María Elena Ospina, presidenta de Acopi, sostuvo que el gremio no está de acuerdo con un incremento del salario mínimo del 23,7%, pero reconoció que sería difícil que el Consejo de Estado tumbe dicho aumento. Aquí los detalles.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que hubo una “opinión mayoritaria” de mantener el aumento del salario mínimo 2026 en 23,7% en el decreto transitorio que debe expedir ante la suspensión temporal que emitió el Consejo de Estado, pero la lectura de algunos gremios es que no hubo un acuerdo.
Al respecto, la presidenta de Acopi, María Elena Ospina, dialogó con EL COLOMBIANO sobre su perspectiva de la reunión y lo que se viene para los trabajadores y las empresas.
“En la mesa no hubo acuerdo, hubo una discusión. Ahora esperamos la decisión del Consejo de Estado. Son muchas las cosas que hay en juego: por un lado, sostener el empleo formal y, por el otro lado, sostener a las empresas. El ministro dijo que en la mesa hubo una posición mayoritaria de mantener el incremento; claro que es mayoritaria porque es una mesa tripartita: el Gobierno y los sindicatos hacen la mayoría”.
“La Andi se mantiene en una posición de dejar las cosas así, pero los demás gremios pensamos diferente porque queremos saber cómo el Gobierno va a justificar el salario mínimo vital. Ese es un debate importante hacia el futuro.
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Es cierto que debemos trabajar en la calidad de vida de los trabajadores, pero también hay que aumentar la productividad del país, que hoy está en 0,91. Eso significa que hay más empleo y menos productividad. Cuando pasa eso, ocurre lo que estamos viendo: empresas que no aguantan la carga y terminan cerrando”.
“No creo que el Gobierno tenga cómo justificarlo. El salario mínimo vital no está contemplado en ninguna ley del país. Nosotros nos regimos por la Ley 278 para fijar el salario mínimo con las variables que establece la norma. El salario mínimo vital es un concepto de la OIT que se llevó a la mesa como una recomendación, pero la ley exige tener en cuenta productividad e inflación. Además, el salario mínimo debe ser fruto de un diálogo social, y eso aquí no se dio. Por eso creo que será muy difícil justificar técnicamente esa cifra”.
“Todavía no hemos contemplado esa posibilidad. Pensamos que el Consejo de Estado lo que le pidió al Gobierno fue aclarar de dónde salió la cifra del 23,7% y que la justifique técnicamente. No creo que el Consejo de Estado tumbe el decreto ni que bajen el salario mínimo, porque reducirlo en este momento sería muy complicado”.
“Los contratos que ya están firmados deben continuar como están. El salario es un derecho adquirido y no puede cambiar. Para los nuevos contratos, obviamente sí habría un ajuste. Lo que sí está pasando es que muchas empresas están cancelando contratos y reduciendo personal”.
“Hay que recordar que nuestro tejido empresarial representa el 99,7% de las empresas del país y genera más del 80% del empleo formal. Ahí es donde está el impacto de la fijación del salario mínimo. Tenemos empresas que han despedido 50 personas, otras cinco, otras diez. Estamos esperando el cierre del trimestre para medir el impacto real. También hay microempresas que están cerrando o regresando a la informalidad porque no les da la caja para sostener esos salarios. Tenemos que proteger el empleo formal, pero también la sostenibilidad empresarial. Si la empresa no es sostenible, no puede sostener el empleo. Se prevé que podrían perderse cerca de 700.000 empleos si continúa este salario mínimo”.
“No se acordó nada. El ministro de Hacienda dijo que iban a sacar un paquete de alivios y estamos esperando conocerlo. Se habló de líneas de crédito a través de Bancóldex, pero muchas veces esos recursos no llegan a la micro, pequeña y mediana empresa, sino a empresas más grandes que tienen el músculo financiero para acceder. Lo que pedimos es que se flexibilicen esas líneas y que haya medidas como subsidios temporales a la nómina formal, compensación parcial de cargas no laborales o devolución acelerada de IVA y saldos a favor. Esperamos que el paquete realmente sea focalizado”.
“Podría afectar algunos casos puntuales. Muchas empresas pueden tener activos como bodegas o locales que valen mucho, pero eso no significa que tengan ingresos altos o liquidez suficiente. La mayoría de las mipymes no llega a esos niveles, pero sí podría impactar ciertos casos. Además, hay que sumar todos los costos laborales que ya estamos asumiendo: dominicales y festivos, reducción de jornada, recargos nocturnos y productos indexados al salario mínimo. Es un paquete de costos que afecta fuertemente la productividad”.
“Muy mal. La comunicación no ha sido buena. Cuando el Gobierno llegó habló de asociatividad y de que las mipymes eran el motor de la economía, lo cual es cierto, pero hasta ahí llegó el discurso. No hemos sentido apoyo. Es un gobierno aislado de la realidad del país”.
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