La imagen parece sacada de un documental bélico. Hasta la línea del horizonte, grandes cráteres cubren el lecho del río Nechí, como si momentos atrás hubiera ocurrido un bombardeo.
El panorama fue captado en un video grabado por el piloto de un helicóptero el pasado miércoles. En una secuencia que dura menos de dos minutos, a la vista emerge un plano general del río, que luce irregular y lleno de pozos.
En cuestión de pocos segundos, a la imagen se suman extensas filas de dragas humeantes, trabajando a toda marcha. Los pesados aparatos están por todas partes, algunos alineados en grupos de cuatro, otros anclados en mitad del río y todos hurgando en el pantano en busca de oro.
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“Este es el panorama de la extracción ilícita de oro en el río Nechí, en el Bajo Cauca antioqueño. Decenas de dragas ilegales operan sobre sus laderas, removiendo toneladas de tierra, alterando el cauce natural y destruyendo ecosistemas estratégicos. La devastación ya es visible desde el aire y sigue creciendo ante los ojos del país. ¿Quién detendrá esta destrucción? Enorme tristeza”, expresó el periodista Gustavo Gómez, quien publicó el video e hizo un llamado a las autoridades a intervenir para contener ese desastre ambiental.
La crítica situación por la que atraviesa el Bajo Cauca antioqueño en materia minera no es nueva y se ha agravado en los últimos meses.
Desde que en 2023, el Gobierno Nacional centralizó nuevamente en Bogotá el otorgamiento de licencias –quitándole al departamento la figura de la delegación minera– el problema minero cogió ventaja por varios frentes.
Mientras los mineros interesados en legalizarse denuncian que las autoridades nacionales son todavía más lentas de lo que eran las del departamento, los intereses de los grupos armados por controlar esa actividad y tener allí una de sus principales rentas se han incrementado a la par del repunte del precio del oro.
Entre tanto, pese a que la Fuerza Pública ha venido retomando paulatinamente los operativos de control y destrucción de maquinaria ilegal, tampoco da abasto para contener esa fiebre ilícita por el metal.
Desde hace más de una década, Antioquia se consolidó como el mayor productor de oro del país, tanto legal como ilegal. Según documentó el Instituto Popular de Capacitación (IPC), entre 2010 y 2021, el Bajo Cauca a su vez aportó la mitad de la producción de oro del departamento.
De un total de 279 millones de gramos de oro extraídos en Antioquia en ese periodo, 147 millones provenían del Bajo Cauca, calculó ese instituto con base en datos de la Upme (Unidad de Planeación Minero-Energética).
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Pese a que esa participación se ha venido reduciendo en años recientes, la subregión sigue siendo un nodo clave en esta materia, superando casi dos veces a la producción de otros departamentos como Chocó.
Durante los últimos años, una de las variables que han influido en el auge de la minería tanto legal como ilegal es el alza del precio internacional del oro. Con corte a este jueves 4 de junio, la onza troy de oro se valorizaba aproximadamente en los 4.400 dólares, un monto equivalente a por lo menos $15,9 millones.
En medio de esa bonanza, desde hace más de tres años, Colombia adoptó un cambio de enfoque en su política minera, buscando darle prevalencia a los procesos de formalización, sobre los licenciamientos a las grandes empresas.
A la par, el Gobierno Nacional también dio luz verde a la Fuerza Pública para reactivar en algunos sitios operativos para la destrucción de maquinaria minera que esté infringiendo la ley. Según la Procuraduría, Antioquia es también el departamento con más minas ilegales intervenidas en el país.
Sin embargo, al tiempo que esa actividad se ha multiplicado, los mineros informales organizados señalan que los procesos de licenciamiento son lentos y tampoco están de acuerdo con los operativos de destrucción, a su juicio dirigidos muchas veces contra mineros que no tienen vínculos con grupos ilegales.
Estos reclamos estuvieron en el centro de la agenda de un paro minero realizado en marzo pasado y que duró 12 días. Durante aquellas protestas, la exigencia de una solución de fondo volvió a surgir por parte de expertos y autoridades departamentales. De acuerdo con datos del Departamento, las rentas criminales por la minería ilegal superan los 5.500 millones de dólares y se estima que más de 5.000 personas están empleadas.
En Cáceres la minería también se desbocó
Además del río Nechí, otro episodio que puso en el primer plano el caos minero que se desató en el Bajo Cauca ocurrió en Cáceres, en una mina ubicada a escasos metros de un batallón del Ejército. El yacimiento aurífero, ubicado en una finca llamada La Mandinga, quedó en el centro del escrutinio público luego de que el periódico The New York Times tomara fotografías aéreas del mismo y mostrara cómo mineros ilegales habían traspasado los límites de un predio del Ejército.
A manera de agravante, el diario también recabó testimonios en terreno, según los cuales la zona era controlada por el Clan del Golfo, que exigía pagos de hasta 400 dólares para dar permiso a grupos de cinco mineros para poder trabajar en la zona. El periódico sostuvo que, amparados en un título otorgado por el gobierno, esos mineros estaban legalizando el oro extraído de la zona, el cual era exportado y terminó llegando a manos de la Casa de la Moneda de EE. UU.
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