Desde el pasado 31 de enero, Héctor Montoya está a la deriva en una camilla del Hospital San Rafael de Itagüí. Pese a que desde hace más de un mes y medio todos los médicos que lo han examinado coinciden en la urgencia de que sea remitido a un hospital especializado –y hasta un juzgado le dio la razón en una acción de tutela– el pecado por el que aún no puede recibir atención pareciera ser solamente uno: ser afiliado a la Nueva EPS.
Paula Andrea Rua cuenta que todo arrancó a finales de enero pasado, cuando su padrastro de 70 años empezó a sentir que uno de sus pies no le daba para caminar.
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Como varios años atrás Montoya ya había sufrido un problema vascular por el que tuvo que ser operado en una aorta, la familia de inmediato se puso en alerta y pidió cita en la EPS, pero a raíz de los problemas y demoras decidieron buscar la atención de un médico particular.
“El médico particular que lo vio le mandó a hacer un examen para ver cómo estaba el tema de las venas y del pie. Ahí fue en donde nos dimos cuenta que él tiene un aneurisma en el pie y que aparte de eso ya están comprometidos no solo el derecho, sino también el izquierdo”, explicó Rua.
Tal como puede constatarse en los resultados de una tomografía computarizada de miembros inferiores y articulaciones, emitida el pasado 29 de enero, a Montoya le fueron encontrados bloqueos en arterias importantes de su pierna derecha y dificultades vasculares en su pierna izquierda.
Dado que tanto la primera cita como los exámenes los pagó la familia de su propio bolsillo, buscando saltarse las demoras que implicaría tramitarlos por la Nueva EPS, luego acudieron con los resultados a un cardiólogo conocido en otra ciudad, quien les advirtió de la importancia de que lo viera cuanto antes un cirujano cardiovascular.
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En medio de esa angustia, la familia acudió rápidamente en busca de una atención por urgencias y, tal como le ha pasado al grueso de los afiliados de la Nueva EPS en Medellín durante los últimos años, empezaron a rebotar de puerta en puerta.
En su peregrinar, el único hospital que les abrió las puertas fue el San Rafael de Itagüí, uno de los pocos públicos que sigue recibiendo a los afiliados de Nueva EPS sin importar los problemas de pago. Pese a que la entidad le habilitó una camilla y desde entonces lo cuida, el problema para Montoya es que allí no hay especialidad de cirugía cardiovascular.
Según explica Paula Andrea, desde hace mes y medio el punto muerto consiste en que, pese a que el hospital le ha pedido con insistencia a la Nueva EPS que remita a Héctor a una clínica especializada en el área cardiovascular, esta no lo ha hecho. “Desde el 31 de enero que lo recibieron hicieron la solicitud a la EPS para que hiciera el traslado a una clínica con especialista que él requiere. La Nueva EPS no nos ha respondido, ni siquiera nos llaman y nos dicen cómo va el tema”, señala.
En este punto fue que comenzó el segundo calvario para la familia de Héctor, ya que empezaron a tocar en vano la puerta de múltiples entes. Primero fue una solicitud ante la Superintendencia de Salud y luego una acción de tutela.
El pasado 20 de febrero, el Juzgado Primero de Familia de Oralidad de Itagüí emitió un fallo en el que, además de proteger el derecho a la salud de Héctor Montoya, le ordenó a la gerencia regional noroccidental de la Nueva EPS autorizar en menos de 48 horas su remisión a una clínica con especialista en cirugía vascular, teniendo en cuenta que los médicos que lo habían atendido ya lo habían ordenado.
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“Exhortar a la Nueva EPS para que se abstengan de negar o dilatar injustificadamente la autorización de los servicios que requiera Héctor de Jesús Montoya y que hayan sido debidamente ordenados por el médico tratante, garantizando siempre la continuidad de su tratamiento”, dispuso el juez.
A pesar de la claridad del fallo, las 48 horas pasaron y la remisión no llegó, por lo que el pasado 6 de marzo la familia volvió a acudir a los juzgados para solicitar la apertura de un incidente por desacato y tampoco así la remisión se había realizado.
El caso de Montoya no es aislado. Según han documentado entes de control como la Personería de Medellín, tan solo durante el primer mes y medio de este año, en Medellín ya se habían interpuesto 1.170 acciones de tutela por presuntas vulneraciones al derecho a la salud, 390 de ellas dirigidas a la Nueva EPS.
De igual forma, el organismo señaló que en contra de esa misma promotora aparecían relacionados 133 incidentes por desacato. “Preocupa que tantos casos se encuentren en fase de incidente de desacato, lo que indica dificultades en el cumplimiento oportuno de fallos judiciales y decisiones constitucionales previamente emitidas”, expresó entonces la Personería.
Para conocer su versión sobre este caso, EL COLOMBIANO consultó con la Nueva EPS, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.
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