La Sala Plena volvió a aplazar la votación sobre la ponencia que pide sancionar la campaña presidencial de Gustavo Petro por presunta violación de topes electorales, tras una nueva recusación contra el magistrado Álvaro Hernán Prada.
Si bien este miércoles se tenía previsto que la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) se reuniera para votar la ponencia que pide sancionar a la campaña del hoy presidente Gustavo Petro por presunta violación de topes electorales, la discusión una vez más quedó en veremos.
¿La razón? Al alto tribunal llegó una nueva recusación en contra del magistrado Álvaro Hernán Prada, uno de los autores de la ponencia que pide sancionar al jefe de Estado por presunta violación de topes en más de $5.300 millones.
En el documento, radicado por dos ciudadanas identificadas como Flor María Parra e Isabel Durán López, se reclama que Prada –otrora congresista del Centro Democrático– enfrenta un proceso penal en la Corte Suprema de Justicia por presunta manipulación de testigos en favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez, “lo cual compromete su imparcialidad”.
Por razones similares, a mediados de septiembre se aplazó la votación de la ponencia, realizada por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, quienes señalan que durante la campaña presidencial del Pacto Histórico se habrían gastado cifras superiores a las permitidas por la ley en primera y en segunda vuelta, celebradas el 29 de mayo y el 19 de junio de 2022.
El proyecto de resolución del CNE plantearía una sanción administrativa y económica al actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien fue el gerente de la campaña del presidente de la República, así como contra otros directivos de esa campaña.
Una sanción en ese mismo sentido se plantea imponerle a los partidos políticos Colombia Humana y Unión Patriótica, que obligarían a pagar altas sumas de dinero y devolver recursos a modo de multa. Aun así, el documento no propone pérdida de personería jurídica a esas organizaciones.
La ponencia de Ortiz y Prada —que plantea que la multa contra Roa podría ascender a los $4.000 millones— se pondrá a consideración de la Sala Plena de CNE, que está integrada por 10 magistrados (uno de ellos con voz, pero sin voto).
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Vale recordar que desde octubre de 2024 ese tribunal abrió formalmente investigación por las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña que llevó a Petro a la Presidencia a raíz de $5.300 millones que no habrían sido reportados en los gastos de campaña.
Esa suma correspondería a $3.700 millones de la primera vuelta, en los que se incluían contribuciones no registradas debidamente en los informes; así como $1.600 millones de la segunda vuelta, que provinieron de un contrato con la empresa de aviación SADI, que proporcionó servicios a Colombia Humana para el final de la campaña.
Es la primera vez que una investigación por violación de topes llega a este punto de tener una ponencia que será puesta a discusión de la Sala Plena. En anteriores indagaciones contra las campañas de jefes de Estado en ejercicio fueron archivadas después de su apertura.
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