000 millones, equivalente al 4%. Si tiene que pagar el impuesto al patrimonio del 1,2%, deberá desembolsar 3.600 millones de pesos. A esto se sumaría el impuesto de renta del 35%, es decir, 4.200 millones adicionales.
En total, la carga tributaria ascendería a 7.800 millones de pesos, en palabras sencillas, la Dian se quedaría con el 65% de la utilidad anual de esa compañía. “Eso no es presión fiscal razonable. Es asfixia financiera”, cuestionó el experto.
De hecho, las proyecciones de Sarmiento apuntan a que la suma de los dos impuestos podrían absorber entre el 50% y 72% de la utilidades de las empresas, dependiendo de su tamaño (ver cuadro).
¿De dónde saldrían los $8 billones del impuesto al patrimonio empresarial?
Para Sarmiento, la pregunta central no es el diseño progresivo sino la fuente real del recaudo. “No salen de las Pymes. Salen de un número reducido de grandes empresas”, señaló en su análisis.
El experto sostiene que, si el universo estimado es de 15.000 empresas y la meta es recaudar 8 billones de pesos, el promedio sería superior a 500 millones de pesos por compañía. No obstante, aclara que el recaudo efectivo estaría altamente concentrado.
Si 2.000 grandes empresas explicaran el 80 % del recaudo, cada una debería aportar en promedio más de 3.200 millones de pesos anuales. Y si la concentración fuera mayor, como suele ocurrir en Colombia, el pago podría superar los 10.000 millones de pesos por empresa.
“Eso no es marginal. Es estructural”, advierte Sarmiento, al subrayar que la carga recaería principalmente en un grupo reducido de compañías de gran tamaño.
Descapitalizar a la empresas
Sarmiento advierte que el efecto real sería una descapitalización de las compañías, con consecuencias directas sobre la economía.
Entre los impactos potenciales menciona una reducción en la inversión, pues las empresas podrían frenar procesos de expansión, innovación y modernización. También anticipa un efecto sobre el empleo, dado que la inversión es uno de los principales motores de generación de trabajo.
Otro riesgo es el aumento del endeudamiento, ya que algunas compañías podrían recurrir a crédito para cumplir con la obligación tributaria. Asimismo, plantea la posibilidad de relocalización empresarial y reorganización patrimonial como mecanismos para mitigar la carga fiscal.
Desde su perspectiva, un impuesto al patrimonio de carácter recurrente “erosiona el capital productivo”: recauda recursos en el corto plazo,
Preocupación de los empresarios
No es por nada que la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) manifestó su rechazo frontal a la posibilidad de extender el impuesto al patrimonio a las empresas y advirtió que la medida terminaría castigando directamente la inversión privada.
El presidente del gremio, Bruce Mac Master, aseguró que gravar el patrimonio empresarial equivale a imponer un tributo sobre la decisión de invertir y mantener capital en el país. A su juicio, no se trata simplemente de una nueva fuente de recaudo, sino de un mensaje que desincentiva a las compañías que destinan recursos a desarrollar proyectos productivos en Colombia.
Mac Master sostuvo que este anuncio se suma a otras cargas adoptadas en los últimos años, como los cambios introducidos por la reforma tributaria de 2022, nuevos gravámenes relacionados con el consumo de energía, ajustes en materia laboral y actuaciones regulatorias de la Superintendencia de Industria y Comercio. Según el dirigente, estas medidas, junto con lo que calificó como un ambiente de estigmatización hacia el sector empresarial, configuran un entorno adverso para la actividad productiva.
Desde la perspectiva de la Andi, afectar a las empresas implica impactar directamente la generación de empleo y de oportunidades. El gremio advirtió que, en un escenario de desaceleración económica y caída de la inversión privada, un nuevo impuesto al patrimonio podría frenar planes de expansión y debilitar aún más el dinamismo del mercado laboral.
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