El proceso sancionatorio que hace una semana el gobierno del presidente Gustavo Petro le abrió a Hidroituango tiene, para muchos expertos, un sabor a persecución.
Luego de una intensa andanada de acusaciones que ha durado más de dos meses, en la que el primer mandatario responsabilizó a esa central de las inundaciones ocurridas en departamentos como Córdoba, Sucre, Chocó y Bolívar –aseverando sin pruebas que las mismas serían culpa de un supuesto sobreembalsamiento de la central– la ministra encargada de Ambiente y directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), Irene Vélez, terminó siendo la punta de la lanza de una investigación que podría derivar en sanciones.
Pese a que el anuncio de la funcionaria generó fuerte controversia, e incluso animó a los opositores del proyecto a insistir en desmontarlo, los hechos sujetos de investigación por parte la Anla han generado desconcierto entre conocedores de la central.
Y es que, además de que en la zona de influencia del proyecto no se ha registrado ninguna emergencia por inundaciones, ni el año pasado ni en las lluvias del frente frío, de la información que ha hecho pública la Anla se interpreta para muchos que la entidad estaría enfilando sus baterías para reprender al proyecto, no por generar inundaciones, sino precisamente por evitarlas.
La explicación más completa de los señalamientos en contra de Hidroituango, de los que EPM ya fue notificada, los informó la Anla a través de un comunicado de prensa, en el que anticipó que sus pesquisas y revisiones se estaban centrando en tres puntos principales.
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En una entrevista en la emisora Caracol Radio, Vélez también explicó de forma general dichos ítems.
“El primero tiene que ver con no haber controlado adecuadamente el caudal que se libera aguas abajo del embalse y eso entonces tendría una presunta afectación. Por otro lado, y en relación también con este primer elemento, estamos hablando de que una de las reglas de operación de Hidroituango es que tiene que liberar aguas abajo el mismo caudal que se referencia en la estación Olaya, que está arriba de la represa, y hemos encontrado presuntas fallas”, aseguró la funcionaria.
“Y finalmente, un elemento que para mí es de la máxima relevancia ambiental, es que durante el último año, incluyendo el mes de marzo y todo el mes de febrero de 2026, se encontró que hubo una elevación de la cota –altura sobre el nivel del mar– entre la 408 y la 409”, apuntó, en medio de la entrevista, en la que aludió con insistencia a la emergencia que vivió el proyecto en 2018 y lo desacreditó como la central más sancionada en Colombia durante los últimos diez años.
Aquí es donde la explicación oficial despierta suspicacias, por mostrarse opuesta a los señalamientos que venía ambientando el presidente Gustavo Petro.
El primer giro importante tiene que ver con el control de los caudales, que, contrario a lo afirmado por el presidente, han variado precisamente en función de evitar inundaciones en eventos de crecientes extremas.
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Una fecha crítica que hace parte del expediente de la Anla se remonta no solo al reciente frente frío, sino a abril de 2025. Según información hecha pública por EPM, el pasado 11 de abril de 2025 se presentó una creciente en el Cauca, en la que dicho río tuvo niveles de hasta 5.000 metros cúbicos por segundo (m³/s) a la altura de Bolombolo, generando fuertes inundaciones en ese corregimiento del municipio de Venecia.
Buscando evitar una situación similar, EPM decidió utilizar a Hidroituango como una barrera de contención y, en vez de liberar los mismos 5.000 m³/s, solo liberó 3.000 m³/s a través del vertedero y las descargas de las unidades de generación del complejo que ya están operativas.
Por esta razón, entre los conocedores del proyecto llama la atención que la Anla esté aludiendo a esas medidas para evitar emergencias con suspicacias.
En cuanto a las cotas de operación, EPM también ya había señalado que, pese a que la represa tiene una altura que llega hasta la cota 420 sobre el nivel del mar, esa capacidad nunca se ha utilizado, por no tener permiso en su licencia ambiental. La misma compañía ha afirmado públicamente que dicho embalse se ha mantenido en niveles entre la cota 408 y 409, y es precisamente de ese metro de diferencia que la Anla está asegurando que se estaría incumpliendo la norma.
En lo que en términos prácticos constituirían 60 centímetros de diferencia entre el nivel del agua y la vegetación de la zona, la Anla lo presentó a la opinión pública como una afectación de casi 60 hectáreas y que habría generado afectaciones severas a la fauna y a la flora de la región.
Aunque en sus declaraciones públicas Vélez aseveró que el proceso sancionatorio no podría considerarse “una retaliación”, entre conocedores del proyecto no se explican cómo la central ahora terminó en un escenario en el que tendrá que rendir explicaciones a las autoridades por evitar un desastre ambiental aguas abajo del proyecto como si se tratara de un pecado.
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