La Gobernación de Antioquia y organizaciones sociales están convocando para una concentración a favor de los uniformados.
Como respuesta a la seguidilla de atentados que ha sufrido la Fuerza Pública en todo el país y especialmente en Antioquia en los últimos días, desde la Gobernación de Antioquia y la sociedad civil están convocando a un acto simbólico para respaldar a la Fuerza Pública y condenar la violencia.
Este acto simbólico está programado para el próximo miércoles 30 de abril a las 9:00 a.m. en la plazoleta de La Alpujarra en Medellín. “Te invitamos a un acto simbólico en rechazo a la violencia contra la fuerza pública y en defensa de la vida, la paz, los derechos humanos y la convivencia”, se lee en la pieza promocional de la manifestación.
Además, se recomienda a los asistentes ir vestidos de blanco, como símbolo de paz.
El objetivo de la manifestación es también resaltar la valentía y el compromiso de los uniformados que están enfrentando a los ilegales en el territorio, como las dos mujeres policías que han sido reconocidas esta semana después de que reaccionaran rápidamente para combatir a dos presuntos integrantes del Clan del Golfo que activaron una granada contra una patrulla de la Policía, dejando a tres uniformados heridos.
Al sentir la detonación y ver lo que estaba ocurriendo, dos mujeres policías que, al parecer, se encontraban de descanso, se pusieron los chalecos antibalas, cogieron sus armas de dotación y salieron en pijama y descalzas a enfrentar el ataque.
Desde el pasado martes 15 de abril en el departamento de Antioquia se han presentado más de 18 atentados contra la Fuerza Pública que han dejado al menos a 30 uniformados lesionados y a cuatro policías y a un militar fallecido. El total de víctimas mortales en el país es de 13 policías y cuatro soldados, en lo que, según las autoridades, se trata de un ´Plan pistola´ ordenado por grupos criminales como retaliación por actuaciones recientes de la Fuerza Pública.
En Antioquia hasta $3 millones estaría ofreciendo el Clan del Golfo a sus integrantes, además de ascensos y otros beneficios, para atentar contra los policías que prestan servicio en la zona donde tienen presencia, situación que se agudizó por la muerte de José Miguel Demoya Hernández, alias Chirimoya, uno de los máximos cabecillas de esta organización.
El atentado más reciente ocurrió en la noche de este domingo 27 de abril, en el Urabá antioqueño. Allí, en el municipio de Chigorodó, dos patrulleros de la Policía fueron impactados por ráfagas de fusil cuando se desplazaban en su vehículo oficial por una vía de ese municipio.
Algunos transeúntes que presenciaron el hecho captaron en video cómo la patrulla quedó llena de impactos de bala.
El coronel Jovanni Cepeda Sanabria, comandante encargado del Departamento de Policía Urabá, informó hacia el medio día de este lunes que los dos uniformados ya fueron trasladados a un centro asistencial, en donde son atendidos por personal médico.
Pero no todas las víctimas han sido miembros de la Fuerza Pública, la población civil también ha resultado afectada. Durante la noche del pasado jueves 24 de abril, un coche de la Funeraria San Vicente que transportaba un fallecido al municipio de Caucasia fue emboscado por armados en inmediaciones de Autopistas del Nordeste, a la altura del municipio de Zaragoza.
Sin que ni siquiera estén claras las razones, lo único que se sabe es que el vehículo fue afectado por una explosión y luego impactado con ráfagas de fusil.
Entérese: Zozobra en el gremio funerario: coche fue hostigado por armados en la vía al Nordeste antioqueño
Pese a que por ahora todo es materia de investigación, se presume que el vehículo exequial al parecer habría sido confundido con un vehículo de la Fuerza Pública en medio de la oscuridad de la noche, convirtiéndose así en blanco del ataque. Debido a las heridas de las balas, el conductor del vehículo falleció.
El coronel Cepeda recordó que la Policía ofrece una recompensa de hasta $200 millones por información que permita la captura de los sicarios que están atentando contra militares y policías, así como una recompensa de $20 millones por información que ayude a evitar ataques en contra de la Fuerza Pública.
Las denuncias se reciben en la línea 107, recordó la Policía.
