El último pulso de las presidenciales llega a Antioquia en medio de graves denuncias de presiones de grupos armados y de constreñimiento electoral. Las zonas rojas de conflicto son las que más preocupan a las autoridades.
Antioquia llegó a la segunda vuelta presidencial con un alto riesgo de fraude o presiones indebidas a los electores en varios territorios críticos.
Al tiempo que en múltiples municipios los grupos armados se han envalentonado, citando a reuniones y poniendo a circular mensajes intimidatorios sobre todo en las zonas rurales, en las ciudades también se han reavivado las denuncias de presiones hacia ciudadanos en entidades públicas.
La radiografía más reciente fue entregada por la Gobernación de Antioquia, que esta semana hizo presencia en varios municipios en los que se reportaron intimidaciones atribuidas a las disidencias de las Farc.
Según ya había denunciado el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, los municipios en los que la situación es más crítica son Angostura y Campamento, en donde la población civil está advirtiendo presiones del Frente 36, estructura del Estado Mayor de Bloques y Frente (Embf) que responde a las órdenes de alias Calarcá.
De acuerdo con las denuncias del mandatario seccional, los integrantes de esa subestructura no solamente están citando a reuniones a los habitantes de varias veredas para referirse al tema electoral y persuadirlos de votar por un candidato que promete continuar con ellos los diálogos de paz, sino que están profiriendo amenazas para aquellos que no acaten esos lineamientos.
“El Frente 36 de las Farc está de nuevo, abiertamente, constriñendo o pretendiendo hacerlo, a la población en municipios como Angostura y Campamento, donde están haciendo reuniones y obligando a la gente a revertir el resultado electoral de primera vuelta, so pena de atenerse a las amenazas que ellos mismos han expuesto”, sostuvo el gobernador.
Posteriormente Rendón sumó a esa lista de municipios a San Andrés de Cuerquia, también ubicado en el Norte de Antioquia y que durante los últimos años se ha convertido en el escenario de acciones terroristas por parte de las disidencias de las Farc.
“El partido de gobierno se impuso en 15 de los 125 municipios de Antioquia”, expresó Rendón en ese momento, aludiendo a los resultados de la primera vuelta.
“Cuando usted mira lo que hay detrás es de nuevo una renta criminal, llámese coca o minería ilegal, es la presencia de grupos armados organizados y es la capacidad de esos grupos armados organizados de constreñir y de, casi, decidir por los mismos ciudadanos. Eso donde ya hay un grupo armado organizado fue bastante evidente”, dijo Rendón, quien a renglón seguido recordó que durante los últimos cuatro años las disidencias de las Farc han crecido en un 70% en el territorio antioqueño y el Clan del Golfo un 60%.
A la luz de estas observaciones, Rendón advirtió que en los municipios más afectados por el accionar de esas agrupaciones es en donde están saliendo a flote los mayores riesgos de que estas presionaran a la población civil para cambiar su voto.
Las denuncias de la Gobernación de Antioquia encajan con un mapa de riesgo electoral que ya había construido desde comienzos de este año la Misión de Observación Electoral (MOE), que antes de que se realizaran las elecciones legislativas ya había advertido que el departamento era una de las zonas más críticas del país.
Además del Norte antioqueño, la MOE señaló que otras subregiones en las que se advertía un alto riesgo por cuenta de la presencia de grupos armados eran el Nordeste y el Bajo Cauca antioqueño, todas zonas en las que desde hace más de dos años las autoridades departamentales vienen pidiendo con insistencia un aumento en el pie de fuerza del Ejército y la Policía.
Si bien son estas tres subregiones las más violentas, por ser un escenario en el que las disidencias, el Clan del Golfo y el ELN libran una guerra a sangre y fuego por controlar el territorio, la MOE también advirtió que había que poner la lupa en otras subregiones como el Suroeste y el Urabá antioqueño.
En estas dos últimas el mayor factor de incertidumbre se derivaba de la presencia de estructuras en su mayoría del Clan del Golfo, agrupación que predomina militarmente y también ostenta un poder que le permite regular la movilidad de los candidatos y hasta permitir o vetar actividades políticas.
Por ejemplo, en el Suroeste antioqueño, la representante a la Cámara electa del Pacto Histórico, Verónica Estrada Holguín, denunció el pasado viernes haber recibido un impacto de un arma de fuego cuando se desplazaba en su carro entre los municipios de Betulia y Urrao.
Si bien la política no atribuyó el ataque a alguna agrupación en particular, señaló haber puesto la situación en conocimiento de las autoridades y pedido una investigación para esclarecer lo ocurrido.
En su radiografía presentada a comienzos de este año, la MOE documentó que de los 125 municipios que componen el territorio antioqueño, 18 estaban en riesgo extremo de violencia y fraude, 14 estaban en riesgo alto de esas dos problemáticas y 5 en riesgo medio.
En la lista de poblaciones en riesgo extremo se destacaban Amalfi, Anorí, Briceño, Caucasia, El Bagre, Ituango, Remedios, San Andrés de Cuerquia, Segovia, Tarazá, Toledo, Valdivia y Zaragoza.
Pese a no estar inmersos en una crisis de seguridad similar a la de los municipios más apartados, Medellín y su área metropolitana tampoco escapan al radar de preocupaciones de la MOE.
En su informe, la misión advirtió que si bien el Valle de Aburrá tenía un sistema de vigilancia electoral más robusto, era un escenario de conflicto urbano con complejidades.
“La presencia histórica de actores armados ha derivado en un control territorial barrial, estructurado mediante un complejo entramado de violencia, en el que convergen economías legales e ilegales. Este fenómeno ha facilitado relaciones imbricadas entre grupos armados organizados, sectores de la sociedad civil, actores privados, instituciones y organizaciones políticas”, recordó la MOE.
En medio de ese panorama, el organismo agregó que las conversaciones de paz que sostiene el Gobierno Nacional con varias estructuras armadas, denominadas por ambas partes como “proceso de diálogos sociojurídicos” habían propiciado un desescalamiento del conflicto, pero al mismo tiempo habían dejado un escenario de disputa política abierta por todavía estar inconcluso y no tener un marco jurídico.
“Este vacío legal mantiene latente el riesgo de una reconfiguración de acciones violentas frente a un eventual cambio de rumbo político en la presidencia que difiera del enfoque actual de la administración de Gustavo Petro. La subregión se consolida como un escenario de disputa política estratégica. Desde este territorio, liderazgos y movimientos opositores confrontan activamente las políticas del Gobierno Nacional, representando un nicho electoral crítico cuya persuasión resulta determinante para obtener victorias tanto en los comicios legislativos como en los presidenciales”, advirtió la MOE.
En las conclusiones del informe, la MOE finalmente señaló que en un departamento en conflicto armado, con intereses cruzados de diferentes grupos ilegales, era crucial que la Fuerza Pública y los diferentes organismos del Estado encargados de velar por los derechos de los ciudadanos redoblaran su presencia.
Asimismo, la MOE instó a reforzar la transparencia de todo el proceso electoral, de tal forma que los casos en los que se presente riesgo de fraude o prácticas clientelares las autoridades puedan actuar con prontitud y salvaguardar la integridad del mismo.
Con miras a aportar en ese proceso, la MOE anunció que tanto en Antioquia como en el resto del país se desplegarán 2.638 personas que fungirán como observadoras.
Este grupo tendrá presencia en 445 municipios, en los que está concentrado el 77% del potencial electoral del país, para reportar y revisar irregularidades.
Luego de emitir varias alertas la semana pasada, a comienzos de esta el gobernador de Antioquia hizo una visita de seguimiento a los municipios de Campamento y San Andrés de Cuerquia.
En su visita, Rendón hizo un llamado a la Fuerza Pública para intensificar sus esfuerzos en esos municipios, además del de Angostura, señalando que los tres eran los que más denuncias concentraban en los últimos días por constreñimiento electoral, principalmente atribuidas a las disidencias de las Farc.
“Le hemos pedido a nuestros soldados y policías, a los más de 15.000 que van a estar custodiando las elecciones, que estén atentos a garantizar este sagrado derecho que tienen todos los ciudadanos de elegir libre y democráticamente”, expresó.
Además del panorama de orden público, otro riesgo de constreñimiento latente para los comicios de este domingo consiste en presiones que estarían ejerciendo funcionarios o contratistas estatales para incidir en los resultados.
Esta semana, una de las alertas más sensibles recayó sobre el Sena en Antioquia, luego de que se hicieran públicos videos y fotografías de reuniones que se estarían realizando en los auditorios de esa entidad por sindicatos.
De igual forma, se denunciaron presiones similares que presuntamente estarían teniendo lugar en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia (Inpec), en el que, según la concejala de Medellín, Claudia Carrasquilla, una integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, estaría ofreciendo presuntos beneficios laborales a los sindicatos para que se volcaran a apoyar la candidatura de Iván Cepeda.
En un caso ocurrido en el Suroeste antioqueño, otro hombre que sería contratista de la Unidad de Restitución de Tierras también fue denunciado en la Procuraduría por aparecer en un video hablando de solicitudes de recursos a entidades para labores proselitistas.
“Ayer en la tarde estuve en la sede de campaña (del Pacto Histórico) llevando un documento-propuesta que se hizo desde acá, desde Montebello donde se pedían $15 millones. Entonces, cuando yo entregué ese documento me dicen, ‘¿Y cuántos votos tiene Montebello?’. Montebello sacó 242 votos en las parlamentarias y 610 en la primera vuelta’”, se escuchaba decir al funcionario.
“Entonces, nosotros estamos haciendo lobby ante el ministerio, ante la ministra de Agricultura –como parte de la misión de agricultura que somos– para ver también si conseguimos recursos (del Ministerio). Pero no puedo prometer nada”, agregaba en los videos, que fueron remitidos al Ministerio Público en busca de la apertura de una investigación para esclarecer si habría lugar a irregularidades.
En el caso de la denuncia del Sena, salieron a flote grabaciones en las que se escuchaba a un líder de un sindicato dándole la bienvenida a aprendices de ese instituto para entregarles un “recurso pedagógico”, que no eran más que volantes en los que se aludía a la segunda vuelta presidencial y en los que se instaba a apoyar al candidato de gobierno.
“Saludamos a los aprendices y las aprendices que están ingresando. Les estamos compartiendo un recurso pedagógico que se llama Carta al aprendiz. También tenemos Carta para el trabajador, dirigida a los compañeros vinculados o los contratistas que prestan sus servicios en esta entidad”, expresaba el vocero sindical, planteando que en caso de no continuar el gobierno del presidente Gustavo Petro se despedirían cerca de 700.000 empleados públicos y 14.000 contratistas.
Fuentes en el interior de esa entidad precisaron que la organización que estaría liderando el grueso de esa labor proselitista es Sindesena, desde donde incluso se realizan conversatorios con líderes de la campaña de Cepeda.
El Sena emitió un comunicado en el que señaló que dichas actividades no serían promovidas por la institución.
“Frente a las afirmaciones relacionadas con presuntas presiones a personal de la entidad para aportar recursos económicos o apoyar actividades políticas, la Regional Antioquia manifiesta que desconoce la ocurrencia de estos hechos y rechaza categóricamente cualquier conducta de esta naturaleza. De igual manera, adelantará las verificaciones correspondientes para establecer si existe alguna situación que deba ser objeto de revisión institucional”, agregó la entidad.
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