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Cada vez que la lluvia arrecia, reaccionamos como si fuera inesperada. Como si el territorio nos sorprendiera. Como si la emergencia fuera una anomalía. No lo es.
Antioquia enfrenta una realidad objetiva en materia de riesgo climático. Entre 2019 y 2023 fue el segundo departamento con mayor número de eventos de desastre reportados por la UNGRD: 1.917 emergencias, el 93 % asociadas a fenómenos naturales y climáticos. La tendencia, además, es creciente. Si entre 2000 y 2010 se registraban en promedio 152 emergencias anuales, en la última década esa cifra se triplicó. Hoy hablamos de cerca de 650 eventos por año.
No son episodios aislados. Es una presión estructural sobre el territorio.
El fenómeno de La Niña entre 2021 y 2023 dejó casi 34 mil personas damnificadas en Antioquia, más de 27 mil viviendas afectadas y 90 mil hectáreas de cultivos dañadas. Solo en 2023, los costos estimados por pérdidas e impactos ascendieron a 67 mil millones de pesos. Y la contingencia actual vuelve a mostrar la magnitud del desafío: más de 7.000 personas afectadas, municipios en calamidad pública, miles de niños con su escolaridad interrumpida, vías estratégicas bloqueadas, sectores productivos perdiendo millones de pesos cada día.
La pregunta no es si lloverá más. La pregunta es si estamos gobernando el riesgo o simplemente administrando la emergencia.
Porque el problema es la vulnerabilidad acumulada. Es la falta de planeación territorial coherente con los mapas de riesgo. Es la inversión en infraestructura sin criterios robustos de resiliencia. Es la ausencia de sistemas de prevención suficientemente financiados. Las emergencias exigen recursos, por supuesto. También exigen rigor institucional. La Constitución contempla la figura de emergencia económica como mecanismo excepcional y transitorio. Convertirla en instrumento recurrente de política pública erosiona la deliberación democrática y aumenta la incertidumbre regulatoria. Y cuando la respuesta descansa casi exclusivamente en ampliar cargas tributarias extraordinarias sobre el sector productivo, el país corre el riesgo de debilitar el mismo motor que necesita para financiar su recuperación.
El riesgo climático no es solo ambiental. Es fiscal, social y económico. La evidencia del Banco de la República advierte que las pérdidas asociadas al cambio climático podrían representar entre 2 % y 8 % del PIB nacional a finales de siglo, dependiendo de decisiones que adoptemos hoy. Esa cifra es una advertencia estructural.
Existen caminos distintos. Durante la pandemia y en múltiples contingencias regionales, la articulación público-privada demostró que es posible movilizar recursos, logística y conocimiento técnico con reglas claras y trazabilidad. Mecanismos como Obras por Impuestos y los fondos regionales de cofinanciación han probado que se puede ejecutar inversión social focalizada sin paralizar la actividad económica ni sacrificar estabilidad normativa.
Pero más allá de los instrumentos, lo que está en juego es el enfoque. Reducir vulnerabilidades, aumentar resiliencia y mejorar eficiencia del gasto público no son respuestas coyunturales; son tareas de largo plazo. Antes de ampliar cargas extraordinarias, el país necesita revisar la calidad del gasto, fortalecer capacidades institucionales y anticipar riesgos que ya conoce.
Las emergencias requieren liderazgo y cooperación. También prudencia fiscal e institucional. Atender la contingencia sin debilitar la capacidad productiva es posible si privilegiamos la corresponsabilidad, la eficiencia y la estabilidad de las reglas. Porque gobernar el futuro no es reaccionar a la tormenta. Es anticiparla.
*Presidenta ejecutiva Proantioquia
