De resultar cierta la denuncia hecha desde la Asamblea de Antioquia, un hospital de La Ceja habría hecho sentir vergüenza a los usureros que cobran cifras exorbitantes por mojarras en Cartagena. Resulta que el diputado del Centro Democrático José Luis Noreña Restrepo reveló que a su despacho ha llegado información de que en 2024 la E.S.E Hospital de La Ceja pagó –para la alimentación de un evento de adultos mayores– unos sancochos por $375.000 cada uno.
Según comentó el corporado, el hallazgo lo realizó durante sus labores de control político a entidades antioqueñas. Ante lo inusitado del asunto, Noreña comentó que decidió escudriñar este contrato firmado por el gerente de la E.S.E, Javier Alejandro Bedoya Toro, pero dada la imposibilidad de encontrar información en la plataforma Secop envió un derecho de petición a la institución de salud.
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“Según pudimos averiguar, hay unos convenios entre la Alcaldía y el Hospital para el manejo logístico y la realización de unos eventos enmarcados en temas de salud. Dentro de ese vínculo hay a su vez un contrato –el 086PS2024– entre el Hospital y una empresa que se llama Mister Chester S.A.S. por $240 millones. Dentro de ese contrato se hizo un evento para los adultos mayores cuya alimentación fue sancocho. Al evento asistieron 100 personas y según aparece, por esos sancochos el hospital pagó $37.500.000”, sostuvo.
Al ver la cifra, Noreña pidió la base de datos de los asistentes. En la contestación que dio el Hospital confirmaron que el evento fue el 30 de agosto de 2024 dentro de la celebración del mes del adulto mayor al que, en efecto, asistieron 100 personas, y que se pagaron los $37,5 millones por la alimentación, es decir, haciendo la multiplicación, cada plato salió en $375.000
El diputado mencionó que con estos hallazgos comenzó a escudriñar más en lo que venía pasando con los contratos de la E.S.E bajo el mando de Bedoya Toro y dentro del contrato 085-PS-2024, por $194 millones. Se halló que Mister Chester se encargó de dar refrigerios en un evento de prevención del maltrato infantil.
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Según explicó el diputado, para tal fin la empresa habría repartido supuestamente cerca de 2.000 refrigerios –consistentes en panzerottis de jamón y queso junto a un jugo– en los cinco CDI del municipio. La cuestión, según el diputado, es que para esas fechas apenas había inscritos cerca de 850 niños, o sea casi el 40%, de todos los refrigerios necesarios. Además, en el pago de los refrigerios se fueron $18 millones. Es decir que cada refrigerio valió $9.000.
“Hallamos una serie de anomalías en estos contratos, como falta de evidencias o faltas de documentación publicada en Secop, o hasta presuntas irregularidades en los mismos. Es por eso que en junio de 2025 denunciamos ante Fiscalía, Procuraduría y Contraloría de Antioquia. Pero la única que ha contestado hasta ahora es la Contraloría de Antioquia anunciando el archivo del caso y su respuesta nos dejó más dudas”, dijo Noreña.
Polémico archivo
El político recordó que en noviembre de 2025 llegó desde la Contraloría de Antioquia –en ese entonces manejada por la polémica contralora Enedith González– la respuesta a su demanda. El documento venía firmado por el contralor auxiliar Jeison Montoya Muñoz.
Frente al tema de los refrigerios, Montoya escribió que, aunque la sumatoria de firmas que avalaron su entrega no alcanzó las 2.000, como indicaría la norma, para él el informe de supervisión suscrito el 18 de julio de 2024 por Chester “valida integralmente la ejecución a satisfacción mediante el registro fotográfico y el control de cantidades efectuado en sitio”. Tal registro es la foto de un grupo de niños y otra foto de unos refrigerios listos para entregarse.
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Volviendo al informe, “dado que la supervisión del contrato certificó el cumplimiento de las obligaciones y autorizó el pago tras verificar la realidad del servicio, se desvirtúa la inexistencia de la ejecución”, estableció Montoya, echándole tierra a la presunta irregularidad.
Frente al tema de los sancochos, Montoya escribió que su análisis de los costos unitarios facturados y pagados “desmiente categóricamente la hipótesis de sobrecostos planteada por el quejoso Noreña”.
“Al revisar el Informe de Supervisión del mes de agosto, se verificó que para la actividad ‘Sancocho Centro Día Gerontológico Corregimiento San José’, se facturaron 130 sancochos a un precio unitario de $22.000, y no por los valores exorbitantes sugeridos en la denuncia”, escribió.
Montoya dijo también que “de igual manera, para la ‘Clausura del Mes del Adulto Mayor’, el informe de supervisión detalla el suministro de 2.000 almuerzos tipo sancocho mixto a un valor unitario de $18.750, totalizando así $37.500.000”.
A renglón seguido planteó que “la cifra global cuestionada por el denunciante corresponde a la sumatoria de la alimentación masiva y el despliegue logístico (sonido, tarimas, artistas), y no al costo individual del plato, quedando así saneada la razonabilidad del precio pagado”.
Este archivo del caso llamó la atención de Noreña pues, según el diputado, Montoya habría confundido el evento del corregimiento San José con la clausura del Mes del Adulto Mayor. De otro lado, tampoco sabe de dónde sacó el dato de que se pagaron los sancochos a $22.000 pues ningún documento emitido por el hospital ni la empresa Chester hablaría de ese valor.
“Tampoco sabemos de dónde sacó él que a ese evento asistieron 2.000 personas y mucho menos que cada almuerzo se pagó en $18.750, porque incluso en los estudios previos que entregó Chester ni siquiera aparece ofrecer como opción de almuerzo para los eventos los sancochos y menos por ese valor”, añadió.
Por último, Noreña aseveró que Montoya erró en el tema de que los $37,5 millones también cubrieran logística de los eventos, pues dijo que hay otro contrato por casi $26 millones específicamente para ese rubro.
¿Qué dice el hospital?
Este diario consultó al Hospital para conocer su postura. Desde la E.S.E. indicaron que la institución no emitirá pronunciamiento adicional respecto a las denuncias del diputado, “toda vez que sobre este asunto ya existe un informe de la Contraloría General de Antioquia, entidad competente que realizó la respectiva revisión y dio por cerrado el caso”.
“En dicho informe se concluyó que los contratos objeto de análisis cuentan con los soportes y requisitos correspondientes, y que, tras la evaluación efectuada, no se evidenció detrimento patrimonial alguno para la entidad”, agregó el Hospital.
EL COLOMBIANO también preguntó en la Contraloría si ratificaban el archivo del caso. El ente dijo que la actuación culminó con la emisión del respectivo informe técnico y la decisión de archivo por la administración anterior “al no encontrarse elementos que permitieran evidenciar la existencia de un presunto detrimento patrimonial o de irregularidades fiscales que justificaran el inicio de actuaciones posteriores, sin que exista una reapertura del trámite”.
“Las decisiones adoptadas se fundamentan en el análisis técnico, jurídico y probatorio de la información disponible en cada caso, bajo los principios de independencia, objetividad y autonomía funcional que rigen el ejercicio del control fiscal”, añadieron.
No obstante, la entidad dijo también que cualquier persona puede poner en conocimiento hechos, documentos o elementos probatorios adicionales que no hubiesen sido conocidos o valorados durante el trámite inicialmente adelantado, “para que la Entidad determine, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, la procedencia de las actuaciones a que haya lugar”.
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