La Corte Suprema avanza en una investigación contra el congresista Carlos Alberto Carreño (Partido Comunes) por presuntamente exigir cuotas salariales a su equipo para gastos personales y del partido. Excolaboradores lo acusan de amenazas, abusos laborales y desvío de fondos desde su Unidad de Trabajo Legislativo.
Pasado casi un año desde que se filtraron audios y facturas que evidenciarían los pagos irregulares que el representante Carlos Alberto Carreño (Partido Comunes) presuntamente cobraba a los miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), se conoció que la Corte Suprema de Justicia avanza en las investigaciones y próximamente podría dictar medida de aseguramiento en contra del congresista.
Así lo reveló la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, que pudo acceder a los testimonios e indagaciones que ha adelantado el alto tribunal contra Carreño, conocido en la antigua guerrilla de las Farc como ‘Sergio Marín’.
La investigación señala que, al parecer, el congresista cobraba entre $150.000 y $3’640.000 a los integrantes de su UTL, así como a colaboradores y hasta conductores. Si bien los testimonios indican que el congresista hacía pasar esos dineros como un aporte para el partido Comunes –pese a que la ley prohíbe que funcionarios realicen aportes a colectividades–, hay registro de que con esos recursos presuntamente se pagaron gastos personales de Carreño, como ropa, hoteles y hasta sus estudios profesionales.
Uno de los testimonios clave es el de Irene Amado, quien fuera asistente del congresista y quien llegó a integrar su equipo de trabajo dada su cercanía familiar con la también parlamentaria Griselda Lobo, alias ‘Sandra Ramírez’, viuda del fundador de las antiguas Farc, alias ‘Tirofijo’.
“Fue una orden directa de Carlos Alberto Carreño desde el inicio. Y él jamás llegó a decirnos: ‘Ustedes están de acuerdo en que...’, no, eso no fue así, tanto que las personas que no aportaban tenían diferencias con el representante. Tenían un llamado de atención”, relató Lobo, quien logró hacer una matriz en la que llevaba el detalle de los pagos.
Según la exfuncionaria, el congresista exigía una cuota mensual a sus colaboradores fruto de sus salarios con porcentajes que variaban según lo que recibía cada uno. Por ejemplo, a una de sus asesoras que ganaba $8 millones le exigía una cuota de hasta $3’640.000. Es decir, casi la mitad de su salario.
Irene Amado –quien tuvo que exiliarse en Estados Unidos debido a amenazas por denunciar lo ocurrido–, detalló que Carreño le decía: “Aquí estos contratos son contratos de libre nombramiento y remoción. Yo los puedo sacar en el momento que sea”. La exfuncionaria explicó que el congresista hacía pagar los pagos como un “recaudo, (dijo) que nos iba a pedir cuota del salario a cada uno y que esos dineros se iban a destinar como en beneficio de lo que hacía el partido por las personas”.
“Él se echaba la plata al bolsillo, diciéndolo coloquialmente. Lo que yo le entregué, lo vi con mis propios ojos cuando se lo guardaba”, narró por su parte Ricardo Vargas, otro de los asesores de Carreño, quien aseguró que durante su paso por la UTL debió entregar recursos por cerca de $10 millones.
Como mano derecha del representante Carlos Alberto Carreño, Irene Amado le mostró a la Corte cómo se usaban los recursos que recogía de los salarios de sus colaboradores. En esa línea, dio cuenta de la compra de camisas para la campaña del congresista, así como pagos mensuales para una membresía en la cadena de hoteles Decameron y hasta pagos de hasta $1’986.000 que tenían como destino “universidad intersemestral SM”, como siglas de ‘Sergio Marín’.
En la contabilidad que llevaba la exfuncionaria también se evidencian giros con los dineros con destino directo a Carreño bajo el rubro de gastos de campaña. Uno de los pagos, por $2’300.000, se hizo en medio de las elecciones regionales de 2019 y, de acuerdo con Amado, el propio representante argumentó que era “para la campaña”.
Incluso, la denuncia contra Carreño muestra que, sumado a los presuntos cobros irregulares, el congresista presuntamente obligaba a sus colaboradores a hacerle trabajos de la universidad. “Nosotros cargábamos con toda la responsabilidad de la universidad. Eso nos acarreaba bastante trabajo porque era ver una carrera”, detalló Amado, reclamando que fue necesario que entre los funcionarios se dividieran las materias, ya que “Sergio quería matricular todo, ver la mayor cantidad de materias, lo máximo permitido”.
Irene Amado señaló que durante un tiempo hizo parte de una comisión de finanzas dentro del partido Comunes y allí conoció a Victoria Nariño, conocida como Marilyn Millán, quien durante 15 años hizo parte del Bloque Oriental de las antiguas Farc. Según Amado, Nariño era la encargada de manejar los recursos que presuntamente se captaban de forma irregular con destino a la colectividad. Al parecer, la plata se destinaría “en beneficio de lo que hacía el partido por las personas”, según la exfuncionaria.
“En esa comisión de finanzas rotaron varias personas: estuvo Victoria Nariño. Ella era la persona a la que yo inicialmente le entregué por algunos meses. Lo que hacía era que organizaba como un documento porque tenía la orden de que no quedaran como soportes de esos pagos”, explicó la mujer a la Corte, indicando que esa orden era de Carreño. “Él, creo que muy dentro de sí, sabía que no era correcto”.
Pese a los señalamientos, algunos de los excolaboradores de Carreño salieron en defensa del congresista y, si bien reconocieron que sí dieron parte de su salario, aseguraron que lo hicieron en su calidad de militantes y de forma voluntaria.
“Yo lo hacía de una lógica muy natural, (como) parte del ADN de la militancia propia”, señaló Diego Méndez, uno de los funcionarios.
“Estábamos en campaña. Yo lo dije desde el primer momento. En campaña yo siempre he donado al partido Comunes plata donde milito. Incluso, estando fuera de campaña”, explicó a su turno Laura Molano, otra de las integrantes de la UTL.
Sin embargo, una vez se conocieron las denuncias en agosto de 2024, Irene Amado manifestó que el congresista reunió al equipo de trabajo y lo amenazó si se conocían las presuntas irregularidades. “Él nos amenazó y nos dijo que si eso salía a la luz, que si seguían las acusaciones contra él, (...) que si él tenía que ir a la cárcel, que él se volvía peor allá y que él salía y que se llevaba por delante al que fuera. Y que él sabía dónde vivían nuestras familias”.
El propio Carreño fue llamado a declarar por parte de la Corte; no obstante, guardó silencio. Su abogado le dijo a Noticias Caracol que nunca hubo exigencia de dinero y que detrás de los señalamientos figuran tres de sus extrabajadores con quienes habría tenido diferencias laborales.
Los testimonios indican que Carreño, desde que fue designado congresista en 2018 a expensas del Acuerdo de Paz, orquestó el sistema de pagos y trató de encubrirlos como aportes al movimiento político Comunes, nacido justamente de los diálogos de paz. “Él siempre le puso el mote o el manto de que eran aportes al partido, pero todos en cierta forma sabíamos que no estaba bien hecho solicitar ese tipo de aportes”, narró un testigo en 2024.
El caso quedó al descubierto en abril de 2023, cuando directamente a Carreño y a otros miembros de la bancada de Comunes les llegó un derecho de petición anónimo en el que el reclamante preguntaba si el congresista “ha solicitado en algún momento cuotas o porcentajes de su salario a algunos de los trabajadores de su UTL”.
“En una reunión que duró cerca de 40 minutos, el representante gritó, insultó y amenazó a sus trabajadores. Les recordó que conocía muy bien sus actividades y las de sus familias y que no lo obligarán a mostrar la peor versión de él. Fue una amenaza contra sus vidas. El tono intimidante de la reunión fue con la intención de cortar de raíz la posibilidad que saliera cualquier información adicional sobre el tema de los aportes obligatorios”, determinó la investigación divulgada en su momento por Blu Radio.
Incluso, la emisora conoció una grabación en la que el propio congresista asegura que contratará a una persona que identifica como “Wilson” en una comisión del Congreso y que le exigirá “pasar $1’000.000, $1’200.000” de un salario base de $5’000.000. Además, en medio de una discusión con uno de sus trabajadores sobre el tema de los aportes mensuales se le escucha decir a Carreño: “Yo no peleo por plata, pero si tú me respondes por la deuda”.
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