Luego de avalar los elementos materiales probatorios presentados por la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en su lugar de domicilio en contra de los patrulleros de la policía Nacional Jhon Edison Ramírez Cardona y Diego Alejandro Sánchez Giraldo, por su presunta responsabilidad en el delito de concusión.
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De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Seccional Medellín, el 4 de febrero de 2024 en el barrio Santa María de Itagüí (Antioquia), los dos uniformados le habrían exigido la suma de $2 millones al propietario de un vehículo particular a cambio de inmovilizarle el automotor en el que se movilizaba.
Las labores de policía judicial evidenciaron que los patrulleros le manifestaron a la víctima que el carro estaba involucrado en un supuesto hurto y le habrían insinuado la posibilidad de ser capturada por el delito de receptación.
Se estableció además que, ese día, un familiar del conductor habría consignado el dinero exigido a una cuenta bancaria del padrastro del patrullero Sánchez Giraldo, quien minutos después le transfirió la suma de 1.800.000 a su hijastro, recursos que posteriormente fueron retirados por el uniformado de un cajero electrónico del mismo municipio.
Los dos procesados fueron capturados por servidores de la Sijín de la Policía Nacional y durante las audiencias concentradas no se aceptaron los cargos imputados.
Más policías señalados de corrupción
El pasado mes de septiembre, cuatro policías activos y un integrante de esta institución retirado fueron capturados como presuntos responsables de realizar extorsiones a comerciantes del sector de El Hueco, en el centro de Medellín.
Las aprehensiones de los uniformados y el exuniformado ocurrieron en las ciudades de Medellín, Cúcuta, Bucaramanga, Puerto Tejada y Chigorodó, y las habrían efectuado miembros de la misma institución policial, según informó el propio ministro de Defensa, Pedro Sánchez.
También, de acuerdo con el informe del ministro Sánchez en su cuenta de X, “las investigaciones evidenciaron que estos funcionarios exigían entre 5 y 40 millones a comerciantes del sector El Hueco de Medellín”.
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La oferta de los agentes era favorecer a los comerciantes que presumiblemente ingresaban mercancía de contrabando mediante omisión de controles y manipulando los circuitos cerrados de televisión para borrar sus rastros.
Al parecer, el comportamiento de los ingresos de los policiales presuntamente corruptos habría delatado su comportamiento irregular, pues un peritaje realizado tras el inicio de las indagaciones al respecto desarrolló un incremento patrimonial injustificado de entre 100 y 120 millones de pesos en el año 2022.
Fuera de eso, también de acuerdo con el general Sánchez, la expolicía capturada habría estado en Emiratos Árabes Unidos favoreciendo las actividades de contrabando.
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