La emergencia económica decretada por el Gobierno Nacional y el incremento del salario mínimo le dejarían a Antioquia un impacto fiscal de más de $1,5 billones, según aseveró este martes el gobernador Andrés Julián Rendón.
La alerta se produjo en medio de la fuerte controversia que abrieron esas dos disposiciones emitidas por el presidente Gustavo Petro, que no solo han desatado consternación por sus impactos en la economía nacional, sino por sus coletazos en las finanzas de los entes territoriales.
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En el caso de Antioquia, el mandatario seccional sostuvo que los $1,5 billones se dividen en varios frentes.
Uno de los más importantes se asocia al salario mínimo que, de acuerdo con los cálculos del Departamento, generaría un faltante de $770.000 millones, asociado a sobrecostos en proyectos de infraestructura, vivienda y un incremento generalizado en los gastos de funcionamiento.
Mientras en el caso de la Secretaría de Infraestructura el impacto se calcula en $335.000 millones, derivados de más gastos en megaproyectos que ya están andando como el Túnel del Toyo o la pavimentación de 634 kilómetros de vías por el mecanismo de estabilización; en el caso de Viva (Empresa de Vivienda de Antioquia) la Gobernación calcula que esta entidad tendrá que salir a buscar por lo menos $264.000 millones que no estaban presupuestados, para no dejar en el aire a más de 12.000 familias que ya están en las cuentas en los programas de esa institución.
Aunado a esos dos puntos, el conglomerado de la Gobernación también augura un impacto de por lo menos $70.000 millones asociados al incremento en los gastos de funcionamiento y del servicio de la deuda.
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El segundo gran frente se asocia al decreto de emergencia económica emitido por el gobierno, que impactaría principalmente ingresos previstos para este 2026.
“El decreto de emergencia económica obliga a la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) puntualmente a que le transfiera al Gobierno Nacional $720.000 millones como mínimo este año. Petro puso a la FLA, que es la licorera más grande del país, a trabajar para su empleo militante”, dijo Rendón.
“El Gobierno Nacional cuadró caja de cuenta de las regiones y nos está pasando la factura de su estatismo, de su pretensión burocratizadora y de su ánimo electorero buscando tener empleo militante para imponerse en las elecciones. Todo con cargo a las regiones”, añadió.
Durante la presentación de Rendón, la FLA profundizó en esas cifras y señaló que de un incremento en el precio de los productos que se tenía previsto en 5,5%, ahora los cálculos estiman un incremento de entre el 44% y el 47%, por cuenta del alza conjunta tanto del impuesto al consumo, como del IVA.
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En cuentas redondas, si una botella de Aguardiente Antioqueño cerró el año pasado en un valor aproximado de $40.000, podría pasar a costar más de $60.000, dijo la licorera.
Por otro lado, regresando a los impactos del salario mínimo, la Gobernación reiteró su consternación por los impactos que las medidas de la Nación tendrán en el tejido empresarial regional, que en un 70% está compuesto por empresas medianas y pequeñas.
“A ellos les va a tocar muy duro ponerse al día para honrar las obligaciones en el marco de la ley y tener trabajadores que, en la práctica, con prestaciones sociales y demás, terminarían costándole por mes algo cercano a los $3 millones”, dijo Rendón.
“La riqueza y los empleos no se generan por decreto. Si así fuera, en el mundo entero, no habría ningún país pobre, ninguna familia pobre, porque a cualquier gobernante bastaría solo con plasmar su firma en un documento oficial para decretar la generación de riqueza y de empleo”, agregó.
Finalmente, Rendón anticipó que este tema será el punto central de una cumbre de emergencia que se citó para este jueves en la Federación de Departamentos, un espacio en el que se analizará si los entes territoriales se suman a acciones como la emprendida por la Alcaldía de Medellín, que pidió a la Corte Constitucional suspender los efectos de la emergencia económica mientras se dirime si el decreto que la impuso es inconstitucional.
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