Desde la corrupción en la UNGRD hasta el caso de las niñas envenenadas con talio, la Fiscalía aceleró en diez días procesos que llevaban meses en silencio.
¿Y eso qué fue? El repentino despegue de al menos cuatro procesos en la Fiscalía se convirtió en la comidilla de la semana, desplazando del foco el escándalo por los presuntos vínculos de alias ‘Calarcá’ con el Ejército y organismos de inteligencia. La coincidencia no pasó inadvertida. Justo cuando la filtración de los archivos de ‘Calarcá’ sacudió al país, una ola de movimientos judiciales reordenó la agenda pública.
La sorpresa no es menor. La Fiscalía dirigida por Luz Adriana Camargo venía cargando con cuestionamientos por la lentitud en investigaciones de alto impacto, una crítica instalada tanto en lo judicial como en lo político. Por eso llamó aún más la atención que, en menos de dos semanas, la entidad moviera expedientes abultados, destrabara procesos que llevaban meses quietos y desempolvara casos que, por la cantidad de material probatorio, deberían mostrar avances significativos.
Entre los expedientes que volvieron al primer plano están el escándalo de corrupción en la UNGRD, el proceso por el magnicidio del senador Miguel Uribe, la investigación por la muerte de dos niñas envenenadas con talio, y la reactivación de un viejo caso contra Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol.
El 24 de noviembre, Noticias Caracol publicó la investigación “Archivos secretos de ‘Calarcá’”, revelando cómo el comandante de una disidencia de las Farc, en pleno proceso de paz con el Gobierno, habría logrado infiltrar el Ejército y otros organismos estatales para obtener información clave utilizada en actividades criminales.
El escándalo fue inmediato. Y la Fiscalía quedó bajo fuego. El informe reveló que la entidad conocía desde hacía un año la posible infiltración de las disidencias en el Estado, sin ninguna reacción, al menos pública.
La Fiscalía adelantó una diligencia de inspección en el Comando de Personal del Ejército (COPER) y en la sede de Indumil, en medio de la investigación por las presuntas filtraciones del frente 36, lideradas por alias ‘Calarcá’. La actuación, ordenada por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, busca establecer si desde estas dependencias se produjo algún tipo de fuga de datos sensibles que hayan terminado en manos del grupo armado.
Las inspecciones tienen como punto de partida el análisis de los dispositivos electrónicos incautados al anillo de seguridad de ‘Calarcá’ en julio de 2024.
Dos días después de ese terremoto mediático, la Fiscalía reactivó la investigación por corrupción en la UNGRD. El 26 de noviembre anunció que imputaría cargos y solicitaría medida de aseguramiento contra los exministros Luis Fernando Velasco (Interior) y Ricardo Bonilla (Hacienda).
Las diligencias se llevaron a cabo el 1° de diciembre. Ambos exfuncionarios habían sido señalados repetidamente dentro del expediente, y durante la imputación la Fiscalía afirmó que habrían sido los cerebros detrás de presuntos sobornos entregados a congresistas a cambio de apoyo a las reformas del Gobierno.
Los delitos imputados fueron concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. Los dos se declararon inocentes.
Un detalle que llamó la atención fue que, en este caso, la Fiscalía solicitó para ellos detención domiciliaria, a diferencia de los más de diez procesados del mismo proceso, para quienes pidió medidas más severas. La decisión final quedará en manos del Tribunal la próxima semana.
Apenas un día después, el 27 de noviembre, la Fiscalía radicó la acusación contra Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE y uno de los supuestos protagonistas del entramado de la UNGRD.
González, prófugo y presuntamente refugiado en Nicaragua, fue acusado como posible responsable de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos.
La actividad no se detuvo. Para el 1° de diciembre, la Fiscalía anunció el llamado a juicio de William Fernando González Cruz, alias El Hermano, señalado de coordinar el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay.
Según la investigación, participó en reuniones de planeación del atentado junto a alias El Costeño y el día del ataque habría permanecido en un vehículo cerca del parque El Golfito para facilitar la huida de otros involucrados hacia un local en el barrio Santa Fe. Por este crimen ya han sido capturadas al menos nueve personas, incluido el menor de 15 años que disparó contra el senador.
La Fiscalía activó un proceso especialmente sensible: la muerte de dos niñas en Bogotá por ingerir frambuesas envenenadas con talio.
El ente acusador tramitó ante Interpol una circular roja para ubicar y detener a Zulma Guzmán, principal sospechosa del doble homicidio. La mujer, quien se presentaba como emprendedora en áreas relacionadas con la tecnología, la vivienda y los vehículos eléctricos, misteriosamente salió del país unas horas después de enviar las frambuesas a la vivienda. Desde entonces permanece en el exterior y afirma que todo se trata de ‘chismes’. Al parecer era cercana al padre de una de las niñas fallecidas.
Finalmente, el 5 de diciembre, la Fiscalía citó al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, para rendir interrogatorio sobre la compra de un penthouse en Bogotá adquirido a través de una empresa vinculada al empresario de hidrocarburos Serafino Iácono. La diligencia quedó programada para el próximo miércoles 10 de diciembre en la mañana.
La investigación busca establecer si la transacción fue una operación privada sin irregularidades o si pudo estar asociada a compromisos o beneficios relacionados con futuros contratos de Ecopetrol. Un punto clave es determinar si la compra, realizada antes de que Roa asumiera la Presidencia de la compañía, tuvo alguna conexión con decisiones contractuales posteriores dentro de la petrolera estatal.
Lo claro, por ahora, es que el remezón apenas comienza y que cada uno de estos procesos, por corrupción, homicidio e infiltración, seguirá marcando la agenda nacional en las próximas semanas.
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